A esta decisión se llegó luego de un tira y afloje entre la defensa y la procuradora delegada para Asuntos Electorales, María Eugenia Ramos, quien en la sesión de la tarde se mostró muy drástica en la validación y aprobación de algunas solicitudes presentadas por el abogado defensor, Juan Fernando Gutiérrez, luego de analizar las pruebas que faltaban por llegar.
Gutiérrez, en varias ocasiones, dejó por sentado que la negación a sus solicitudes era una violación al debido proceso y una vulneración a las garantías de su defendido.
Al final la representante del Ministerio Público también accedió a oficiarle al procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, para que responda a los cuatro oficios que se le enviaron y que no habían sido contestados, al igual que al director de la Policía Nacional, general Óscar Naranjo y a la directora seccional del CTI, Marlén Suárez.
La audiencia del caso Salazar continúa hoy.