HISTÓRICO
Exsenador Eduardo Merlano pidió nulidad del fallo que lo destituyó
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    Exsenador Eduardo Merlano pidió nulidad del fallo que lo destituyó |
Colprensa | Publicado el 21 de noviembre de 2012

El abogado Héctor Carvajal, defensor del exsenador del Partido de la U, Eduardo Merlano, radicó ante la Procuraduría General una demanda con la que busca anular el fallo proferido por el Ministerio Público con el que fue destituido e inhabilitado por 10 años a su cliente.

En el documento, el jurista solicita que la Procuraduría le ordene al Congreso de la República reintegrar en su cargo al senador en el periodo Constitucional 2010 – 2014, así como pide que se le dé pago de todos los sueldos y prestaciones sociales que haya dejado de recibir durante el tiempo que dure su retiro del cargo.

“Que se ordene al Congreso de la República reintegrar al cargo que venía desempeñando el doctor Eduardo Carlos Merlano Morales como Senador de la Republica, para el periodo Constitucional 2010 – 2014”, señala el documento revelado por la FM.

Y añade que “se ordene al Congreso de la República el reconocimiento y pago de todos los sueldos, prestaciones sociales y demás emolumentos en general que haya dejado de percibir el demandante durante el tiempo que dure su retiro del cargo, dentro del mencionado periodo, con todas sus consecuencias jurídicas y bajo el entendido de no haberse producido solución de continuidad”.

Para el defensor, la suma que se le debe pagar al senador es de 27 millones 130 mil pesos por salario básico mensual, gastos de representación, prima de locación y prima de salud.

Entre tanto, Carvajal reitera que a su cliente “se le violaron los derechos del debido proceso, desconocimiento del juez natural, el desconocimiento del derecho a ser juzgado solamente por violación de falta previamente establecida en la ley, entre otros”.

En los próximos días se dará a conocer la fecha para al audiencia de conciliación entre el órgano de control y la defensa del exsenador.

Caber recordar que el exparlamentario fue inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos, luego de que la Procuraduría lo hallara responsable del delito de tráfico de influencias al haber impedido que se le inmovilizara su vehículo cuando aparentemente manejaba bajo estado de embriaguez.