“El problema de la salud no es por modelo sino por los actores”: Supersalud

Fabio Aristizábal, superitendente de Salud, afirmó que ya las EPS saben bajo qué parámetros serán medidas durante este Gobierno. FOTO COLPRENSA

El superintendente de Salud, Fabio Aristizábal Ángel, completó 100 días al frente de la entidad, desde donde ha buscado poner en cintura a las Empresas Promotoras de Salud (EPS), a través de una serie resoluciones que las obliga a mejorar la calidad en el servicio.

El funcionario aseguró, en entrevista con COLPRENSA, que sigue buscando un mayor nivel de interlocución entre los diferentes actores de la cadena, así como una mayor capacidad sancionatoria para hacerse más fuertes y modificar las normas que le impiden centrarse más en el servicio a la salud.

¿Cuáles son los principales problemas que encontró al interior de la entidad?

La Supersalud estaba suspendida en el tiempo. Los funcionarios no estaban remando para el mismo lado, no había un trabajo en conjunto. No se sabía para dónde iba esta entidad. Al no tener una política clara, tampoco se daban decisiones contundentes y eso se reflejó en la caída de la efectividad sancionatoria, donde traíamos un promedio de hasta 75.000 millones de pesos y llevábamos solo 8000 millones en todo el año.

Encontramos un panorama complejo, con capacidad tecnológica absurda y un atraso cercano a los 8 o 9 años. Y eso lleva a que no haya una capacidad oportuna con los ciudadanos. Encontré una entidad sin el equipo de trabajo necesario. Habían 80 vacantes que nunca fueron provistas. Nos redujeron el presupuesto ostensivamente, pero a pesar de esto logramos conseguir 15.000 millones de pesos nuevos, pero nos faltarán 9000 millones para la nómina actual y eso genera angustia por todas partes.

¿En dónde piensan conseguir esos 9000 millones de pesos?

Estamos analizando. Esta entidad va a entrar en el programa de restauración por parte del Estado, pese a que hace cuatro años también estuvo en reestructuración. Es algo increíble, pero está como si fuera subvalorada, no le dieron ni el perfil ni las herramientas necesarias.

¿Cuáles son las acciones más urgentes en las que tienen que trabajar?

Hay que fortalecer regionalmente la superintendencia. Debe ser una entidad con dientes, con un mayor nivel de interlocución entre actores, que a donde el usuario vaya le solucionen el problema. Actualmente si uno va a una regional lo atienden pero no hay una escucha, no hay soluciones, no hay perfiles buenos que permitan tener una capacidad resolutiva. Eso me urge cambiar.

¿En estos primeros 100 días de gobierno ya ha podido cambiar algo?

El principal cambio fue la toma de decisiones. Sacamos una circular en la que le mandamos a las EPS las características por las cuales los vamos a medir. A los pocos días sacamos una resolución que limita a las EPS que están en medida especial afiliar nuevas personas. Eso es un mensaje claro para el país.

Después mandamos otra resolución donde les damos otros tiempos perentorios, en 30 días tienen que mostrar sus condiciones de habilitación intactas: documentos y que cumplen con las características, que tiene el capital de trabajo para hacer la tarea. A los 60 días tienen que demostrar que están disminuyendo en peticiones, quejas y reclamos de los ciudadanos, porque eso demuestra calidad.

Deben demostrar que tienen una red de prestación de servicios real, sin mentiras, y también tienen que mostrar sus condiciones financieras para seguir operando. Eso los tiene un poco angustiados, generó temor, pero así es que mejoraremos en calidad y compromiso. Esto se tenía que hacer, porque en el momento en el que tengamos que retirar una EPS nosotros debemos saber a cuál entidad debemos transferir esos usuarios.

¿En qué otros aspectos se ha podido avanzar?

Otra cosa que hicimos fue traer a los interventores de todas las instituciones. Muchos no conocían los delegados, nunca habían venido a rendir cuentas en uno, dos o tres años. Los interventores estaban a la deriva, no puede ser así. Ellos deben demostrar qué recibieron, qué están haciendo y para dónde va.

Además de esto, presentamos un proyecto de ley, con mensaje de urgencia, que le va a dar fortaleza a la Superintendencia de Salud para sancionar y para dotar a las entidades jurídicas y a las personas, para poder remover a un representante legal, sacar de las garras de la corrupción a un gerente e inhabilitarlo por 15 años. Queremos cambiar el rumbo de esta entidad y que vuelva a tener apropiación de sus funciones.

¿En qué va ese proyecto?

Se radicó la semana pasada ante el Congreso de la República y ya se firmaron ponencias. Próximamente estaremos iniciando debate en las secciones conjuntas y creo que nos van a pedir unas audiencias públicas por parte de algunos senadores, para que la gente pueda opinar. Pero va con mensaje de urgencia, por lo que aspiro que los colombianos nos ayuden para que esto sea una realidad antes de que termine el año.

¿Qué va a permitir este proyecto?

Hacerse más fuerte, tener más capacidad sancionatoria, modificar las normas que le impiden centrarse más en el servicio a la salud. Permitirá crear también las multas sucesivas hasta por 3000 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes y se dispone que se puede retirar del cargo a un gerente, representante legal o revisor fiscal, con lo que este queda inhabilitado por 15 años para trabajar en el sector salud público o privado.

En el proyecto también se cambian los términos para decidir en una demanda que corresponda a su función jurisdiccional, se deroga la competencia para resolver asuntos de prestaciones económicas y le da facultades a la entidad para emitir instrucciones contables a sus vigilados. La iniciativa establece que el Gobierno fijará los límites a los procesos de reorganización, para garantizar un correcto flujo de recursos y el pago de acreencias.

Usted mencionaba las quejas de los usuarios. ¿Cuáles son las más recurrentes?

Las principales quejas normalmente son por falta de citas con especialistas, oportunidad en la atención y por entrega de medicamento, esas son las más recurrentes.

¿Cuáles son las EPS que más quejas tienen?

En el orden están todas pero varían dependiendo de los meses. Más o menos nosotros tenemos preocupación con Comeva, Medimás, SaludVida. Algunas con unos picos, otras bajan, pero estamos haciendo un seguimiento exhaustivo a las disminuciones de esas peticiones, quejas y reclamos.

Ahora, quiero aclarar que las quejas y reclamos del país no son ni el 1 % de las atenciones que hacemos y esa es una de las cosas que la gente no entiende. Estamos cerca a los 1000 millones de atenciones en Colombia anuales, eso es mucha gente atendida. Mucha gente con enfermedades de alto costo y por eso uno debe defender el modelo.

El problema de Colombia no es el modelo sino los actores y hay unos que le han hecho al país mucha trampa. Algunas EPS están haciendo bien la tarea, pero otras no y a esas es que pondremos en cintura así solo queden 15, pero que le cumplan a los colombianos.

¿Esto se podría interpretar como que se han desbordado las EPS en cantidad?

No. En el 94, cuando arrancamos, eran 243 ARS, 20 EPS privadas y 12 públicas. Llegamos a tener casi 260 EPS. Hoy tenemos 44, pero en esa época solamente teníamos 5000 IPS y hoy tenemos 18.000. Las clínicas y los hospitales han crecido, hemos recuperado más de mil hospitales públicos en los últimos 20 años. Esta situación es de corregir en todas partes, la crisis es multifactorial. Hay que apretar a las EPS pero también a las IPS y acabar con la corrupción en las entidades del Estado.

Esto es una responsabilidad de todos, no solamente de las EPS o del modelo de aseguramiento. Aquí hay un problema transversal con todos los actores y eso es lo que tenemos que corregir.

Una de esas dificultades son las regiones. ¿Cómo llegarán a ellas?

Estoy tratando de hacer un fortalecimiento regional. Estoy viendo si soy capaz de crear una regional hacia el sur de Colombia, fortalecer otra regional en el norte, hacer otra regional en el oriente o en occidente. Ya tengo seis regionales, pero son muy pequeñas, sin capacidad resolutiva.

Por eso es que primero vamos a analizar el equipo de trabajo que tenemos, porque en algunas son más administrativos que en las otras que son más jurídicas. La idea es que todos tengan una estructura similar, con más capacidad de respuesta, eso necesita una inversión y tenemos que mirarlo en el tiempo para saber cómo somos capaces de dar cercanía.

¿Hay una proyección sobre cuánto sería esa inversión?

Ahora tengo 15.000 millones que me aprobaron, de los cuales tengo que hacer una inversión muy alta en tecnología. Yo necesito que esta superintendencia esté a la vanguardia de lo que necesita el país, que cada persona que se contacte tenga una respuesta efectiva y le podamos hacer seguimiento. Voy a hacer una inversión en tecnología y en regiones.

¿Cuáles son las regiones que le urgen?

En el sur de Colombia quiero tener una regional en el Meta. Allí tengo muchos problemas, porque a Villavicencio le llega media Colombia. Allá creo que tengo que tener un fortalecimiento regional. El sur de Colombia necesita esto. También me urgen La Guajira y San Andrés y Providencia.

¿En qué va la investigación al hospital de San Andrés?

Desde el primer día de gobierno hemos venido haciendo un trabajo muy interesante con San Andrés. Hay mesas conjuntas y hemos logrado recuperar un dinero. Tenemos a los proveedores poniéndose al día con la plata que se le quedó debiendo a los trabajadores. Casos como el de San Andrés abundan en el país y serán esos, junto a las EPS, los que estén bajo la lupa.