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Desde octubre de 2014, cuando se abrió el proceso de inscripción de cédulas para las elecciones regionales de este año, 12 municipios del país en departamentos como Atlántico, Boyacá, Santander, Norte de Santander y Bolívar ya superan el 80 por ciento del número de inscritos para votar en comparación a las inscripciones realizadas para las comicios de 2011.
Lo anterior prendió las alarmas por trashumancia electoral y tiene en alerta a entidades estatales como la Registraduría, la Fiscalía, la Policía, el Ministerio del Interior, la Procuraduría, la Secretaría de Trasparencia y el Consejo Nacional Electoral, que desde hace meses trabajan de manera coordinada para combatir este delito electoral.
Sin embargo, y a pesar de la gravedad de la situación, en conversación con EL COLOMBIANO, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Felipe García, reconoció que las investigaciones por trashumancia no han avanzado debido a la falta de recursos.
“Tenemos 250 denuncias listas para ser repartidas, 174 que corresponden a las elecciones presidenciales y legislativas de 2014 y otras 76 que tienen que ver con el proceso electoral de este año, pero no hemos podido avanzar porque el Ministerio de Hacienda no nos ha girado los recursos”, afirmó.
García explicó que la decisión de no repartir las denuncias obedece a una cuestión puramente legal, “si no tenemos los recursos para investigar y repartir las denuncias corremos el riesgo de que se venzan los términos y ahí sí no podríamos hacer nada, pero el ministerio ya se comprometió a asignar los recursos antes de junio”.
Por su parte, el registrador delegado para lo electoral, Alfonso Portela, indicó que los municipios con más alto riesgo de trasteo de votos son en general aquellos que están ligados a presupuestos de regalías, pero aclaró que la función de la Registraduría en estos casos se limita exclusivamente a generar las alertas pues “no tenemos la competencia para anular las inscripciones”.
En cuanto a la incidencia de grupos armados en estos hechos atípicos, Camilo Vargas, de la Misión de Observación Electoral afirmó que “más que de grupos armados nosotros hablamos de la existencia de verdaderas empresas criminales afiliadas a ciertos candidatos en determinadas zonas del país”, al tiempo que confirmó que el promedio municipal de inscripción de cédulas es de 26 inscripciones por cada 1.000 habitantes, y hay municipios como Castilla La Nueva, Meta en donde de manera preocupante la tasa llega a 212 .