HISTÓRICO
JUSTICIA VIAJANDO Y AQUÍ MATÁNDONOS
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    JUSTICIA VIAJANDO Y AQUÍ MATÁNDONOS |
Por FRANCISCO JAVIER SALDARRIAGA | Publicado el 21 de junio de 2013

Hace unas semanas se estableció que los permisos pagos que disfrutan los magistrados de las altas cortes, sumados los 6 que aparecen en la lista publicada como los de mayor ausentismo, dan 377 días, más de un año que pagamos los colombianos para que estos señores y señoras, como diría el vicepresidente Garzón, se den la gran vida con el dinero proveniente de los impuestos para la Rama Judicial.

No sé cuántos jueces hay en Colombia, tampoco sé si esas prebendas, de permisos remunerados, son iguales para todos, pues supongo que serán más altos los que tengan mayor categoría y por ende más salario.

El hecho es que estos individuos, los magistrados de las altas cortes, pueden dejar de trabajar sin que se les disminuyan sus ingresos un 54 % del tiempo que se les paga.

Sabiendo el tiempo que labora la Rama Judicial y cuál es la proporción del tiempo pago versus el tiempo efectivo, descubriremos una cifra aterradora que nos mostrará con claridad la causa primigenia de la descomposición social que nos convierte en un país de segunda categoría.

En Colombia, la justicia es lenta, inoportuna, politizada, selectiva y, en resumen, injusta. Sin lugar a dudas es la mayor generadora de violencia, pues el común de la gente, al ver que no hay justicia, decide actuar para buscarla a como dé lugar.

Las sentencias se mantienen en los escritorios de los magistrados para fallo durante muchos años; años en los cuales los magistrados se encuentran de permiso para hacer cosas diferentes a trabajar. La honestidad no está dentro de sus principios o valores.

Aquí podemos entender por honestidad: percibir lo que realmente se merece por el trabajo realizado. Así comprendida y llevada a la práctica tendríamos una justicia pronta o una justicia más barata.

Esto permitiría contratar a más jueces honestos que lograrían llevar los procesos de forma expedita, lo que muy seguramente disminuiría las acciones de justicia por mano propia y así, de a poco, pero más rápido de lo que nos imaginamos, encontraríamos la convivencia y vida en paz, sin necesidad de buscar donde no está.

La paz no está en La Habana, ni la encontraremos con los narcoterroristas que estamos conversando y mucho menos si están asesorados por los Castro, el despistado de Maduro y su jefe de Asamblea Nacional.

Allá no está la paz de Colombia. Esta, si se quiere encontrar, se debe buscar en los tribunales para que actúen en justicia y no como aquellos que permiten que personas como Andrés Felipe Arias esté privado de la libertad durante 23 meses, para después liberarlo porque no había razón jurídica para mantenerlo en esa condición.

Estas injusticias rampantes encienden la ira, dañan el corazón y pueden provocar acciones irracionales.

En el caso de Andrés Felipe Arias, lo mínimo que puede esperarse es una gran demanda contra el Estado que resarza o, mejor, mitigue los daños económicos, morales y espirituales infligidos a él y su familia.

No habrá violencia, pero el dinero saldrá de nuestros bolsillos, gasto que nos hubiésemos ahorrado si la justicia hubiese trabajado con honestidad y prontitud, pero ahora debe estar viajando.