HISTÓRICO
Farc cercan con minas a 122 familias
Por JUAN CARLOS MONROY G. | Publicado el 05 de abril de 2013
La amenaza de las Farc a los campesinos para que no transiten de noche por tres veredas de Briceño mantiene encerradas en sus casas a 122 familias, que ni siquiera pudieron sembrar el maíz y el fríjol que les dan sustento. El temor a las minas antipersonal se apoderó de la zona e incluso los niños dejaron de asistir a dos escuelas.

El temor no es infundado. Las muertes de un muchacho de 15 años, una joven madre de 17, un guerrillero y los 10 campesinos heridos por esquirlas en esos accidentes confirmaron que subversivos del frente 36 cumplieron su advertencia de instalar artefactos explosivos para frenar la llegada de las tropas del Ejército a las veredas Orejón, La Calera, La Mina y el corregimiento Pueblo Nuevo.

Los habitantes cuentan con tristeza que varias víctimas pagaron el precio de caminar por esas zonas rurales minadas, entre las seis de la tarde y el amanecer del día siguiente, a pesar de la amenaza de la guerrilla de no salir durante esas horas.

La situación afecta a unas 600 personas, denuncia el alcalde municipal, Omar Fernando Arenas: "Las 122 familias están encerradas en sus casas por el temor de recorrer los caminos veredales e incluso dejaron de cultivar sus productos en esta época que es de siembra".

La situación se agrava porque por recomendación de las autoridades locales decenas de niños dejaron de asistir a clases en las escuelas de las veredas La Calera y La Mina.

El alcalde local agrega que la afectación no es solo de movilidad y peligro, sino que "el envío de ayudas y los programas de la alcaldía con esas comunidades están paralizados por el riesgo de desplazamientos y presencia de la Farc en esas zonas".

El secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño, reconoce que es la situación más crítica que se presenta en el departamento por el problema de las minas.

"El frente 36 de las Farc incumple con el Derecho Internacional Humanitario y recurre a estas armas prohibidas para impedir la labor del Ejército, que desde diciembre llegó a esas áreas rurales".

El funcionario explica que por tratarse de un problema humanitario, la Gobernación solicitó al Comité Internacional de la Cruz Roja su intervención para que la guerrilla retire las minas y desista de instalar más artefactos.

El problema surgió a comienzos de 2012, con la llegada de las tropas y de los erradicadores de coca. La respuesta de la guerrilla fue enterrar las trampas explosivas en los caminos y cerca a los cultivos ilícitos para defender su fuente de financiación, según el comandante de la IV Brigada del Ejército, general Nicasio de Jesús Martínez.

Pronto comenzaron los accidentes. El año pasado un joven de 15 años murió al pisar una mina y cinco erradicadores civiles resultaron heridos, amputados y ciegos al caer en un campo minado.

Los casos de este año sumaron para que la cifra de víctimas en Antioquia en 2013 ya sea de 34, un 10 por ciento más que en el año anterior.