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La estadounidense que dejó su vocación de profesora para convertirse en defensora de derechos humanos ha sido rebelde toda su vida. Tanto, que de querer ser monaguilla pasó a atea, de orgullosa americana a cuestionar a su país por sus intervenciones militares en el mundo o por el racismo.
La misma indignación que lanzó a Jody Williams a las calles en su juventud a protestar contra la guerra de Vietnam, la impulsó a liderar una coalición mundial de ong: la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersona.
Esta logró en 1997 la Convención Internacional por la Prohibición de Minas Antipersonal que hoy acatan 161 países del mundo, como Colombia, la cual obligó a las Fuerzas Militares a destruir minas convencionales y bombas racimo.
Ese tratado le mereció el Premio Nobel de Paz en 1997. Williams diálogo con EL COLOMBIANO sobre la amenaza de las minas en Colombia, el segundo país del mundo con más víctimas: 11.006 hasta diciembre pasado.
De profesora a defensora de derechos humanos, ¿por qué giró su vida así?
“No salí de la nada. En cuestiones de guerra mi primera protesta política fue en 1969 en contra de la intervención de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, tenía 19 años. Luego vinieron los movimientos contra la segregación racial y los feministas. Yo crecí en un pueblo pequeño de 1,200 habitantes, Brattleboro y creía en los mitos de mi país, que defendía la libertad y con el tiempo me di cuenta que no salvaba el mundo y abrí los ojos”.
¿Esa decepción la conduce al activismo contra las minas antipersonal?
“En 1981 fui a un encuentro en una iglesia y allí escuché a un hombre de El Salvador denunciar el intervencionismo de Estados Unidos, que propició conflictos en Centroamérica y, fuera de conmoverme, me indignó que mis impuestos ayudaran a generar violencia. Entonces decidí irme de activista a Centroamérica, en contra de la política de mi país, y luego me invitan a hacer parte de la Campaña Internacional para la Prohibición de Minas Antipersonal”.
¿Qué lograron para merecer el Premio Nobel en 1997?
“Desde la Primera Guerra Mundial comenzaron a usarse las minas, al principio en terrenos delimitados y luego indiscriminadamente en zonas sin señalar por ejércitos regulares o rebeldes (guerrillas). Una vez hablando con veteranos de Vietnam, un exmilitar en silla de ruedas me dijo que la diferencia es que las armas salen del conflicto con los hombres cuando llega la paz, pero las minas se quedan en la tierra y siguen siendo una amenaza décadas después. Entonces me dediqué a esa causa y conseguimos pasar, en cinco años, de dos organizaciones a 1.200 organizaciones en 90 países y logramos el Tratado de Ottawa que firmaron 156 países. Se salvaron millones de vidas”.
¿El Estado colombiano ha cumplido sus compromisos como firmante del tratado?
“En Colombia los militares han cumplido con las obligaciones (dejar de fabricar y usar estos artefactos explosivos y las bombas racimo). Las Farc no. Pero deberían, porque en otros países en conflicto grupos rebeldes se comprometieron a dejar de usar las minas, como en África. Se sabe que por el conflicto en Colombia la guerrilla tiene presencia y el Gobierno no puede actuar (hacer desminado) en todo lugar. Espero que si hay un acuerdo de paz las Farc ayuden a limpiar el territorio como ha pasado en otros países”.
Hay preocupación porque no hay mapeo de las minas instaladas por las guerrillas durante tanto tiempo...
“Ha sido la regla en todo el mundo. No hay mapas de campos minados en los conflictos después de la II Guerra Mundial, los actores en conflicto legales o ilegales minaron y luego y los civiles viven con las consecuencias. Décadas después de conflictos hay minas en Corea, Camboya, Afganistán, Angola, Mozambique y en Francia aún se encuentran minas y bombas de hace 70 años”.
¿Según la experiencia, qué se debe hacer en Colombia y en la negociación con Farc?
“El Gobierno y las Farc tienen que cooperar juntos como en otros países en posconflicito para limpiar el territorio y eso cuesta tiempo. Lo común es que se acuerdo un plan nacional y se identifican zonas de concentración de minas y afectación a la población y así se prioriza la larga tarea, que luego se extiende a las demás áreas del país. Lo ideal es que el Gobierno incluya el desminado en la negociación porque así se avanza en más corto tiempo. Mozambique fue uno de los cuatro países más afectados y ahora en diciembre cumplió con limpiar su territorio y eso demuestra que es posible ”.
¿Cree usted que debe aplicarse justicia a la guerrilla por el uso de minas de forma indiscriminada?
“La campaña no se mete en negociaciones, pero en lo personal creo que sí debe haber justicia para todas las partes, porque si un pueblo siente que hay impunidad, no hay paz sostenible. Las Farc son responsables, pero también hay responsabilidad del Estado, los militares y paramilitares, y debe haber justicia por todas las violaciones y tanto hechos visibles como las minas, pero también por otros casos como la violencia sexual”.
Las víctimas de minas reclaman más atención y se sienten abandonadas...
“Es una dificultad en todo el mundo. Se han donado unos 4.000 millones de dólares y gran parte se gasta en eliminar las minas, pero las víctimas mutiladas o discapacitadas necesitan atención de por vida. Deben crearse programas de asistencia para capacitarlas y reintegrarlas para darles una vida digna”.