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Despenalizar, la fórmula fácil contra hacinamiento
El Congreso, en su última legislatura, está concentrado en temas de paz y en elecciones. ¿Habrá ambiente?
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El proyecto despenalizaría delitos como la inasistencia alimentaria y la venta de medicamentos suministrados por el Estado. FOTO Julio César Herrera
El proyecto de reforma a la política criminal del Estado, que presentó el Gobierno a consideración del Congreso y que prevé la despenalización de varios tipos punibles, despertó elogios como críticas por parte de los expertos.
Para algunos, se trata de otro esfuerzo del Gobierno por cumplir con el deshacinamiento carcelario; otros expertos aplauden algunas de las modificaciones planteadas en el articulado, y otros no están de acuerdo en despenalizar aspectos como la injuria y la calumnia, sobre todo en momentos en que se ha vuelto una práctica recurrente, en especial en las redes sociales.
Incluso, no faltan los que consideran que el proyecto debe convertirse en una auténtica política, pero advierten que para ello es necesario formar al ciudadano con el fin de que entienda que el único modelo de justicia no es el carcelario.
El proyecto, en términos generales, contempla tres bloques temáticos: la despenalización de algunas conductas, la sustitución de condenas por penas alternativas y la modificación de algunos subrogados penales.
Despenalización
El articulado del proyecto despenaliza delitos como la inasistencia alimentaria, la transferencia ilegal de cheques, la venta de medicamentos suministrados por el Estado, la obstrucción de la vía pública o la compraventa de aparatos para interceptar comunicaciones privadas.
Para el ex fiscal Alfonso Gómez “más efectivo que las penas de cárcel para la injuria y la calumnia son las sanciones económicas. Además que ese delito -injuria y calumnia- siempre ha sido excarcelable, es decir, la sanción penal ni se aplica”.
Frente al tema, el expresidente de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán Sierra, dice que ese tipo penal “hay que mantenerlo como está. Hoy se volvió típico acudir a vilipendiar a las personas para dirimir las diferencias, en especial gracias a los avances tecnológicos, y eso no puede seguir así”.
En cuanto a la despenalización de la asistencia alimentaria, los expertos aplauden la propuesta, entre otras cosas porque advierten que “un padre irresponsable en la cárcel no puede cumplir sus obligaciones”.
Penas alternativas
El proyecto, así mismo, crea la figura de prestación de servicios de utilidad pública, es decir el cambio de sanciones penales por servicios comunitarios. Se trata de que la persona condenada pueda conmutar la privación de la libertad por una pena sustituta por trabajo social en favor de organizaciones sin ánimo de lucro o entidades públicas: recuperación o mejoramiento del espacio público, el apoyo o la asistencia a las víctimas, trabajo con comunidades o actividades culturales y ambientales, entre otras.
Esto, para el abogado penalista Iván Cancino, se trata de “un verdadero avance”. Dice el jurista que “a la ciudadanía no se le puede seguir amenazando con que va para la cárcel cuando una persona comete un error que puede ser subsanable y puede redimirlo con una sanción diferente a la cárcel”.
Cancino señala que “es fabuloso” que la política criminal del Estado avance hacia una verdadera resocialización personal “que no se consigue estando privado de la libertad”.
Subrogrados penales
Así mismo, el proyecto prevé la modificación de subrogados penales entre ellos: Por cada tres días de trabajo y estudio se pueden redimir dos; detención domiciliaria para personas mayores de 60 años y desde el sexto mes para las internas embarazadas; detención domiciliaria al cumplirse 45 % de la pena efectiva de privación de la libertad, y hasta salidas cortas del centro reclusorio y permisos transitorios para trabajar desde la libertad, cuando se haya cumplido 40 % de las penas cumplidas.
En este aspecto, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla Paucar, afirma que “es evidente el esfuerzo del Gobierno por el deshacinamiento carcelario”.
El jurista señala que si bien “es un avance”, cambiar las penas de prisión por otras alternativas, el Gobierno “es incoherente”, pues mientras busca despenalizar unas conductas tipifica otras. Se refiere al proyecto anticorrupción que presentó al Congreso el fiscal Néstor Martínez.
“Hay una enorme contradicción entre una propuesta como esta y la de tipificar nuevos delitos contra la corrupción”, sostiene Arrubla Paucar, aunque sí está de acuerdo con los trabajos comunitarios a cambio de prisión, “siempre que se tenga en cuenta el nivel socioeconómico de cada persona: por ejemplo, que los médicos (condenados) presenten un servicio comunitario en regiones donde no hay atención de salud”.
¿Oportuno?
Los expertos consultados sostienen que si bien el propósito de la iniciativa es bien intencionado, este no es el momento más adecuado para tramitar en el Congreso.
“Yo veo muy difícil que pueda avanzar en un año electoral como este, porque para el Legislativo un tema como este no es prioritario”, sostiene el penalista Cancino. Mientras, el exfiscal Gómez Méndez dice que esta iniciativa “debe ir acompañada de un modelo de educación en prevención criminal, no solo de represión” .
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