¿Se puso la confianza en el periodista a tiro de un juez?

  • ilustración Esteban parís
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Publicado el 13 de enero de 2018
en definitiva

El fallo de la Corte que ordena revelar identidades de fuentes periodísticas reservadas genera incertidumbre dentro del ejercicio serio de investigación del oficio en Colombia.

Como un baldado de agua fría sobre el ejercicio del periodismo es considerado el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que le da la razón al Tribunal Superior de Bogotá en su exigencia a Publicaciones Semana para que entregue el material confidencial de una investigación que involucra a la exviceministra de Aguas del Ministerio de Ambiente del Gobierno de Álvaro Uribe, Leyla Rojas Moreno.

El fallo responde a una batalla en los estrados entre Rojas Moreno y Semana, en la que la exministra pide conocer las fuentes, que bajo reserva del trabajo periodístico de la revista Dinero, la acusan de irregularidades contractuales y de mantener relaciones cuestionables con políticos cuando era funcionaria de la empresa carbonera CCX Colombia, propiedad del multimillonario brasileño Eike Batista.

El argumento que el Tribunal falló a favor de la exfuncionaria, que luego fue respaldado por la Corte, habla de que si bien el periodismo es una actividad protegida por la Constitución, “no puede entenderse absoluta, pues impone a quienes la ejercen unos deberes de imparcialidad y certeza”.

Agrega que tal condición no implica “arrasar con derechos individuales”.

Aunque el asunto no es cosa juzgada y le quedan aún recursos a Publicaciones Semana para impedir esta imposición, la consideración del alto tribunal podría minar a futuro el control de los medios a la función pública, pues el miedo a denunciar impediría conseguir información clave, que suele ser peligrosa para quien la revela.

Cabe recordar que los grandes escándalos recientes del país se han podido conocer por cuenta de involucrados que piden anonimato, por no hablar del más famoso: el caso Watergate en Estados Unidos, cuya fuente permaneció en las sombras por más de medio siglo.

Un golpe a la confianza

La Asociación Colombiana de Medios de Información (Ami), que agrupa 35 publicaciones de todo el país, consideró “nefasta” la decisión de la Corte de no amparar el derecho a la reserva de la fuente y al secreto profesional en el oficio.

De la misma forma, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) consideró como una “amenaza” este fallo. Más allá de las implicaciones legales, la Flip afirmó que agregar el factor de temor de un agente externo (como un juez) a la relación periodista-fuente es un hecho muy grave.

“Esto rompe la posibilidad y el deber del periodista de proteger a su fuente. Si un juez obliga a revelar las identidades de los que denuncian, se afecta la confianza en estas relaciones que son claves para el periodismo de investigación”, explicó Pedro Vaca, director ejecutivo de la Flip.

Agregó que este tema no es solo de interés para los periodistas, sino para todos los ciudadanos, “porque es un problema de acceso a la información. Las fuentes reservadas permiten que el ciudadano tenga un acceso a datos y hechos que de otra manera no se podrían conocer, como en casos de corrupción”.

Las vías que quedan

Al tratarse de un fallo de tutela proferido por la Corte Suprema de Justicia en primera instancia, le corresponde una impugnación que puede ser tramitada ante este mismo tribunal, pero que tendrá distintos jueces.

Así lo explicó Kenneth Burbano Villamarín, director del Observatorio Constitucional de la U. Libre, que advirtió que “no se trata de una censura”.

“Aquí se está resolviendo una acción de tutela, que puede ser favorable o desfavorable al demandante (en este caso un medio de comunicación), pero ante una decisión desfavorable sobre tensión de derechos fundamentales entre demandante y demandado no se puede concluir que hay censura”.

Aunque recalca que el ejercicio de la libertad de información implica una responsabilidad social por la que no se pueden afectar derechos fundamentales de las personas, anota que “no puede ser que ante cualquier circunstancia se den órdenes judiciales a los periodistas para revelar sus fuentes, pues se violaría la Constitución y se minaría la confianza a los medios”.

Al respecto, el director de Semana, Alejandro Santos, confirmó que ya se radicó la impugnación y que se está a la espera de la resolución de la misma, a cargo de la Sala Laboral de la Corte Suprema.

Contexto de la Noticia

OPINIóN La investigación quedaría eunuca

Alejandro Santos
Director de Semana

“Siempre hemos estado dispuestos a entregar las pruebas y colaborar con la justicia, pero no a revelar la identidad de ciertos correos y comunicaciones, que hacen parte del secreto profesional. En caso de que este secreto quede vulnerado, a pesar de estar protegido, sería el fin de la lucha contra la corrupción en Colombia y la investigación periodística, que ha sido esencial para destapar los grandes escándalos. Esta quedaría eunuca.

Muy pocos ciudadanos se atreverían a acudir a los medios a denunciar, sabiendo que pueden correr un riesgo.

Julián Amorocho Becerra

Periodista bumangués del área digital de El Colombiano. Busco historias que demuestren que la realidad siempre supera a la ficción.

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