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Con capturas aún no se desmantela toda la red de desfalco a la Alcaldía

Denuncian que líder de la organización que recaudaba para ellos impuestos, sigue en libertad.

  • La justicia deberá aclarar acusaciones contra la red de desfalco a la Alcaldía de Medellín. FOTO archivo
    La justicia deberá aclarar acusaciones contra la red de desfalco a la Alcaldía de Medellín. FOTO archivo

Mientras el proceso de judicialización de nueve integrantes de la presunta red de corrupción en el interior de la Secretaría de Hacienda de Medellín avanza, los investigadores buscan las pruebas para dar con la captura de la cabeza de la organización que manipuló el cobro de impuestos y habría generado pérdidas para el erario por 1.813 millones de pesos.

Las denuncias sobre el caso fueron realizadas desde el año 2012 por personas de la misma dependencia, encargada del recaudo de impuestos en Medellín. Desde ese instante los investigadores comenzaron a hacer seguimiento de los presuntos responsables de pedir dineros a los contribuyentes en mora para que aparecieran a paz y salvo, pero sin ingresar los recursos al Municipio.

La operación ilegal, según uno de los denunciantes, fue liderada por una contratista de la Alcaldía que oficiaba como coordinadora y que ideó el consecutivo fraude, aprovechando la posibilidad que tenía de acceder a bases de datos de los contribuyentes.

“Esa persona creó una empresa de consultoría con la información que obtuvo. Luego la descubrieron y no la volvieron a dejar ingresar a la Secretaría”, dijo el denunciante.

Sobre los hechos, el concejal Bernardo Alejandro Guerra Hoyos cuestionó el manejo que le dio la Secretaría de Hacienda al recaudo de impuestos y la selección de personal para esa área, que no se permitió que le hiciera la Universidad de Antioquia. “Se fue poco riguroso con los protocolos de seguridad”, enfatizó Guerra Hoyos.

Tres con casa por cárcel

En cuanto a los seis capturados por el caso, la Juez Séptima Penal Municipal de Medellín otorgó de detención domiciliaria para tres de los implicados. El resto estarán tras las rejas mientras se investiga el caso.

Una de las beneficiadas con la detención domiciliaria fue la liquidadora y excontratista de la Secretaría de Hacienda, en consideración a que es madre cabeza de hogar. Tiene dos hijas de 18 y 14 años, de las cuales la juez creyó en la versión de que ambas dependen de ella para subsistir.

Otro caso considerado por la juez para el beneficio de casa por cárcel fue el de la contratista del Pascual Bravo, de 37 años de edad, que está en embarazo.

El tercer favorecido fue el señalado funcionario de la sección Jurídica de la Secretaría de Medio Ambiente, quien padece una lesión de rodilla y debe ir a tratamiento médico de manera permanente, lo que en prisión le quedaría imposible.

La petición de la detención domiciliaria para estas personas la hizo la propia Fiscalía, con apoyo de sus defensores, por considerar que ninguno representa peligro para la sociedad.

A los demás implicados: un contratista de la Secretaría de Hacienda de 27 años; otro hombre de 44 años; y una funcionaria de carrera administrativa, se les dictó detención intramural, tras las rejas.

Esta decisión fue apelada, pero la petición fue negada por la juez.

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