Sin el Fast Track, se aplazaría estreno de las Farc en política

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Por ÓSCAR ANDRÉS SÁNCHEZ | Publicado el 06 de diciembre de 2016
Infografía
Acuerdo de paz con las Farc y su implementación
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meses y máximo un año tardaría la implementación del acuerdo con fast track.

50 %

de reducción en trámites de reformas constitucionales y leyes representa en F. Track.

En Definitiva

El Fast Track es la última puja política del año entre el Gobierno y los defensores del acuerdo con los líderes del NO y el Centro Democrático. La Corte Constitucional tiene la última palabra.

El acuerdo de participación política, el único que estuvo blindado en la renegociación entre el Gobierno y las Farc, podría no estar implementado en el 2018, año de elecciones de Congreso y Presidencia. Así que este grupo, que apenas inicia hoy su tránsito a la legalidad, tendría que esperar hasta las regionales de 2019 para estrenarse como partido político.

Según varios expertos consultados, esta es una de las principales consecuencias para el acuerdo de paz, si la Corte Constitucional no aprueba la próxima semana el mecanismo rápido o fast track (FT), que reduciría a la mitad los trámites legislativos en el Congreso para el trámite de las leyes requeridas para implementar lo pactado (¿Cómo funciona?).

Aunque solo sería año y medio de espera, en lo político no es lo mismo llegar a las elecciones de autoridades locales sin las diez curules que las Farc tienen garantizadas en el Congreso para su nuevo partido político. La legitimidad y vocería política quedaría menguada.

Pero hay más. Como lo dijo la semana pasada el mismo presidente Juan Manuel Santos, 2017 es un año preelectoral y si los congresistas pueden pronunciarse sobre cada punto de las leyes necesarias, algunos podrían hacer aprovechamiento político.

En diversos escenarios los voceros de las Farc también han hablado de la necesidad de que la Corte dé vía libre al FT, para no poner en riesgo la implementación del acuerdo.

Por su parte el expresidente Álvaro Uribe expresó que el trámite abreviado es dictatorial y que no se necesita ni para lo urgente: “El Gobierno tiene facultades en las leyes vigentes para acordar con voceros de las Farc el traslado a unas zonas de concentración y tiene facultades para darles todas las garantías”.

Se apoyó en que esa facultad está contenida en el artículo primero de la Ley 1779, que modifica la Ley 418, antes ley de orden público y hoy legislación con instrumentos para la paz”.

Uribe agregó que el FT viola la Constitución, impide el debate y le concede facultades a Santos para que durante seis meses, prorrogables, adopte por decreto la totalidad de los acuerdos firmados. Recordó que este mecanismo quedó condicionado a que el Gobierno obtuviera mayorías en el plebiscito, “pero ahora quieren imponerlo”.

Cabe recordar que el pasado viernes, la sala plena de la Corte estuvo reunida todo el día para definir el futuro del Acto Legislativo para la Paz. Y cuando todo el país esperaba una decisión en firme, la aplazó para el próximo 12 de diciembre. Trascendió que hubo posiciones divididas frente a la posibilidad de que la refrendación en el Congreso sea equivalente al pronunciamiento popular (ver Análisis).

Entre tanto, distintos analistas exponen las implicaciones políticas y jurídicas que traería la decisión de la Corte si no avala el mecanismo abreviado.

Las farc no serían partido para el 2018

Si la Corte no aprueba el FT quedaría en vilo uno de los puntos más debatidos en el acuerdo y que más han suscitado reclamos de la oposición; la participación y elegibilidad de miembros de las Farc.

Según Carlos Arias, docente de la Maestría en Comunicación Política del Externado, el no al FT sería una estocada constitucional al proceso y podría hacer que el Gobierno tenga buscar una salida, que aún no se ve o solo deja alternativa a un nuevo plebiscito para continuar con la paz.

“Las consecuencias políticas de una decisión afirmativa sería concluyente para que la implementación siga firme y, en especial, para que las Farc avancen en la conformación de cuadros y estructuras políticas con miras a las elecciones locales. Incluso puedan generar las redes necesarias para apoyar a algún candidato presidencial”, agregó Arias.

Para Olga Illera, decana de Ciencia Política de la U. Jorge Tadeo Lozano, el FT ayuda a garantizarle pronto a la guerrilla seguridad jurídica, no solo su inserción en la política, sino su seguridad física y del cese el fuego.

Además sin FT, las Farc se arriesgan a postergar su entrada política en el 2018, “porque entramos en la campaña de Congreso y a nadie, ni siquiera a los del Sí, les va a gustar estar sudando los votos, mientras los bandidos van en coche por la curul”, comentó Andrés Úsuga, docente de Derecho Constitucional de la U. Pontificia Bolivariana.

Por el contrario, Germán Valencia, del Instituto de Estudios Políticos de la U. de Antioquia, afirmó que la participación política de las Farc es un elemento secundario. Precisó que el “miedo” de las Farc y el Gobierno es que pase mucho tiempo para la implementación y que el acuerdo sufra cambios en el Senado.

LOS intereses POLÍTICOS DE UN AÑO ELECTORAL

De otro lado, hay que tener en cuenta que el próximo año los congresistas, como es tradicional, descuidarán su agenda legislativa y estarán más concentrados en recomponer sus equipos de trabajo para buscar la reelección o ayudarle a sus equipos políticos regionales.

Según Illera, el político vive de ganar las elecciones y su principal fin el próximo año será mantenerse vigente en la política. “No solo desde la oposición, sino en los partidos aliados al Gobierno podría entrar algún tipo de protagonismo o disidencia de los acuerdos, conforme se mueva la opinión pública, con el ánimo de buscar votos”.

Lo anterior no está muy lejano. Por ejemplo, el representante a la Cámara David Barguil, presidente saliente del Partido Conservador, no votó la refrendación en el Congreso. De hecho, logró que una decena de congresistas ‘azules” se abstuviera de hacerlo. Para él la refrendación debió ser vía plebiscito.

Por su parte el senador Germán Varón Cotrino (Cambio Radical), cercano del vicepresidente Germán Vargas Lleras, argumentó que el FT hoy no existe, porque se perdió el plebiscito. Aunque aclaró que lo acataría si la Corte lo avala, así él lo considere como una vulneración a la institucionalidad del país.

Otra de las principales preocupaciones del Gobierno y las Farc es que sin FT el Congreso podrá modificar puntos del acuerdo ya firmado. En cambio, con este mecanismo cualquier reforma requiere de la autorización de Santos.

Francisco Barbosa, docente de Derecho Constitucional del Externado, explicó que puede ocurrir que la Corte declare constitucional el FT, pero declare inconstitucional un aspecto del Acto Legislativo para la Paz: el control que tiene el presidente de la República sobre las modificaciones que plantee el Congreso.

Según Valencia, un rechazo a la vía rápida traería “incertidumbre política y, lo más probable, mayores exigencias de un órgano enseñado a los favoritismos políticos”.

Hay que tener en cuenta que a este Gobierno le queda 17 meses de gestión, un estrecho margen fiscal para inversión y se viene la posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos el próximo 20 de enero.

En ese contexto, agregó Úsuga, es urgente sacar rápido el proceso en el Congreso. “Muchos se tirarán del barco de la Unidad Nacional el próximo año, para sobrevivir en lo político”.

En el peor de los escenarios, si la Corte no da avala el FT, sería el nuevo Congreso 2018-2021 al que le tocaría definir varios aspectos de la implementación.

Al respecto Fabián Alejandro Acuña, docente de Ciencia Política de la Javeriana, indicó que si no se acelera su implementación, la suerte del Acuerdo quedará a la merced de quiénes ganen las próximas elecciones.

“Permanecemos en un escenario donde el tiempo juega en contra de un trámite legislativo y de un desarrollo adecuado de los acuerdos, más cuando por tratarse de un año preelectoral, en 2017 puede esperarse un ambiente político de mayor confrontación.

no aplicación de la justicia transicional

Otro punto vital del proceso que quedaría en el limbo por más tiempo es la Justicia Especial para la Paz (JEP), que cobijará no solo a guerrilleros, también a militares y civiles.

Si la Corte mete el proceso en la vía ordinaria, se pone en riesgo la justicia transicional, según Barbosa. “Cientos de guerrilleros que serán amnistiados (los indultados no tienen problema), y todos aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad se quedarían esperando el sistema de justicia transicional”.

Añadió que se debe ponderar el derecho a la paz con el derecho a la justicia. “Si hay que sacrificar el principio democrático, se tiene que hacer, por una vez, para resolver la justicia transicional”.

Para Juana Acosta, directora de Derecho de La Sabana, el FT es una herramienta importante, porque las experiencias demuestran que si los acuerdos de paz no se implementan en los dos años siguientes a la firma, son muy altas las probabilidades de fracaso.

Las víctimas continúan en alto riesgo

Finalmente, la consecuencia más peligrosa de la ausencia del FT se relaciona más con la población civil que con las Farc. “Sin una clara implementación de este acuerdo los ‘paras’ seguirán asesinando civiles sin la protección de las autoridades nacionales e internacionales”, advirtió Juan Antonio Zornoza, director del Departamento de Ciencia Política de la U, Nacional (sede Medellín).

Juan Carlos Rodríguez, director del Observatorio de la Democracia, de la U. de Los Andes, aseveró que el FT es una figura algo exótica para nuestro entorno, pero que parece justificarse en este caso, en que el tiempo es crucial.

“Una implementación rápida reduciría mucho la incertidumbre. Ahora, no creo que el riesgo de los líderes comunitarios dependa solo de la implementación rápida. En otras palabras, no es claro que, aun con una implementación expedita, la vida de estos líderes no esté en riesgo”.

Contexto de la Noticia

¿CÓMO FUNCIONA? Modelo importado de estados unidos

El profesor Andrés Felipe Bernal, investigador de la Escuela de Política de la Sergio Arboleda explicó que el fast track (vía rápida) es un mecanismo importado del constitucionalismo en los Estados Unidos. Permite al presidente negociar acuerdos comerciales con otros países y someterlos en bloque al Congreso. “Establece un procedimiento más expedito, cuyo trámite preferencial posibilita aprobar los proyectos de ley y reformas constitucionales en la mitad de tiempo. Las iniciativas legislativas solo podrán tener modificaciones que se ajusten al contenido del Acuerdo Final y que cuenten con el aval del Gobierno”.

¿refrendación en congreso es popular?

El presidente del Senado, Mauricio Lizcano, tras una reunión ayer con el presidente Juan Manuel Santos, afirmó que el Gobierno convocará a sesiones extras para tramitar la reforma tributaria y proyectos afines al acuerdo de paz.

“La Ley de Amnistía no se va a presentar por ahora, se esperará la decisión de la Corte Constitucional”, dijo Lizcano.

Para el senador Armando Benedetti (La U), la Corte aprobará la vía rápida: “El 12 y el 13 de diciembre debe quedar habilitada. Luego el Gobierno meterá la Ley de Amnistía e Indulto, que se aprobará antes del 30 de diciembre”.

Sobre la posibilidad de que la Corte asuma la refrendación en el Congreso como popular, Luis Fernando Álvarez, decano de Derecho de la U. Pontificia Bolivariana, dijo que el Consejo de Estado ya conceptuó que la refrendación mediante el Congreso era constitucional. “En una democracia como la nuestra, salvo casos que la Constitución prevé que se adopten por referendo, es tan válido acudir al plebiscito como a la democracia representativa a través del congreso”.

Para Juana Acosta, directora de Derecho de La Sabana, el fast track es un mecanismo expedito para implementar las normas, y países como Irlanda del Norte lo han usado.

Para Andrés Úsuga, docente de Constitucional de la U. Bolivariana, no es ético que el Gobierno, el Congreso y los medios presionen a la Corte. “No puede cambiar el precedente de una Sentencia de este mismo año. Sería un mal mensaje para la estabilidad jurídica del país”.

OPINIóN Las dudas de los congresistas

ernesto macías
Senador del Centro Democrático
“Anula las facultades del Congreso, en virtud de que reduce el número de debates y no permite modificar ninguno de los proyectos sin autorización del gobierno. Convierten al Congreso en notario del ejecutivo o, peor, simplemente en un espectador”.
Antonio navarrro wolf
Senador de la Alianza Verde
“El fast track es conveniente pero no indispensable. Ayudaría a un trámite rápido, de 6 meses, de las reformas constitucionales y legales que el acuerdo de La Habana necesita. Lo mismo puede lograrse en unos meses más por la vía ordinaria”.
Rodrigo Lara Restrepo
Presidente de Cambio Radical
“No me gusta el fast track. Preferiría el trámite legislativo normal. Sin embargo enfrentamos una disyuntiva nacional, dado que demorar la implementación un año y medio puede dar al traste con el proceso de paz. Hemos perdido mucho tiempo”.
Óscar Andrés Sánchez Á.

Politólogo de la Universidad Nacional, Periodista de la Universidad de Antioquia y maestrando en Gobierno de la Universidad de Medellín. Tratar de entender e interpretar el poder, un reto.

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ANÁLISIS

La Corte C. debe ser autónoma y proteger la institucionalidad
aLEJANDRO GÓMEZ
Director del Centro de Estudios Jurídicos de la U. Eafit

El interés del Gobierno y de la Farc por el Fast Track radica en que lo que hay en juego es la implementación del nuevo Acuerdo Final, es decir, la manera en que dicho acuerdo político haga su tránsito a una norma jurídica y por ende, sea vinculante lo allí establecido no sólo para el Gobierno actual...

Notas de la sección