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Alcalde advierte que a Medellín no le cabe un preso más
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Calabozos del sótano del Palacio de Justicia de Medellín. FOTO Robinson Sáenz Vargas
22 de julio de 2016
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“Pocas mejoras en emergencia carcelaria”, “Más de 7.300 presos en Colombia no tienen atención médica”, “Calabozos de estaciones a punto del colpaso”, “Desde este martes no ingresarían más internos a las cárceles de Medellín”, “En El Pedregal los presos iniciaron una huelga de hambre”: pareciera que cada titular sobre la crisis carcelaria en Colombia es la gota que rebosó el vaso, pero la emergencia persiste y las medidas son insuficientes.
Esta semana el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, envió el último grito de auxilio al Presidente de la República.
En una carta con fecha del 19 de julio, el mandatario de la capital antioqueña expone la delicada situación de las cárceles y centros de detención temporal de la ciudad, en donde los dragoneantes de Pedregal, Bellavista y el Centro Penitenciario de Itagüí se niegan a recibir internos desde hace más de dos meses.
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Esta situación, explica el Alcalde, “ha obligado a la Policía Nacional a trasladar a las Estaciones de Policía a las personas privadas de la libertad, generando una nueva crisis, en tanto que estos lugares tienen carácter transitorio con una permanencia máxima de 36 horas y en consecuencia no cuentan con las condiciones necesarias para que una persona permanezca allí por más tiempo del reglamentario”.
Según las cifras de la Alcaldía, en este momento se encuentran recluidos en las estaciones de Policía y en la sala transitoria de la Fiscalía un total de 694 internos, cuando la capacidad es para 290 personas. Es decir, el hacinamiento es del 239 por ciento.
Pero aunque parezca una cifra escandalosa, el hacinamiento en los centros transitorios es similar al de las cárceles en Medellín. En La Paz (Itagüí), el número de internos excede en 315% su capacidad; en Bellavista, 211%, y en el pabellón de hombres del complejo El Pedregal, 190%.
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Y si bien es cierto que el hacinamiento es una constante en todas las cárceles del país, en Antioquia la situación es más aguda. El promedio, los centros penitenciarios de Colombia exceden su capacidad en un 55%, ni siquiera la tercera parte de la crisis de El Pedregal.
Sin embargo, de acuerdo con la carta de Gutiérrez, hasta el día de hoy la Unidad de servicios Penitenciarios y Carcelarios -una entidad que pertenece al Ministerio de Justicia- no ha planteado ninguna solución a la crisis que se presenta en el departamento de Antioquia.
La situación no sólo es crítica por la cantidad de presos que hay en este momento, sino porque se acabó el lugar en las cárceles para las personas que tengan que ser judicializadas por algún crimen. Esto, dice Gutiérrez, “ha obstaculizado la operatividad de las autoridades policiales y judiciales, en tanto que es posible dar cumplimiento a las órdenes de captura emanadas de los Despachos Judiciales”.
Además, la infraestructura y la organización de los centros transitorios de reclusión no son los adecuados para que haya 694 personas privadas de la libertad, lo que aumenta el riesgo de fuga colectiva, “así como el amotinamiento que puede cobrar la vida de internos y custodios”, señala el Alcalde.
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En la carta, Gutiérrez asegura la administración municipal ha implementado las acciones que están a su alcance para la superación de la emergencia carcelaria, como la donación de un predio para la construcción del complejo penitenciario El Pedregal, la adquisición de equipos tecnológicos que apoyen la seguridad en los centros de reclusión y la celebración de contratos de personal para el proceso de resocialización de los internos, que según la Alcaldía sólo se ha podido llevar a cabo en la cárcel de El Pedregal porque las asociaciones sindicales de Bellavista lo han impedido.
“Por todo lo anterior”, le dice el Alcalde de Medellín al presidente Santos, “solicito de manera respetuosa la implementación de acciones urgentes tendientes a conjurar la crisis que hoy resulta insostenible para la ciudad de Medellín, pues a pesar de haberse emprendido todas las acciones posibles para apoyar el sistema carcelario, las mismas resultan insuficientes”.
No es la primera súplica
En junio de este año, un mes después de que el Gobierno decretara emergencia carcelaria en el país, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo le dieron un jalón de orejas al Ejecutivo.
La Procuraduría solicitó a la Presidencia definir criterios claros para enfrentar “de una buena vez” la crisis carcelaria. El llamado de atención también fue dirigido al director del Inpec, general Jorge Luis Rodríguez, por su ausencia en las mesas de trabajo que se convocaron para determinar las presuntas inconsistencias en el servicio de brazaletes electrónicos de los internos con prisión domiciliaria.
Para saber más: Gobierno decreta emergencia carcelaria en el país
Por su parte, la Defensoría del Pueblo denunció que más de 7.300 presos en Colombia de 23 centros de reclusión no tienen atención médica.
En un informe que presentó ante la Comisión Primera del Senado, la Defensoría aseguró también que en el país hay un médico por 797 internos, no existen regentes de farmacia y tampoco hay auxiliares a cargo del archivo de historias clínicas dentro de los establecimientos. Lo que dicen las cifras es que el vaso está rebosado desde hace tiempo.
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