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Ayer a las 11 y 16 de la mañana la acción de Isagén se cotizaba a 2.960 pesos, pero a esa hora se conoció que el Ministerio de Hacienda retomaba la venta de la generadora y el papel llegó a los 3.015 pesos, nivel que no alcanzaba desde agosto pasado.
A través de un aviso en la Superintendencia Financiera, el Gobierno informó que hasta el 15 de abril estará abierto el proceso de precalificación para los interesados en participar en este negocio, con el que se buscan recursos del orden de los cinco billones de pesos, que apalancarían las proyectadas inversiones en infraestructura.
La reapertura de este proceso está en línea con la revelación de EL COLOMBIANO el pasado 20 de febrero, cuando se informó que el Ministerio de Hacienda había ordenado, en absoluta reserva, abrir el cuarto de datos, con lo que se daba por descontado que la venta de la compañía estaba nuevamente en marcha.
Rodrigo Paniagua, presidente de la Asociación de Trabajadores de la Energía (Atrae), sindicato mayoritario de Isagén, insistió en que “se trata de la decisión más inconveniente pues la empresa es estratégica para el desarrollo del país, en la medida que siga controlada por la Nación. Hay muchas formas de financiar las vías que se necesitan, pero en el Gobierno solo hay oídos sordos”.
Expertos llamaron la atención sobre el precio de venta de la acción, que si bien el Decreto 2316 de octubre 22 de 2013 lo fijó en 3.178 pesos, este debe ajustarse de acuerdo al IPC mensual (4,49 aproximadamente a la fecha), es decir se ubica en 3.32o pesos.
La nueva precalificación coincidió con la decisión de la junta directiva de la empresa de presentar en la asamblea de accionistas, el próximo 25 de marzo, una proposición para doblar este año el pago de dividendos.
La iniciativa es entregar un dividendo ordinario de 81,40 pesos y un dividendo extraordinario de 95,16 por acción, con lo que cada socio recibiría 176,56 pesos, es decir 2,2 veces lo recibido el año anterior cuando el dividendo (sumado el ordinario y el extraordinario) fue de 79,7 pesos.
Con esta decisión, el Gobierno que posee el 57,61 por ciento de las acciones de la generadora de energía recibiría 277.285 millones de pesos, cifra superior a los 125.168 millones que obtuvo de la operación de 2013.