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Relevan a 20 militares y retiran a cinco por casos Andrómeda y hacker Andrés Sepúlveda

  • El vicealmirante César Augusto Narváez, inspector de las Fuerzas Militares, confirmó este viernes que fueron relevados de sus cargos 20 militares y retirados cinco. FOTO COLPRENSA
    El vicealmirante César Augusto Narváez, inspector de las Fuerzas Militares, confirmó este viernes que fueron relevados de sus cargos 20 militares y retirados cinco. FOTO COLPRENSA
23 de enero de 2015
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El vicealmirante César Augusto Narváez, inspector de las Fuerzas Militares, confirmó este viernes que fueron relevados de sus cargos 20 uniformados del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía Nacional y retirados cinco vinculados a los escándalos de la oficina inteligencia de Andrómeda y el hacker Andrés Sepúlveda, procesado por espionaje e intento de sabotear el proceso de paz.

“Se encontraron fallas de seguridad, evidenciando indisciplina y falta de control del personal que visitaba la dependencia. Se presentaron errores de procedimiento y seguridad con el manejo de documentación clasificada en caso Andrés Sepulveda. Se observó falta de control y supervisión en la cadena de mando directa frente al caso Andrés Sepulveda. No se tenía control sobre las actividades realizadas por el personal militar y civil ajeno a la Operación Andrómeda”, indicó Narváez.

Según el alto oficial no se realizó un detallado estudio de seguridad del personal para la selección de agentes que integraron la operación. Así mismo, indicó que no se informó inmediatamente al mando superior de la diligencia de allanamiento y registro que efectuó el CTI a la fachada de Andrómeda.

Se ratifica que el desarrollo de la Operación Andrómeda estuvo dentro del marco legal, el cual se refiere a fachada e historia ficticia. El funcionamiento de Operación Andrómeda estaba soportado en órdenes de operaciones emitidas legalmente por la cadena de mando”, agregó Narváez.

El alto oficial reconoció que hubo problemas en la Central de Inteligencia Técnica (Citec) y en la Policía Judicial de la Policía Metropolitana de Bogotá. “Se evidenció que al parecer algunos funcionarios Fuerza Pública, de manera individual, manejaron de forma irregular información clasificada. Existe la presunta participación de 2 suboficiales del Ejército y un patrullero de la Policía en la entrega de información clasificada”, indicó. Y agregó que la Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra estos.

Así mismo, indicó que realizadas las auditorias por parte de la Comisión Especializada no se han encontrado los correos de los negociadores ni de las centrales de inteligencia, pero si “debilidades de control y auditoria” por parte de la cadena de mando. “Frente al caso de la supuesta lista de inteligencia militar la comisión delegada no encontró evidencia de los citados correos electrónicos”, sostuvo Narváez.

“De manera voluntaria se hicieron 268 pruebas de confiabilidad, 8 pruebas de polígrafo. Se ordenó relevar a 20 militares, 10 oficiales, 8 suboficiales, un patrullero y un funcionario no uniformado. Se decidió retirar a 5 miembros de la fuerza pública: 3 oficiales, 1 suboficiales y un patrullero y se podrán dar otras retiros según curso investigaciones. Al personal relevado de su cargo se le excluyó, además, del arma de inteligencia en los respectivos casos. Y se iniciaron 6 investigaciones disciplinarias: 4 por el caso del ‘hacker’ Sepúlveda y dos por Andrómeda contra 11 funcionarios de la fuerza pública”, indicó Narváez.

Así mismo, el alto oficial afirmó que se está prestando apoyo a las investigaciones penales de la Fiscalía y las disciplinarias en la Procuraduría.

Narváez agregó que el comité de alto nivel recomendó al Ministerio de Defensa y a los comandantes de las Fuerzas Armadas fortalecer el control, activar una unidad para examinar la contrainteligencia e inteligencia, un comité encubierto en cada unidad de inteligencia, una unidad de ciberdefensa, una escuela de contrainteligencia y un software de encriptación.

El vicealmirante Narváez presentó además los documentos con las recomendaciones para que no se repitan casos como Andrómeda y hacker Sepúlveda y agregó que “no existen politicas u órdenes que estén en contra de los derechos fundamentales de los colombianos”. concluyó Narváez.

Caso Andrómeda

De acuerdo con Narváez, en el caso Andrómeda, se encontraron fallas de seguridad, que dejaron en evidencia indisciplina y falta de control del personal que visitaba la dependencia.

No se tenía control sobre las actividades realizadas por el personal militar y civil ajeno a la operación ‘Andrómeda’. Muchas de ellas que ingresaban, tenían un alto conocimiento y capacidades a nivel informático, sin embargo, trabajaban sin supervisión alguna.

En la fachada de ‘Andrómeda’ no se aplicó el principio del secreto, establecido por la inteligencia militar para este tipo de actividades.

No se informó de manera inmediata el mando al mando superior de la diligencia de allanamiento y registro que efectuó el CTI a la fachada ‘Buggly Hacker’ el día 23 de enero de 2014.

Caso hacker Sepúlveda

Según el inspector general, se realizaron auditorías internas en el Ejército y la Policía Nacional, evidenciando que algunos de los funcionarios de la Fuerza Pública de manera personal manejaron de forma irregular información clasificada directa o indirecta al hacker Andrés Sepúlveda, por lo que la Fiscalía General de la Nación les dictó medida de aseguramiento.

Por otro lado, el alto oficial aseguró que se presentaron errores de procedimiento y de seguridad con el manejo de la documentación clasificada y gestión documental, observando así la falta de control y supervisión en la cadena de mando directa.

Caso documentos secretos

Narváez, indicó también que a pesar de las diferentes auditorías realizadas a la fecha no se ha encontrado evidencia de los citados listados de correos electrónicos en las Fuerzas Militares de Colombia, sin embargo, encontraron debilidades de control en algunas dependencias en lo referente a procesos de seguridad informática y gestión documental.

Para concluir, el comité de inspectores hizo una serie de recomendaciones al Ministro de Defensa y los comandantes de las Fuerzas Armadas de Colombia, con el fin de que se fortalezca el control, verificación, aplicación y seguimiento a las políticas en materia de seguridad de la información para el sector defensa.

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