HISTÓRICO
¡ESE SAPO NO!
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Por RAFAEL NIETO LOAIZA | Publicado el 04 de mayo de 2013

La mejor solución al conflicto armado en Colombia es la negociación. La razón es simple: disminuye el costo en vidas humanas. Vidas de los más pobres, por cierto, que son quienes integran, con poquísimas excepciones, nuestra Fuerza Pública y los grupos armados violentos.

Ahora bien, para empezar, negociar no es someterse. No es ético y no tiene sentido ninguno concederle en la negociación al enemigo aquello que no ganó en el combate. Si el propósito fuera claudicar, mejor hacerlo de inmediato y evitarse tantos muertos.

Después, la única negociación aceptable es aquella que trae el fin del conflicto. La negociación que lo prolonga es inmoral. Como es inmoral, y además estúpido, porque fortalece a quien te está matando, entregarles a la guerrilla las ventajas que en sí misma trae la negociación sin saber razonablemente que la misma conducirá al fin del conflicto.

En todo caso, para contener el daño potencial de la negociación es indispensable reducir sus ventajas para el enemigo.

En ese sentido, las condiciones actuales de negociación, es decir sin zona de distensión, en el exterior y sin cese el fuego bilateral, son sustantivamente mejores a las del Caguán. Pero ya empiezan a transitarse caminos peligrosos cuando el Gobierno deja de perseguir jefes guerrilleros en Colombia y facilita el encuentro en La Habana de más de treinta comandantes de las Farc, incluyendo un número sustantivo de miembros del Secretariado y el estado mayor, permitiéndoles la comunicación, el planeamiento y coordinación de sus actividades criminales sin riesgo alguno.

La línea se cruza, en mi opinión, cuando el Gobierno renuncia a la justicia y cuando pretende favorecer políticamente a los criminales. Si bien es entendible e incluso necesario que se diseñen mecanismos de justicia transicional y que, en consecuencia, no haya proporción entre los crímenes y las penas, resulta inaceptable la impunidad de facto que se ofrece desde el "marco jurídico para la paz" y desde la Fiscalía General de la Nación. Como mínimo tiene que haber sanción y penas privativas de la libertad, aunque ellas no sean proporcionales, para los crímenes internacionales y para los "delitos atroces" de nuestra jurisprudencia.

Las declaraciones sistemáticas y arrogantes de los comandantes guerrilleros diciendo que ellos son víctimas y no victimarios, que quien debe pedir perdón es el Estado y no ellos, y que si han cometido algún "error" es como resultado del "terror de las élites", sumadas a las declaraciones previas, no por ridículas menos graves, de que no tienen secuestrados y no son narcotraficantes, solo demuestran que no existe ningún reconocimiento de su papel violento y destructor, que no hay propósito de enmienda y que no tienen intención alguna de construir una sociedad mejor.

La "reconciliación" con la que se llenan la boca los mamertos que hoy aplauden la impunidad para las Farc y que ayer decían que las penas para los "paras" eran insuficientes, no es posible sin verdad y sin reparación.

Pero si la doble moral irrita, la mansedumbre bobalicona de los partidos esta semana, echándose en los brazos de las pretensiones políticas de las Farc, francamente indigna. ¿A cuento de qué hay que otorgar beneficios políticos y electorales a los criminales? ¿Por qué hay que favorecerlos con cupos en el Congreso o creándoles circunscripciones electorales especiales? ¿Acaso hay que premiar el delito? ¿Es sensato seguir perdonando sin contraprestación alguna y favoreciendo jurídica y políticamente a quienes hacen de la violencia su bandera? ¿No es ese un mensaje que, como el de la impunidad, en lugar de fomentar la paz, a mediano y largo plazo promueve la violencia porque le enseña a la sociedad que ser violento paga? Si Roy se siente cómodo con los asesinos y prefiere verlos a su lado en el Congreso, allá él. Pero los colombianos no deberíamos tragarnos ese sapo si en verdad queremos eliminar, de una vez por todas en nuestro país, la violencia con pretensiones ideológicas.