HISTÓRICO
Opciones de Colombia, tras el fallo de La Haya
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Colprensa | Publicado el 20 de noviembre de 2012

Luego de que conociera el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el Gobierno Nacional manifestó que no se descartará ningún recurso o mecanismo que conceda el derecho internacional para enfrentar la decisión.

Lo que se indicó hasta el momento es la posibilidad de recurrir a una demanda de interpretación o revisión ante el alto tribunal.

El primero que dio luces sobre estas alternativas fue el senador del Partido de la U Juan lozano, quién antes de participar en una reunión entre el presidente Juan Manuel Santos y la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, afirmó que era necesario que el Gobierno no se quedará quieto ante semejante “tarazcaso”, por lo que solicitó revisar esos dos mecanismos.

Según el Reglamento de la CIJ, en su artículo 98, “en caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance de un fallo, cualquiera de las partes podrá presentar una demanda de interpretación, tanto si el procedimiento inicial fue incoado mediante una solicitud como si lo fue mediante la notificación de un compromiso”.

Además, en el artículo 99, se señala que “la demanda de revisión de un fallo se iniciará mediante una solicitud que contendrá los datos necesarios para demostrar que se han cumplido las condiciones previstas en el Artículo 61 del Estatuto. Se acompañarán los documentos en apoyo”.

Pero ¿Para que servirían exactamente esos mecanismos? Si bien es cierto que manifestó que no está de acuerdo con algunos apartes del fallo, la decisión de la CIJ ya es un hecho y, según varios analistas, el único camino que le queda a Colombia es acatarlo, pues aunque se recurra a estas demandas, el contenido del fallo como tal no se podrá modificar.

Las opciones que tiene Colombia
1. Según el jurista y experto en derecho internacional, Ricardo Abello
, “no hay mucho que hacer ante la situación tan complicada del Gobierno, pero tiene el derecho a acudir a esos mecanismos que realmente no van a cambiar nada, pero si queda más tranquilo puede hacerlo. Fundamentalmente sirven para aclarar puntos claves del fallo”.

Agregó que, por ejemplo, si se llega a entablar una demanda de interpretación, es muy factible que la Corte responda que la decisión es clara y que no hay nada que entrar a interpretar, y en el caso de la revisión “es necesario que surjan unos hechos nuevos y unas pruebas nuevas que conlleven a que se presente una decisión diametralmente opuesta a la que se obtuvo”.

Aunque el experto se declaró escéptico frente a esas posibilidades, explicó que se podría acudir al mecanismo de interpretación en un período posterior a seis meses después del fallo y en el caso de la revisión a diez años.

“Pero los plazos dependen de las partes, lo primero que habría sería una reunión en la Haya entre los agentes de Colombia y Nicaragua para presentar la documentación. Se interpone la demanda y se puede llegar a un acuerdo, claro que puede ir solo un Estado, que en este caso sería Colombia”, advirtió.

2. Por su parte, el expresidente Ernesto Samper fue más práctico, y sostuvo que Colombia siempre fue un país de leyes y de soluciones pacíficas, por lo que “el único camino que cabe, por supuesto, es el del acatamiento, lo cual no quiere decir que estemos satisfechos con la decisión Colombia tendía razón para tener la defensa”.

Añadió precisamente que el camino que le queda al Ejecutivo es solicitar aclaraciones de la Corte sobre latitudes, longitudes y otros temas que podrían ser claves para que a corto y mediano plazo se adopten decisiones o tratados para proteger a los pescadores y habitantes del Archipiélago de San Andrés.

“Hay que definir con Nicaragua el tema de los enclaves, cuál es el alcance de los cayos de Quitasueño y Serrana. No es una decisión de blanco y negro, hay que recorrer un camino de aclaraciones a futuro”, indicó Samper, quien agregó que las demandas que se están analizando pueden ser un camino válido.

3. Finalmente, el expresidente de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández afirmó que no se puede desacatar el fallo, pues es inapelable.

Lo cierto por ahora es que Colombia perdió una importante porción de área marítima en el Caribe.

De acuerdo con Santos fue una decisión que resultó de “omisiones, errores, excesos, inconsistencias que no podemos aceptar”.

Falta esperar entonces a que el Gobierno revise a fondo el fallo y sus repercusiones para conocer qué medidas precisas adoptará y si efectivamente acudirá a instancias jurídicas.