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Por primera vez desde La Habana el presidente Juan Manuel Santos y “Timochenko” se encontraban frente a frente para firmar el acuerdo que llevó más días en la negociación: el de víctimas, era 23 de septiembre de 2015. Allí quedó acordado que los miembros de las Farc que sean responsables de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, a través de un Tribunal de Paz y con una Comisión para el Esclarecimiento, tendrán que aportar “toda” la verdad de los hechos del conflicto armado si quieren beneficiarse de la Jurisdicción Especial para la Paz. Quienes así lo acepten pagarán penas restrictivas de la libertad entre 5 y 8 años, quienes lo hagan de una manera tardía de 5 a 8 años de prisión. Para quienes no reconozcan verdad y responsabilidad serán entre 15 y 20 años de privación de libertad. Todo para de satisfacer los derechos de las víctimas .
Amparo Mejía
Madres de la Candelaria Línea Fundadora
“Al igual que los acuerdos anteriores con los otros grupos armados, este me parece que se queda corto en el tema de víctimas. Muchos colombianos esperan que este acuerdo les abra el encuentro con sus seres queridos por fin. Siento que este va a ser un marco muy importante para muchas personas que fueron víctimas del accionar de las Farc en nuestro país. Siento que tenemos que reivindicar más a todos esos hombres y mujeres que de una u otra manera fueron víctimas del accionar de este grupo al margen de la ley. En este acuerdo de justicia hay muy poco, en reparación nos quedamos en pañales y no hay en el acuerdo un garante que diga que lo hecho no se va a volver a repetir y eso es lo que me deja un sinsabor. Justicia sería que ellos realmente sobre la mesa entreguen todas las coordenadas de las personas que murieron en cautiverio, confiesen todas las mujeres que violentaron, entreguen todas las tierras que quitaron, devuelvan todas las platas que le quitaron a los colombianos pudientes, para mí eso sería justicia. Sin embargo, este acuerdo nos da la posibilidad de que algunos colombianos puedan reencontrarse con lo que queda de sus seres queridos”.
Bernardita Pérez
Constitucionalista, docente de la Universidad de Antioquia
“Las víctimas tienen derecho fundamentalmente a la verdad pero el concepto de justicia no puede ser tan etéreo. El derecho que en realidad tienen las víctimas es a que sus victimarios vayan ante los jueces y a que la verdad sea dicha y a ser reparadas en razón de la violencia que fue generada contra ellos de manera despiadada. Tienen derecho a una reparación simbólica por que en realidad no tenemos cómo repararles el daño causado y sus pérdidas. También tienen derecho a que se haga justicia contra sus victimarios pero esta no será una compensación similar a la violencia que sufrieron. Con la guerrilla no se hizo un acto de rendición sino un acuerdo que contempla una justicia de transición. La expectativa para algunos será la amnistía porque el Estado es impotente para judicializar a tantos miles de personas. A los más altos, a los directos responsables de crímenes de lesa humanidad habrá un proceso judicial ante un tribunal y pagarán algunas penas alternativas y especiales. Las penas mínimas serán inferiores a las penas de disparar un arma al aire en la justicia ordinaria. Y estoy de acuerdo con que después de pagar esas penas puedan hacer política, para eso se hizo el acuerdo”.
Gustavo Arbeláez
Presidente Centro de Estudios Constitucionales Medellín
“El tema de justicia va a ser siempre problemático aquí y en cualquier parte del mundo, en este y en cualquier tipo de conflicto. A los Nazis los juzgaron y los condenaron a muerte, y hay dudas de si el juicio y las penas fueron justos. Es imposible lograr una postura unánime, en esa medida lo que hay que decir es que hay un acuerdo que no es de impunidad, como lo quieren mostrar. Lo que está publicado de este acuerdo deja claro que los delitos atroces no son ni indultables ni amnistiables, sobre esos delitos tiene que haber verdad, justicia, reparación y no repetición. En este acuerdo las Farc se somete a la Jurisdicción Especial de Paz. Se habla de una máxima amnistía e indulto para los delitos políticos y conexos, lo que es propio de un acuerdo con un actor armado que reivindica la posición armada por política. Hay una discusión sobre la inclusión del narcotráfico como delito conexo sobre el argumento de que el narcotráfico fue realmente un aliciente económico no para enriquecer a los cabecillas, sino para financiar la lucha política armada. Se habla de tres escenarios restrictivos de la libertad que son garantistas con las víctimas y sus derechos, aunque aún no sabemos cuáles serán las penas”.