En varias licencias de los "edificios enfermos" en Medellín es curioso ver algunos nombres en común. Uno de ellos es el antiguo responsable de la Curaduría Segunda, Carlos Alberto Ruiz Arango.

Siete edificios de Medellín, con licencias de construcción aprobadas por Ruiz Arango, presentaron problemas en su estructura. Además, todos fueron realizados por alguna de las filiales de CDO (Lérida, Alsacia, Vifasa, Teruel o Calamar) entre ellos: Space, Asensi, Continental Towers, Cerezos de Calasania, Colores de Calasania, Punta Luna 1 y Punta Luna 3.

Este curador, fue a la vez víctima, pues tenía apartamento en la torre 4 de Space. Su esposa además le había comprado otro apartamento a su hija en el edificio vecino (también con problemas) y aunque reiteró que no fueron parte de pago por su trabajo, muchas personas sospecharon de su proceder.

La imagen de este arquitecto de la Universidad Nacional se deterioró tras el colapso de Space, pues le tocó enfrentar un proceso judicial por prevaricato de casi un año, junto a la excuradora segunda Eliney Francis Llanos, que aprobó las primeras licencias de Space y una de Bernavento, el edificio que fue demolido este 2018 y Colores de Calasania, repotenciado, todos con cálculos de la oficina de Aristizábal.

Durante el proceso, la Fiscalía estableció que en la expedición de licencias para la construcción de Space se violaron normas de la ley de sismorresistencia al otorgar y modificar las licencias. de las fases 1 a la 3 (en el caso de Eliney Llanos) y de la etapa 4 a la 6 (en el caso de Carlos Alberto Ruiz).

Según lo dicho por la Fiscalía, las decisiones tomadas por estos curadores eran contrarias al ordenamiento jurídico, por lo que el juez le otorgó el estatus de víctima al Municipio de Medellín, evitando así una avalancha de demandas por 40.000 millones de pesos por parte de los afectados que señalaban al municipio como culpable al otorgar las licencias.

Aunque una demanda interpuesta por los propietarios de Continental Towers, el edificio desalojado por fallas estructurales en 2013, tiene hoy entre las cuerdas al Municipio, por su falta de control y vigilancia en la obra. La Alcaldía por su parte manifiesta que la entidad no podía exceder las competencias que le otorga la normatividad.

“El monitoreo y seguimiento a las construcciones por parte de la Administración Municipal en ese momento era de observación y de verificación de la correspondencia entre lo licenciado y lo construido en planos arquitectónicos, y de la disposición espacial de la estructura que soporta los edificios”, indicó Verónica De Vivero, secretaria general de la Alcaldía, a EL COLOMBIANO.

La Alcaldía no ha realizado actuaciones para reparar a los afectados, pues consideran que no fueron los generadores del daño a los propietarios. Además, Vivero dice que en el caso de las licencias aprobadas por los curadores, ellos son personas autónomas en el ejercicio de su función por lo que deben responder disciplinaria, fiscal, civil y penalmente por los daños y perjuicios.

El caso de Ruiz y Llanos tuvo su trasegar por el Juzgado 13 Penal del Circuito que los absolvió en primera instancia y por el Tribunal Superior, que hizo lo mismo, pero compulsó copias a la Fiscalía para investigar a tres ingenieros: dos exfuncionarios de la Curaduría y el profesional que revisó los cálculos del edificio Space, Edgar Mauricio Ardila, empleado de Aristizábal y calculista del edificio Bernavento, ya demolido por implosión.

Hoy, las víctimas de Space siguen convencidas de la responsabilidad de ambos curadores Ruiz y Llanos en la tragedia, por aprobar licencias sin cumplir con los mínimos estándares de la construcción sismorresistente. "Está claro que no se hizo un control efectivo para el licenciamiento de cada una de las etapas del proyecto”, afirmó Juan Camilo Muñetón, abogado de las víctimas.

Sobre los hechos de corrupción que se han presentado en las curadurías, el Colegio Nacional de Curadores Urbanos se ha pronunciado numerosas veces asegurando que la designación de curadores urbanos se ha convertido en un botín burocrático, político y económico.

Adicional a eso, Ángela María Restrepo, expresidente de la colectividad, denunció en 2017 que se estaban dando nombramientos en las jefaturas de planeación que no cumplían con los requisitos y calidades para entregar licencias.

Hay que señalar que anteriormente la revisión de los diseños de las edificaciones y la expedición de licencias era facultad de las oficinas de Planeación Municipal.

Pero en el año de 1997, con el fin de corregir los problemas de inoperancia y corrupción, se delegó esa función a las curadurías para municipios de más de 100.000 habitantes. Hoy el país cuenta con 75 curadores en 36 municipios y 1.086 municipios donde las licencias las expiden los jefes de planeación.

"Sin temor a equivocarnos podemos afirmar, que, aquí todo el mundo construye lo que quiere y como quiere, sin licencia o en contravención a ella, sin que nada suceda: en Colombia no existe control urbano y nadie ha dicho nada sobre esto. En este caso, solo le endilgan la culpa de un edificio que se cae a un curador", señalaba Restrepo en la carta.