HISTÓRICO
Fiscalía ha cumplido a medias promesas para Medellín: jueces
  • ILUSTRACIÓN MORPHART
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Por LEÓN J. SALDARRIAGA L. | Publicado el 17 de junio de 2013

De manera muy parcial, tanto que el problema de acumulación de investigaciones se agudizó, ha sido el cumplimiento de la Fiscalía General de la Nación a las promesas de llenar las 233 vacantes en la seccional y de fortalecer el aparato investigador.

En esta percepción coinciden autoridades regionales y voceros de organismos judiciales, tres meses después de la fecha señalada por el fiscal Eduardo Montealegre para nombrar el personal necesario para aliviar el cuello de botella en los procesos investigativos.

"Hay un cumplimiento parcial de los compromisos, en el sentido de nombrar 9 fiscales y 40 asistentes, planteó Gloria Montoya Echeverry, presidenta del Colegio de Jueces y Fiscales en Antioquia.

El contraste es evidente si se tiene en cuenta lo que prometió el fiscal Montealegre.

Los compromisos de la entidad fueron 24 fiscales, 92 asistentes, 111 miembros del CTI, un fiscal para el Centro Integrado de Intervención de la Comuna 13 y 5 para el Gaula Metropolitano.

Ya el secretario de Seguridad de Medellín, Arnulfo Serna, había advertido en un debate en el Concejo, la semana pasada, que aún no llegaba el refuerzo a la Fiscalía.

Pero la vocera de Jueces y Fiscales llamó la atención que el agravante es que al tratar de priorizar, se sacaron funcionarios de otras secciones, porque 7 de los 9 fueron ascendidos y dos llegaron de afuera, mientras que los asistentes eran compromisos de años anteriores, no de lo nuevo.

Otro factor adverso, afirmó, es que el Fiscal General está atado al proceso de modernización de la rama judicial y se le deben dar facultades extraordinarias al Presidente para transformar el ente investigador.

El problema, según la juez Montoya Echeverry, es que el Estado tiene que generar una política criminal consistente, y si empieza a trasladar funcionarios, no crea cargos y resuelve a medias, genera desabastecimiento de recursos donde está sacando el personal.

"Pero queda una pregunta grave. ¿Qué se tiene que privilegiar?: ¿La persecución a homicidas, a los delitos sexuales, a la violencia intrafamiliar, al microtráfico?", interrogó.

Y además del reparo a sacar personal de donde se necesita, apreció que se necesita gente muy preparada para el perfil de criminal que se tiene hoy. "Si el Estado no hace el ejercicio de ponerse a la par con el delincuente, que llega al punto de eliminar a quien le es un obstáculo, cómo lo va a perseguir", dijo.

"Situación mucho peor"
A juicio del presidente nacional de Asonal Judicial, el fiscal Luis Fernando Otálvaro, la situación de ahora es "mucho peor porque se tienen los fiscales sin asistente judicial".

En estas condiciones, subrayó, el fiscal no solo realiza sus actos propios, sino que tiene que hacer los de la policía judicial y los del asistente.

La dificultad la considera mayúscula porque los fiscales no pueden asumir las labores de los asistentes, en virtud de la ley que se los prohibe.

"Eso es contaminar la prueba", advirtió, tras denunciar que los fiscales están recibiendo testimonios, denuncias, haciendo lo que le corresponde al asistente judicial, lo cual agudiza el problema.

Otálvaro, quien también preside Asonal Judicial en el país, dijo que el cuello de botella en los despachos judiciales aumentó porque los compromisos con la Alcaldía y la Gobernación se incumplieron, de manera que la unidad de análisis que se prometió, para la cual el Municipio iba a aportar unos dineros, la Policía unos investigadores y el Ministerio de Justicia la capacitación, no ha sido realidad.

Y además del incumplimiento, criticó que cada vez le generan mayores expectativas a la comunidad y después los problemas recaen en una institución a la que no se le brindan los medios para realizar lo que tiene qué hacer en justicia.

Sobre el promedio de procesos que hoy tiene cada fiscal, sostuvo que hay unidades como la Unidad de Vida donde el número de carpetas por expediente puede superar las 800 investigaciones y solamente da para atender aquellas donde hay capturados.

De resto, aseveró, las investigaciones están paralizadas porque no hay Policía Judicial.

Y lo mismo, dijo, ocurre con las unidades de Administración Pública, donde el número de carpetas por investigador es alrededor de 400 a 500, y tiene que ver con delitos que conmocionan a la sociedad como la corrupción.

Y en unidades como la de Patrimonio, Otálvaro sostuvo que los fiscales tienen más de 1.000 carpetas, sin contar lo que tiene que ver con la de Asuntos Urgentes (la estructura de apoyo), que no tiene investigadores y cada fiscal con más de 2.500 investigaciones.

Otro señalamiento es que tampoco ha habido nombramiento de personal de apoyo para el CTI ni se notan los esfuerzos en la Policía Judicial, y aquí tienen que actuar aquella y la Policía Nacional, pero en ninguna de las dos instituciones se ha reforzado el número de investigadores.

Tanta carga expone errores
El penalista y expersonero de Medellín, Jairo Herrán Vargas, observó que los fiscales tienen cargas de trabajo excesivas y deben preparar audiencias en tiempos cortos, lo que conlleva a equivocaciones y a que los planteamientos no se hagan con la rigurosidad del caso.

Estos espacios, dijo, los aprovecha la contraparte y a veces el juez termina declarando la ilegalidad de una captura o absolviendo al acusado, pero no por méritos de éste en demostrar su inocencia.

Se identificó que se debe ampliar la planta de fiscales, de los investigadores del CTI y de los laboratorios, porque muchas pruebas hay que mandarlas a Bogotá.

Puso como ejemplo el caso de las cirugías plásticas realizadas por personal no idóneo, por las que se pusieron unas 100 denuncias por lesiones personales, pero no avanzaron porque se requerían dictámenes de cirujanos plásticos legistas, los de Bogotá no dan abasto y en Antioquia no hay adscritos a Medicina Legal para practicar los peritazgos.

"Esto muestra ineficiencia y lleva a niveles de impunidad. Faltan más balísticos y personal técnico y científico de apoyo", dijo.

Herrán Vargas puntualizó que el sistema no da respuesta adecuada al combate contra la criminalidad, y reflexionó que si en la base no hay buena criminalística y personal técnico, las investigaciones no van a prosperar y la mayoría de las exitosas son por la aceptación de los sospechosos, por confesión de responsabilidad y acuerdos con la Fiscalía.

Este diario intentó hablar con el Fiscal, y en su oficina indicaron que está incapacitado.