HISTÓRICO
Condena al Idea por arrebatar acciones a socio de Hidroituango
  • Condena al Idea por arrebatar acciones a socio de Hidroituango | Hidroituango es la central hidroeléctrica más grande del país y actualmente la construye Empresas Públicas de Medellín. Se inaugurará en el año 2018. FOTO ARCHIVO
    Condena al Idea por arrebatar acciones a socio de Hidroituango | Hidroituango es la central hidroeléctrica más grande del país y actualmente la construye Empresas Públicas de Medellín. Se inaugurará en el año 2018. FOTO ARCHIVO
Por GERMÁN JIMÉNEZ MORALES | Publicado el 16 de diciembre de 2012

Un tribunal de arbitramento de la Cámara de Comercio de Medellín (Laudo arbitral) sentenció que la empresa Asfaltos y Vías fue despojada por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea) de un paquete de 36.731 acciones de Pescadero Ituango -hoy Hidroituango- y tasó en 1.516 millones de pesos la indemnización que el Instituto deberá reconocerle al empresario privado.

La génesis del conflicto está fechada 28 de julio de 2008. Ese día el gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, y el gerente General del Idea, Álvaro Vásquez Osorio, realizaron lo que en su momento EPM calificó de toma hostil de Pescadero Ituango, el mejor proyecto hidroeléctrico del país en toda su historia. Para ello, compraron por cerca de 100.000 millones de pesos un paquete de control que tenían accionistas minoritarios.

La base de la compraventa fue la certificación de la sociedad promotora del número de acciones suscritas y pagadas que tenían los minoritarios, a los que por cada título se les pagó 36.854 pesos con 50 centavos. Sin embargo, estos accionistas también eran dueños de acciones que habían suscrito, pero que estaban pendientes de pago, sobre las cuales les debían expedir unos títulos provisionales, algo que la sociedad no hacía.

Fuentes consultadas por este diario indican que esas acciones no registradas eran tan numerosas como las que el Idea había comprado. Cuando el Instituto se percató del error -que ponía en riesgo su dominio del proyecto- redactó un documento que a través de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) y de un abogado del Idea les pidió a los minotirarios que firmaran. Allí declaraban que habían enajenado al Idea la totalidad de las acciones y derechos que poseían.

¿Pacto de caballeros?
Según una fuente de la CCI, así se hizo, porque detrás existía un pacto de caballeros que la mayoría de las firmas vendedoras respetó, en el entendido de que lo que se había enajenado era un paquete accionario, dentro del cual lo más valioso era el control del proyecto que le otorgaba al Idea.

La perentoria orden de "firmen, firmen" no fue acogida por varios empresarios, para quienes algo no estaba bien. Cuando averiguaron y vieron que aún tenían unas acciones suscritas y pendientes de pago, pidieron que se las devolvieran. La primera sorpresa de la historia es que a ESI Ltda, Perfilar, Ingeniería y Contratos y Alberto Gómez Montoya les devolvieron los títulos que reclamaron.

Eso llevó a que en prensa Álvaro Vásquez Osorio hablara del incumplimiento de un contrato, una acusación a la que ESI Ltda e Ingeniería y Contratos respondieron con una denuncia penal por injuria contra Vásquez. Como este último tenía entre sus planes ir tras la Gobernación de Antioquia, al final concilió con los empresarios particulares.

Sin embargo, un pleito quedó vivo. Para recuperar 3 millones 378.000 pesos que Asfaltos y Vías presuntamente no le había enajenado en acciones, el Idea convocó a la firma a un tribunal de arbitramento. Este le sirvió al particular para presentar una demanda de reconvención -a través de su apoderado, Juan Esteban Sanín Gómez - dentro de la que pidió que le repararan perjuicios por 1.800 millones de pesos, por concepto de las acciones con las que se había quedado el Idea, más el lucro cesante por no haber podido participar como accionsita en EPM Ituango S.A. E.S.P.

Le quitaron las acciones
El desorden en la sociedad promotora era notorio. En el negocio con los minoritarios el Idea se comprometió a asumir una reciente capitalización. Como Asfaltos ya la había hecho, pidió que le reembolsaran su plata, a lo que el Idea le dijo que no. El empresario se fue a la sociedad promotora, manifestó que no le habían reembolsado su dinero y pidió que le devolvieran sus títulos, los mismos que le fueron entregados. Así, para octubre de 2008 ese empresario, que había vendido las acciones suscritas y pagadas y que también había firmado la carta que redactó el Idea, aparecía y actuaba como accionista de la sociedad promotora. En uso de sus derechos, el empresario capitalizó más acciones que le fueron ofrecidas, su nombre apareció en el Código de Buen Gobierno de la sociedad y hasta fue citado a las asambleas de accionistas.

Posteriormente, en una Junta de Hidroituango, un miembro de tal órgano directivo, que representaba al Idea, le advirtió al abogado de la sociedad promotora que unas acciones a nombre de Asfaltos y Vías le pertenecían al Instituto. El abogado hizo la gestión y le escribió una carta al accionista, diciéndole que él había enajenado todas sus acciones, que había firmado la carta y que pasara por la tesorería a recoger el reembolso de lo que había pagado por las capitalizaciones. Comunicado eso, le quitaron las acciones y lo borraron del libro de accionistas en abril de 2009.

El empresario, que se había mostrado renuente a demandar, terminó aceptando el consejo de sus asesores legales. En junio de 2010 tuvo que encarar el tribunal de arbitramento convocado por el Idea para devolverle al Instituto 335 acciones; el 22 de noviembre de 2010 su apoderado presentó la demanda de reconvención, que luego de un tránsito muy agitado culminó el pasado 5 de diciembre con un laudo en el que los árbitros declararon que Asfaltos y Vías es la titular legítima de 36.731 acciones, las mismas de las que había sido despojada por el Idea y cuya restitución se hizo difícil porque quedaron dentro del paquete que el Idea le vendió posteriormente a EPM Ituango, en abril de 2011.

Como los errores se pagan con plata, eso le costará al Idea 1.516 millones de pesos, aunque el Instituto interpuso recursos legales para tratar de evitarlo.