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Por colaborar con la Fiscalía para esclarecer uno de los peores escándalos de corrupción que ha caído sobre la justicia en Colombia, el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons pagaría una pena de prisión de cinco años y devolvería 4 mil millones de pesos, un castigo que ha generado serias dudas para un político acusado de 20 delitos de corrupción que le habrían costado al Estado no menos de 10 mil millones de pesos.
Aunque el papel de Lyons, quien admitió que el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno le pidió dinero para hundir las investigaciones en su contra, fue la primera pieza para llevar a la cárcel al exfiscal y vislumbrar la red de corrupción entre la Corte Suprema y el Congreso, lo cierto es que los delitos de los que acusan al exgobernador y que fueron la base para que Moreno lo contactara, son de grueso calibre.
Al exgobernador se le acusa de haber asignado multimillonarios contratos de regalías en Córdoba con el Fondo de Innovación, Ciencia y Tecnología, que nunca se ejecutaron y terminaron en bolsillos particulares. Se cree que 65 mil millones de pesos se perdieron.
También está vinculado al llamado “cartel de la hemofilia” en Córdoba, en el que se pagaron unos 44 mil millones de pesos en tratamientos para más de 100 pacientes de alto costo que no existían.
De igual forma aparece mencionado en el “cartel de la educación” en Córdoba, que despilfarró un estimado de 32 mil millones del Fondo de Pensiones del Magisterio.
Estos son solo los casos más profundos de un dossier más extenso de acusaciones por las cuales Lyons optó por irse a Estados Unidos, en donde está colaborando para el caso de Gustavo Moreno.
Ante la diferencia de delitos por los que responderá (de 20 pasa a uno) y el dinero que devolverá (el total de casos en los que aparece suman más de 600 mil millones de pesos), EL COLOMBIANO preguntó a distintos juristas si era un “buen negocio”.
“En principio suena poco cinco años, pero si esa información permite llegar a los responsables de la red de corrupción, vale la pena el sacrificio”, consideró Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, quien explicó que si fue aceptado el trato es porque la Fiscalía considera que le permitirá llegar al fondo de todo el caso.
Por su parte, para el abogado penalista Jaime Lombana, sí lo es, pues “el país nunca habría podido conocer el trasfondo del escándalo sin su testimonio. Para desmantelar organizaciones criminales es necesario negociar así, sino, siempre se atraparán mandos bajos y no las cabezas”.
Agregó que para llegar al acuerdo, no solo Lyons debió ofrecer información relevante, sino que la Fiscalía debió asegurarse que no esté comprando información inflada.
Francisco Bernate, también experto en derecho penal, coincidió en que “fue un buen negocio” para la justicia llegar a este acuerdo, pues “asegura que haya una respuesta muy pronta para el caso”.
Al acogerse a la figura del preacuerdo, Lyons entrará a un control por parte de un juez que verificará transcurridos los tres años si lo que pactó se cumplió. Además, como varias de las investigaciones en su contra siguen en marcha, de encontrarse nuevos elementos en su contra, estos podrían cambiar el acuerdo.