HISTÓRICO
Es hora de enfrentar la mafia que hay detrás del chance: Merchán
  • Rafael Merchán, secretario de Transparencia. | FOTO COLPRENSA
    Rafael Merchán, secretario de Transparencia. | FOTO COLPRENSA
Por COLPRENSA | Publicado el 24 de agosto de 2013

Alertado por las denuncias y después de tres meses de investigación, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia decidió congelar la adjudicación del negocio del chance en Sucre, ante posibles irregularidades que comprometen la empresa de Enilse López, conocida como La Gata, y de su hijo el senador Héctor Julio Alfonso López.

Rafael Merchán, secretario de Transparencia, explicó los alcances de la decisión.

¿Qué pasó con la adjudicación de chance en Sucre?
"Recibimos en mayo una serie de alertas ciudadanas porque a ‘La Gata’ le iban a renovar las concesiones del chance por cinco años. Investigamos y nos dimos cuenta de que la empresa Aposucre, de ‘La Gata’, estaba en el proceso. Logramos probar que su hijo, el senador, también es accionista de esa empresa".

¿Qué fue lo que hallaron?
"El contratista sacaría un beneficio de $80 millones contra los intereses del departamento, eso es detrimento. Además los pliegos estaban direccionados a Aposucre: exigían 15 años de experiencia, lo que solo cumplía esa empresa, y le daban un puntaje muy alto a las que tuvieran instalados los puntos de chance en todo el departamento, condición que solo cumplía Aposucre. Por eso pedimos la suspensión del proceso".

¿Qué participación tiene el senador Héctor Alfonso?
"El senador aparece con el 7 % de participación, un hermano de él tiene el 5, la empresa Unicat tiene el 20 y Aposucre, el 43 %. El argumento jurídico es que si bien el senador López tiene un control minoritario sobre la empresa ejerce control fáctico. El precepto constitucional dice que usted no puede contratar ni por sí, ni por interpuesta persona con el Estado. El Consejo de Estado ha dicho que no hay que mirar el porcentaje de participación del posible incurso sino su capacidad de influir sobre la empresa y en ese sentido es claro que Aposucre es de la familia del senador y que él tiene un control sobre ella".

¿Qué sigue en este caso?
"Un proceso licitatorio donde hay un único proponente no tiene muy buen aspecto y eso ha ocurrido en los distintos chances del país, uno lo que ve es que los chanceros se reparten el país y no compiten entre sí. Queremos que haya competencia en unos pliegos, que tendrán mayor objetividad".

¿Esa repartición de los chanceros es ilegal?
"No me atrevo a decir que es ilegal, uno puede hablar de prácticas restrictivas de la competencia. Por décadas el Estado ha ido acumulando errores y se hizo vigilancia precaria. Por ese desgreño, el Gobierno ha tenido miedo a enfrentar las mafias. El Gobierno ve en este caso de Sucre, la oportunidad para jugársela por un chance limpio y transparente".

¿Habrá intervención para controlar ese negocio?
"No lo llamaría intervención porque los departamentos son autónomos para adjudicar. Habrá mayor control fiscal, que se tome con seriedad la obligatoriedad de las famosas evaluaciones que deben ser anuales y que se produzcan las sanciones cuando el operador no cumpla. Coljuegos y la Superintendencia deben tener control más detallado sobre las finanzas de los chanceros en la medida en que si esos sistemas no son suficientemente desarrollados, no sabemos si el 12 % que deben transferir a las arcas corresponde o no a lo que las normas asignan. El chance debe entrar en cintura".

¿Hay otras estrategias para combatir la corrupción?
"Por supuesto, estamos ad portas de aprobar un Conpes de unos $250.000 millones que tiene acciones muy concretas de 20 entidades".

¿Qué sanciones hay para que el corrupto sí sienta la mano del Estado?
"Uno de los grandes cuellos de botella en la lucha contra la corrupción es perseguir los bienes objeto de los actos de corrupción. Hemos fortalecido la inteligencia financiera que estará ligada a la inteligencia de la Policía y la Judicial de mano con la Fiscalía. Nada sacamos con que a una persona se le meta presa 3 o 4 años y después salga a disfrutar los millones de dólares producto de la corrupción".

¿Van a incautar los bienes de los corruptos?
"El objetivo del Estado debe ser recuperar los bienes que los corruptos hayan adquirido con esos dineros, a eso apunta la ley en trámite en el Congreso".