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La creación del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, es uno de los decretos más recientes sancionados por el presidente Juan Manuel Santos para impulsar la implementación del Acuerdo de paz con las Farc.
Se trata de un órgano asesor y consultivo, pensado desde las conversaciones de La Habana como una instancia que favorecerá la reconciliación y la sana convivencia.
Signado este fin de semana por Santos, el Decreto Ley N° 885 precisa que el Consejo Nacional de Paz será encabezado por el Jefe de Estado, delegados del Congreso, la Rama Judicial, los órganos de control (Contraloría, Procuraduría y Defensoría) y la sociedad civil.
Se reunirán cada tres meses, o cuando alguna situación extraordinaria lo amerite, y entre sus funciones estarán: ser un espacio de debate para asuntos de paz y asesorar al Gobierno en la ejecución de un programa de reconciliación y prevención de la estigmatización (de excombatientes o de grupos de poblaciones específicos, como indígenas o Lgtbi).
Aunque cuenta con algunas tareas diferentes y una composición distinta, este Consejo de Paz tiene sus antecedentes en otros procesos de desarme: el Consejo Nacional de Normalización (1990), aplicado con el M-19 y otras guerrillas (Quintín Lame, Corriente de Renovación Socialista); y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (2005), que acompañó la reinserción de las Auc.
Como lo recordó el propio Santos, hoy se vence el plazo que le había concedido el Congreso, por medio de facultades especiales, para expedir decretos ley que impulsaran la implementación del Acuerdo de paz.
Por eso, el fin de semana el primer mandatario aceleró la firma de varios documentos, para que queden en claros antes de finalizar el fast track, en especial cuatro decretos.
“Son claves para la Reforma Rural Integral prevista en el Acuerdo, con la que vamos a saldar la deuda histórica con el campo colombiano”, anunció el viernes pasado en una cumbre de Ciudades Capitales, en Valledupar.
Las cuatro normas expedidas, según la Casa de Nariño, tienen que ver con: 1). Formalización de la tierra, que incluye distribución de 3 millones de hectáreas a familias sin acceso; 2). Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, para 170 municipios afectados por la pobreza y el conflicto; 3). Modernización del Catastro Rural, para que al 2023 esté totalmente actualizado este sistema; y 4). Vías terciarias, para construir 2.500 k.m. de carreteras, que aumenten la competitividad del campo.
De acuerdo con las cuentas del Gobierno, hasta ahora van tres reformas constitucionales y tres leyes aprobadas por el Congreso, al igual que 15 decretos expedidos pensando en el posconflicto.