HISTÓRICO
Defensa oportuna ayudaría a reducir hacinamiento en cárceles
  • Defensa oportuna ayudaría a reducir hacinamiento en cárceles | La ministra de Justicia, Ruth Stella Correa anunció que en la cárcel de Bellavista, en Bello, tendrán sus despachos algunos de los nuevos jueces de garantía S. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Defensa oportuna ayudaría a reducir hacinamiento en cárceles | La ministra de Justicia, Ruth Stella Correa anunció que en la cárcel de Bellavista, en Bello, tendrán sus despachos algunos de los nuevos jueces de garantía S. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Por: CLARA ISABEL VÉLEZ RINCÓN | Publicado el 24 de marzo de 2013

Si los derechos a la defensa y al debido proceso consagrado en la Constitución se cumplieran a cabalidad, el hacinamiento carcelario, que llega en promedio al 52,9 por ciento, podría comenzar a disminuir.

¿La razón? Si muchos de los internos hubieran tenido una defensa adecuada no habrían sido condenados y si no hubiera congestión judicial, algunos internos no pasarían hasta cuatro años como sindicados. Además, si los internos tuvieran acceso a un abogado que siguiera su caso, este podría tramitar la petición de beneficios.

Sin embargo, la falta de recursos para pagar un abogado y el déficit en los jueces de ejecución de penas, porque los existentes no alcanzan, también contribuyen al hacinamiento carcelario.

De ahí que entre las iniciativas de la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, para avanzar en la descongestión carcelaria está el seguimiento a los procesos de los internos con el apoyo de las facultades de Derecho, la actualización del Sisipec, que es una especie de hoja de vida de los internos, y su paso por los penales y la insistencia ante el Consejo Superior de la Judicatura para que se nombren jueces de ejecución de penas.

A esto se suma el ofrecimiento del defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, de fortalecer la participación de la defensoría pública, que este año abrió concurso para vincular a 2.300 defensores públicos.

Faltan jueces
La diputada a la Asamblea de Antioquia, Orfa Nelly Velásquez, quien fue directora de la cárcel de Bellavista, y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Édgar Espíndola, coinciden en que la falta de jueces de ejecución de penas es un cuello de botella para lograr la descongestión en los penales.

"Si se tienen los defensores públicos se podría saber quiénes tienen derecho a beneficios como la casa por cárcel, la libertad vigilada o que recuperar la libertad por cumplimiento de las dos terceras parte de su pena El problema está que en como son los jueces de ejecución de penas los que toman la decisión y como han muy pocos, entonces esas peticiones están congeladas", señaló la diputada Velásquez.

Este año, indicó la ministra Correa, el compromiso del CSJ es la vinculación de 73 jueces de ejecución de penas. "Hemos identificado cárceles en las que podrían despachar directamente estos jueces. Una de ellas es la de Bellavista".

Sistema colapsado
Para la diputada Velásquez, la lentitud en los procesos contribuye al hacinamiento, porque hay personas que permanecen entre tres y cuatro años en prisión en calidad de sindicados. A veces, cuando termina el juicio la condena resulta igual o hasta inferior al tiempo que permanecieron presos.

Juan Carlos Álvarez, profesor de Derecho de la Universidad Eafit, coincide en que la revisión de los casos de los internos podría ayudar a aliviar el "colapso carcelario" que se vive en el país. Por eso al igual que la ministra de Justicia destacó el papel que juegan los estudiantes de Derecho que hacen seguimiento a los procesos.

De este grupo, indicó Álvarez, hacen parte los alumnos de Eafit, pues la universidad firmó un convenio con el Inpec para que se encarguen de hacer seguimiento a los procesos de las personas que podrían ser liberados por pena cumplida.

"En la cárcel de Bellavista (en Bello) hay un solo funcionario del Inpec que está encargado de tramitar 5.000 solicitudes de beneficios. Esa persona, sin ayuda, se demoraría 15 años para resolver estas solicitudes. Por eso es importante el papel que jugarán los estudiantes", indicó Álvarez.

Para el profesor Álvarez, la participación de los defensores públicos es fundamental para "profesionalizar" la defensa de los procesados porque permiten contar con una persona que recibe una remuneración del Estado por seguir su caso.

Sin embargo, lamentó que todavía sea común la práctica de buscar de afán en los juzgados a un abogado que represente a un capturado que llega a una diligencia y no cuenta con uno. "Esta práctica va en contra del derecho a la defensa porque el abogado no está preparado para asumir el caso".