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Por 300.000 pesos un movimiento político puede por estos días alquilar un salón en Apartadó para promover la campaña de un aspirante al Congreso, a las elecciones del próximo 11 de marzo. Un refrigerio (jugo con pastel) cuesta 8.000 pesos, y para esos encuentros el cuórum debe ser al menos de 50 personas.
A finales de enero, un hotel de la localidad celebró dos de esas reuniones, una al mediodía y otra en la tarde. Llegaron participantes de “lejos” (residentes fuera de Apartadó), quienes en algunos casos pidieron que se les reconocieran los pasajes. El responsable de la reunión en varias ocasiones entregó 10.000 pesos, en otras 20.000 y en otra hasta 30.000 pesos para así cumplirles a los asistentes “con lo prometido”.
Afuera, en las calles de los principales municipios del Eje Bananero de Urabá, es decir Carepa, Chigorodó y Apartadó, la publicidad política no tiene gran despliegue. No se observan grandes vallas. Hay pasacalles en algunas esquinas, pocos pendones en algunos muros o ventanales, y en los postes se observan afiches de los diferentes partidos invitando a votar por sus candidatos. Para algunos habitantes de Chigorodó, como Ricardo Ramírez Vásquez “todo está muy quieto. La gente no tiene ánimo de participar, porque hay mucho abandono de parte de los políticos”.
Otra cosa cree Mauricio Arango Correa, ganadero de Carepa: “Hay cierta tensión con el tema de los peajes. Ningún aspirante al Senado o la Cámara de Representantes viene a plantear una solución”. El hombre hace referencia al malestar que hay en esas comunidades por la instalación de algunos peajes para financiar las obras de un corredor vial de 254 kilómetros, que hace parte de la llamada Transversal de las Américas, lo que ocasionó protestas y disturbios a comienzos de este año. “Esos peajes le van a pasar cuenta de cobro a todos los políticos que se atrevan a decir que le están ayudando a esta región con ese asunto”.
En la misma línea se expresa José Varela, presidente de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Urabá, quien asegura que la inconveniencia de ubicar los peajes en los sitios definidos por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Cirilo, Riogrande y Chaparral, fue advertido por la gente.
“Pretender decir que un dirigente político hizo ese llamado de atención, no es cierto. El descontento de la comunidad con los políticos actuales es porque han desconocido las necesidades de los habitantes de la zona y eso hace que estén renuentes a asistir a reuniones o a escucharlos. La gente está muy sentida”.
Aunque hasta hace cuatro años la presencia de las Farc en la zona era tenida como un “factor de presión”, su desmovilización y conversión en movimiento político poco cambia el panorama.
“Durante años de guerra en nada ayudaron a la región. Hoy como actor político creo que tampoco ofrecen nada ni siquiera soluciones a la problemática que enfrentamos”, dice Varela.
No obstante, hay llamados de atención: “Se sienten movimientos y hay comentarios de que el Eln está a punto de entrar a la zona. Hay una tensa calma, para nadie es un secreto la influencia que hay de grupos interesados en el tráfico de drogas. Uno no sabe si financian o no alguna campaña”, agrega Arango.
Por su parte, el personero de Apartadó, Roosvelt Ospina, advierte que grupos delicuenciales como el Clan del Golfo tienen la capacidad de intimidar a cualquier comunidad y confía en que las iniciativas para el sometimiento a la justicia de esta y otras estructuras ilegales se concreten.
Aunque hace cuatro años en el recorrido de EL COLOMBIANO por Urabá se apreció publicidad de aspirantes costeños, caucanos, vallecaucanos y nortesantandereanos, este año esa presencia foránea es poca.
No obstante, algunas versiones recogidas por este diario y que no pudieron ser contrastadas dan cuenta de supuestas alianzas de políticos de Urabá con dirigentes del Atlántico. Otras denunciaron convocatorias a víctimas del conflicto, que terminaron participando en reuniones de tipo político.
Por último la Misión de Observación Electoral (MOE) alertó que en Vigía del Fuerte la tasa de inscripción de cédulas fue mayor al promedio nacional, lo que podría sugerir un caso de trashumancia. Mientras que en todo el país la tasa de inscripción de cédulas es de 30,6 por cada mil habitantes, en Vigía fue de 154,9 .