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Alan Jara fue secuestrado por las Farc en 2001 cuando era gobernador del Meta y vivió en cautiverio hasta 2009 cuando fue liberado por esa guerrilla.
Después volvió a la política y fue nuevamente gobernador de su departamento, uno de los más afectados por el conflicto armado, y hace cerca de 50 días asumió la dirección de la Unidad para las Víctimas.
Jara habló en exclusiva con EL COLOMBIANO en su primera visita como director de la Unidad a Antioquia.
¿Qué significa para usted ser director de la Unidad?
“Muy complicado, primero porque entiendo el alcance de una reparación, segundo porque vengo de la región y tengo esa mirada de mandatario de una entidad territorial, además de la condición de víctima; puedo dirigir a la Unidad desde ese otro punto, y tercero porque ser víctima hace que muchas personas que dicen ‘hombre usted que fue víctima usted sí nos entiende’, entonces se genera una perspectiva compleja porque a pesar de todos los esfuerzos, el tamaño de la afectación del conflicto es tal que no puede uno resolver todo en un corto lapso, pero pondré mi mejor esfuerzo en ello y sobre todo trabajaré para que haya siempre un trato digno a toda la población víctima”.
“Sí. La decisión de perdonar es una decisión individual, no se puede sacar en decreto, es una decisión mía y de mi familia para no seguir en ese proceso de revictimización. Es como la decisión de seguir adelante. Si uno se queda en el pasado, en la amargura, en el resentimiento se daña la vida y se la daña a los que lo rodean, entonces es un asunto que cada víctima debe tomar esa decisión en el momento en el que pueda hacerlo. No es sencillo. Yo tuve una enorme ventaja que es que a mí la gente en mi departamento me ha reparado permanentemente al acogerme, al abrazarme, al brindarme la posibilidad de volver a ser su gobernador. No solo es de perdón, que es individual, sino de reconciliación que es colectiva y que necesitamos reconciliarnos en este país”.
“Yo prefiero encontrármelos haciendo política que armados y secuestrando, y desde luego la política es para dirimir propuestas, lo importante es que se haga sin armas y la dejación de armas es un hecho que está concertado ya, entonces la posibilidad de que ellos hagan política desde luego es válida y quienes pensemos diferente expondremos nuestras ideas e intentaremos que las ideas de cada uno de nosotros se validen por la opinión”.
Esta era una Unidad con muchos requerimientos administrativos, judiciales y financieros por tutelas, ¿cómo los va a asumir?
“Vamos a hacer unas mesas de trabajo, una gerencia que permita atender a la población sin que tenga que poner tutela, sin que tenga que llegar a ese que es un mecanismo importante pero que no puede convertirse en el único criterio. Tenemos un plan de trabajo que nos permita apoyarnos en las direcciones territoriales para dar respuesta digna, clara y que satisfaga las necesidades de las víctimas”
“La Unidad tiene una misión muy noble que es entender y reparar a las víctimas, desde su concepción, a partir reconocer el conflicto y de crear una institucionalidad y en esta coyuntura histórica que tenemos, sin duda la Unidad también juega un papel fundamental, porque en los acuerdos de La Habana el punto de víctimas es central y desde luego esto hace parte de esa decisión del Gobierno de generar una reconstrucción del tejido social que rompió el conflicto, mediante la reparación colectiva y continuando con la reparación individual”.
La Ley de Víctimas llegó a la mitad de su vida y no ha podido atender ni a la mitad de las víctimas, ¿Cómo lo va a hacer en tan corto tiempo?
“Esto no puede ser una regla de tres. Arrancar es lo más difícil, crear una institucionalidad que el Gobierno no tenía, y asignarle recursos. Ahora en un refuerzo importante los alcaldes y gobernadores tuvieron la oportunidad de incluir en su plan de desarrollo este tema y ya no es una respuesta solo desde la Unidad de Víctimas, es una respuesta conjunta del Estado, son 53 entidades nacionales, 32 departamentos y 1.102 municipios que tienen esa responsabilidad. A esta ley le hacen seguimiento los organismos de control, la Corte Constitucional, el Congreso, de manera que hay una institucionalidad para que esto logre el mejor propósito”.
“Antioquia es una región muy afectada por el conflicto, no solamente en temas tan graves como masacres, sino que también hay mucho desplazamiento y la propuesta que estamos haciendo, para lo que me entrevisté con el gobernador y el alcalde de Medellín, es que hagamos sinergia, que logremos que todas las entidades territoriales podamos dar una mejor respuesta, que la oferta del Estado llegue a toda la población de tal manera que no sea exclusivamente con esfuerzos financieros sino con oferta estatal, que podamos dar respuesta a las necesidades de las víctimas”.