HISTÓRICO
Claridad en dosis mínima
  • Claridad en dosis mínima | ILUSTRACIÓN MORPHART
    Claridad en dosis mínima | ILUSTRACIÓN MORPHART
EL COLOMBIANO | Publicado el 31 de enero de 2013

La presentación que hizo la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, sobre la eventual inclusión de nuevas drogas en el "kit" permitido como dosis personal, no fue buena. Un tema de esa complejidad no puede anunciarse públicamente con tal improvisación, como si fuese un asunto de trámite. Habría que tener mayor tacto, mejor conocimiento del tema y más habilidad política.

Habilidad no para disfrazar el problema con palabras que lo hagan ver menos grave, sino para que los colombianos estemos plenamente informados de las justificaciones para ampliar el catálogo de estupefacientes permitidos para consumo personal y, por otro lado, las consecuencias que ello acarreará a la sociedad.

Porque hay opiniones de diversa índole que se quedan en el análisis meramente económico del ciclo producción, oferta (distribución) y demanda (consumo).

La economía puede explicar con claridad la existencia de oferta permanente de narcóticos cuando la demanda no cesa. Así como la contradicción entre permitir el porte y consumo de dosis personal, mientras la producción, distribución y venta se prohíben.

Pero a muchos partidarios de la visión economicista les convendría darse una vuelta por las entradas de algunos colegios o universidades de cualesquiera de nuestras ciudades. Ya no hay que ir a mirar a Estados Unidos. Aquí el consumo de drogas estupefacientes supera el de muchos países del mundo. No somos sólo productores, que no se olvide.

Es verdad que hay un general consenso sobre la inconveniencia de criminalizar al adicto, y en cuanto a la inutilidad de enviar a la cárcel a quien necesita, más bien, un tratamiento médico especializado.

Y así lo entendió el legislador colombiano, al aprobar el acto legislativo N° 02 de 2009, que adicionó el artículo 49 de la Constitución Política. (Este artículo 49, a propósito, tiene un mandato que a menudo se omite, pero no por eso deja de estar vigente: "Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad").

La reforma constitucional de 2009 dejó claro que el tratamiento para el adicto es terapéutico y pedagógico, no penal. El penal subsiste para quienes trafican y distribuyen los narcóticos. Y de esa diferencia de trato se han pegado, a menudo, quienes quieren confundir los términos de la discusión.

Hay un peligro latente, más allá de si se impone finalmente el pragmatismo que el Gobierno de Juan Manuel Santos quiere aplicar al tema de la dosis mínima: las fronteras borrosas entre querer reglamentar el consumo, y la sensación de la comunidad de que ello trae flexibilidad en la persecución al narcotráfico.

Los barrios de las ciudades están infestados por el microtráfico. La red de distribución tiene una efectividad que no tiene la actividad policial. Esta última, confundida sobremanera por la falta de claridad legal y jurisprudencial sobre el alcance permitido de la actuación de la autoridad.

En lo que no debe haber duda, nunca, es en la protección a la niñez, a la adolescencia. Están cercados por mercaderes del vicio. Es bueno hablar de libre desarrollo a la personalidad, pero antes de eso, es esencial hablar de formación y madurez para tomar correctas decisiones de vida.

El debate que propone el Gobierno hay que hacerlo. Y a los primeros que hay que oír, y atender, es a los padres de familia.