HISTÓRICO
El canal de Nicaragua
  • ILUSTRACIÓN MORPHART
    ILUSTRACIÓN MORPHART
EL COLOMBIANO | Publicado el 15 de junio de 2013

Tras un trámite relámpago, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó esta semana la construcción de un canal interoceánico en ese país. Menos de 24 horas después, el Presidente Daniel Ortega firmó con un empresario chino un acuerdo marco para la construcción del canal, un ferrocarril, dos puertos de aguas profundas, dos zonas de libre comercio y un aeropuerto internacional.

El hecho ha causado revuelo, con justificada razón. Se trata de realizar la mayor obra de infraestructura de la historia de América Central, que triplicaría la capacidad del canal existente en la región y ampliaría exponencialmente la presencia política y comercial de China en el Continente.

El faraónico proyecto suscita sospechas y conjeturas en la oposición de Nicaragua, que ve en el mismo una estrategia del desprestigiado presidente Ortega para recuperar el afecto de su pueblo a través de otro intento de "alcanzar la tierra prometida", ya que Nicaragua cumple más de un siglo en la búsqueda de construir el canal. Y también en Colombia donde hay quienes ven en la obra, un motivo de fondo del litigio que instauró Nicaragua contra nuestro país, por la soberanía del mar territorial en el archipiélago de San Andrés.

Lo primero para destacar al respecto es que hasta ahora se trata de un simple planteamiento. De acuerdo con la información divulgada en Nicaragua, el nuevo entusiasmo por el proyecto surgió de un estudio de la prestigiosa firma McKinsey & Co. que concluyó que el ingreso de buques cada vez más grandes en el comercio mundial haría viable económicamente un canal en ese país. Pero el propio Daniel Ortega y en las últimas horas el vocero de la firma que recibió la concesión, HK Nicaragua Canal Development Investment Co, Ronald Mac Lean, han anunciado que no hay hasta el momento un trazado definido y que el proyecto no cuenta con ningún estudio de factibilidad económica, técnica o ambiental, lo cual hace vago e impredecible su futuro.

Un muy importante equipo integrado por la propia McKinsey & Co y la Environmental Resources Management (ERM), una de las principales consultoras de sostenibilidad del mundo, realizarán durante los próximos dos años, con cargo al inversionista chino, los estudios de factibilidad económica y financiera, así como el impacto ambiental y social de la obra, con base en los cuales saldrían al mercado en busca de financiación o, de resultar adverso, descartarían el proyecto.

La oposición y parte de los propios sandinistas cuestionan la concesión del canal a 50 años renovables a una poco conocida firma de Hong Kong, que revertiría 51 % de la propiedad a Nicaragua en el año 50 y 90 % en el año 100.

Pero la principal fuente de reparos en Nicaragua y en el mundo surge de que todas las rutas planteadas para la construcción obligan a transitar por el Gran Lago de Nicaragua, el mayor de Centroamérica y el segundo mayor de Latinoamérica, lo cual pondría en peligro la cuenca que surte de agua a la mayor parte de la población del país. Y afectaría en forma importante otras reservas naturales, ecosistemas costeros, humedales y bosque tropical.

Impacta la presencia de China en el proyecto, aunque hasta ahora no se haya dado a nivel oficial sino a través de un joven millonario de Hong Kong.

Ello se debe a que Nicaragua es uno de los pocos países del mundo que no tiene relaciones diplomáticas con la República Popular (mantiene su embajada en Taiwán). Con el anuncio de otras millonarias inversiones chinas en tecnología satelital en Nicaragua y frente a la oportunidad servida de lograr un acceso privilegiado a Norteamérica y consolidar su presencia comercial y política en el continente, es previsible que esa relación diplomática cambiará rápidamente.

Los reparos y suspicacias desde Colombia son comprensibles, cuando están tan frescas las heridas por el fallo del Tribunal de La Haya y por la circunstancia misma que los trazados propuestos para el canal transitan por aguas en litigio. Pero resultaría imprudente y extremadamente riesgoso plantear una revisión del fallo alegando falta de transparencia o posible corrupción en la Corte Internacional de Justicia. Más razonable y apropiado sería proseguir la ruta de desconocer el alcance del fallo sin abrir nuevos conflictos y sin apartarse de la vía y los conductos diplomáticos.