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La Comisión Segunda del Senado, encargada por estos días de estudiar las hojas de vida de un grupo de oficiales de la Fuerza Pública para darles el visto bueno a sus ascensos, tomó la decisión de citar al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, para que acuda el próximo martes a esa célula legislativa a dar explicaciones sobre la trayectoria de algunos uniformados, lo que retrasó el proceso y obligó al aplazamiento de la ceremonia de ascensos programada para el próximo 7 de diciembre.
Y es que según lo dispone la Ley Quinta de 1992 que regula el funcionamiento del legislativo, una de las funciones del Senado es aprobar o improbar los ascensos militares que confiera el Gobierno, desde oficiales generales y oficiales de insignia de la Fuerza Pública, hasta el más alto grado. Sin embargo, a raíz del episodio acontecido con el general (r) Mauricio Santoyo, procesado por narcotráfico, los congresistas tienden a ser más precavidos y meticulosos en el estudio de las hojas de vida.
Según confirmó el presidente de la comisión, el senador por Cambio Radical, Carlos Fernando Galán, habría dudas sobre la integridad de algunos oficiales y por eso se pidió más tiempo para estudiar sus trayectorias y debatir con el Ministro de Defensa la viabilidad de los ascensos.
“Estamos buscando que el proceso de ascensos sea lo más transparente posible. Algunos senadores han pedido más tiempo para radicar sus ponencias y están en todo su derecho. No podemos acelerarnos más de la cuenta solo porque haya una ceremonia planeada. Queremos que se despejen las dudas e inquietudes que existan”, indicó Galán.
El senador por el Polo Democrático, Iván Cepeda, ha sido uno de los más críticos del proceso de ascenso, tal como se ha venido adelantando en la Comisión Segunda. Además ha expresado en varias ocasiones la necesidad de que se revise el mecanismo.
“La experiencia es tozuda, ya hemos tenido año tras año situaciones que producen un gran impacto en la opinión pública y muestra que estos mecanismos no tienen los controles suficientes para que no se habiliten los ascensos de oficiales que tienen problemas en materia de derechos humanos y corrupción, pero aquí se desatienden esas advertencias y terminan pasando hechos contraproducentes como el del general Santoyo”, acotó el senador.
Aunque Cepeda dijo que han sido respetuosos para que no se ventile el nombre de los oficiales sobre los que habría algún tipo de duda, reconoció que en la noche del miércoles se filtró a los medios de comunicación que uno de los uniformados sobre los cuales habría inquietudes sería el general Marco Lino Tamayo, quien “según un fiscal delegado ante la Corte Suprema habría realizado una serie de actuaciones tendientes a impedir que se esclarezcan hechos que tienen que ver con falsos positivos”.
Todas estas situaciones han causado molestia entre los senadores del Centro Democrático, León Barón, Paola Holguín y Thania Vega de Plazas, quienes cuestionaron el proceder de la Comisión, pidieron respeto por los militares y solicitaron que los ascensos sean aprobados lo antes posible.
Para la senadora Vega, el problema de fondo es que algunos congresistas están tergiversando su deber con los ascensos, “pues más allá de fungir como autoridades judiciales, debemos limitarnos a aprobar o improbar los ascensos”.
“Nosotros como miembros de la Comisión Segunda obviamente tenemos la libertad de pedir toda la información que creamos necesaria para que el ascenso se haga, pero no tenemos funciones judiciales ni de fiscalización. Cuando el nombre de un oficial es postulado, es porque ha pasado los más difíciles filtros en entidades como la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría”.
Vega, quien aseguró que este tipo de situaciones hacen parte de una guerra jurídica contra los militares, se refirió al caso del general Luis Eduardo Martínez, excomandante de la Policía de Bogotá, de quien dijo que a pesar de tener una hoja de vida intachable y una trayectoria ejemplar “está siendo objeto de una serie de cuestionamientos injustos e infundados”.