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La Sala Plena del Consejo de Estado se pronunció este jueves frente al proyecto de Reforma de Equilibrio de Poderes que cursa en el Congreso, asegurando que es “insuficiente” para la justicia, ya que no plantea soluciones a problemas esenciales de la Rama como el presupuesto, la descongestión, mayor acceso, seguridad jurídica, entre otros, por lo que resulta “inconveniente”.
“El proyecto de reforma es una iniciativa reactiva y coyuntural que pretende ofrecer respuestas a la opinión frente a situaciones críticas ocurridas en los últimos meses, lo que genera que las distintas soluciones que se proponen no hayan sido suficientemente sustentadas y analizadas. La experiencia indica que las reformas de coyuntura no resultan convenientes, en tanto pueden ser el resultado de la improvisación”, resaltó la Sala.
Además, señaló que “afecta de manera significativa la estructura establecida por el Constituyente de 1991, lo que podría implicar una sustitución a la Constitución. Además, no guarda una unidad de materia, puesto que mezcla asuntos estrictamente políticos de carácter electoral o partidista con una reforma en la estructura y organización de la justicia”.
En un comunicado de 12 puntos, el Consejo de Estado aseguró que apoya la idea de eliminar las funciones electorales de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, pero “observa con gran preocupación la forma como se asumen dichas competencias por las otras ramas del Poder Público, lo cual podría generar una concentración y un desequilibrio de poderes”.
También se mostró de acuerdo con que los magistrados de las Cortes tengan un juez independiente, imparcial y eficaz, pero considera que la Comisión de Aforados “no cambia en nada el sistema actual, puesto que jueces de naturaleza política (Congresistas), van a juzgar causas comunes y netamente jurídicas, como sucede hoy en día, lo que ha sido en parte una de las tantas razones de la crisis del juzgamiento de los actuales aforados”.
Así mismo, rechazó la posibilidad de que sea el Ejecutivo el que asuma la potestad de nombrar a los jueces disciplinarios de las Altas Cortes -así sea por primera vez-, pues que esto “no constituye una forma democrática normal ni natural de empezar el nuevo régimen disciplinario”.
La Sala apoyó una reforma radical del Consejo de Superior de la Judicatura, pero no compartió la estructura propuesta desde la perspectiva de eficiencia y eficacia que se persigue. Además, estimó saludable la precisión que se propone al artículo 126 de la Carta Política, con la cual se recoge la jurisprudencia del Consejo de Estado en el sentido de censurar la nociva práctica denominada “yo te elijo tú me eliges”.
Además, respaldó las propuestas encaminadas a reforzar los requisitos de acceso de quienes ostentan la dignidad de impartir justicia, las inhabilidades y restricciones que eleven su condición moral y su forma de elección.
El Consejo de Estado se mostró en desacuerdo con las medidas tendientes a imponer límites temporales a la competencia que tiene la corporación para la elección de sus integrantes, “por cuanto estima que vulnera la independencia y autonomía de la Rama Judicial y trastoca el funcionamiento interno de las Altas Cortes.
“Para una real y efectiva autonomía e independencia de la Rama Judicial se requiere una disposición constitucional que establezca un porcentaje mínimo de participación en el presupuesto general de la Nación no inferior al 5% y diferente del asignado a la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con los estándares internacionales y rechaza las medidas de todo orden tendiente a limitar la ejecución del presupuesto asignado a la Rama Judicial”, señaló la Sala.
Finalmente, “el Consejo de Estado propone crear una Misión Justicia para que elabore un proyecto integral de reforma constitucional que contemple los aspectos profundos de la Justicia en Colombia”.