HISTÓRICO
La Corte Constitucional decide futuro de mesadas millonarias
Por GERMÁN JIMÉNEZ MORALES | Publicado el 23 de enero de 2013
Amparados en sentencias e interpretaciones jurídicas, 630 exmagistrados y excongresistas de la República terminaron convertidos en ciudadanos de primera clase, que disfrutan de mesadas pensionales que pasan de largo el tope legal de 14 millones 737.500 pesos. En el otro extremo se encuentran más de siete millones de ciudadanos que, por física pobreza, no alcanzan a aportar ni un peso para garantizar al final de su vida laboral una pensión que los salve de la miseria.

Los ejemplos son más elocuentes que las palabras. El excongresista Jesús Antonio García Cabrero se hizo célebre, no por las leyes que impulsó, sino por ostentar el título del pensionado mejor remunerado del país, con 31 millones de pesos.

El político huilense se había jubilado en 1998, cuando un congresista devengaba cerca de 2 millones de pesos mensuales. Sin embargo, al contabilizar otras formas de ingreso, la remuneración subía hasta los 12 millones.

El Fondo de Pensiones del Congreso (Fonprecon) fue el encargado de hacerle las cuentas, y al estimar su Ingreso Base de Liquidación (IBL) incluyó dentro de su remuneración salarial los viáticos y tiquetes aéreos.

La misma entidad, o sea Fonprecon, se dio cuenta del error y desde 2006 inició una batalla jurídica para rebajarle la pensión. Sus argumentos prosperaron y el Consejo de Estado confirmó una sentencia que en primera instancia profirió el Tribunal Administrativo del Huila ordenando la reducción de la mesada porque estaba mal liquidada.

El fallo no tuvo efectos retroactivos, lo cual implicó que el excongresista no devolvió lo recibido en exceso entre 1998 y 2012. De ahí en adelante, sin embargo, el Fonprecon se ahorró unos 10 millones de pesos mensuales.

Otro caso que ilustra la "desmesura" en materia de pensiones tiene como protagonista a una empresaria productora de pollos que luego se volvió congresista. Desde el año 1998 se había pensionado en el Seguro Social y recibía unos 3 millones de pesos mensuales. Entre 2002 y 2005 Leonor Serrano ocupó una curul en el Congreso y de su salario le dedujeron los aportes para pensión.

Al retirarse del poder legislativo, la exsenadora ejerció sus derechos y pidió la reliquidación de su pensión. Fonprecon se la negó, por considerar que ella no estaba cobijada por el régimen de transición de los congresistas. La afectada interpuso los recursos legales, que tampoco prosperaron en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

El caso siguió escalando los peldaños de la justicia y llegó al Consejo de Estado, en donde la Sección Segunda le dio la razón en 2010 y ordenó que se reliquidara la pensión sobre la base del 75 por ciento del ingreso base que había recibido como congresista en el último año cotizado. Así mismo, se estableció el pago de la retroactividad de la pensión, incluyendo el faltante de los años que cotizó y que no era congresista. Al final de cuentas, la exsenadora recibió 896 millones de pesos por retroactividad y la mesada le quedó en 17 millones de pesos.

Desigualdades como estas son las que han motivado al abogado Germán Calderón España a demandar el régimen especial que en materia de pensiones disfrutan hoy los congresistas y que por vía de interpretación judicial también terminó aplicándose a los magistrados.

Se supone que en materia de pensiones iba a imperar la igualdad, luego de la expedición en 1993 de la Ley 100. Sin embargo, allí se dejó una puerta abierta con el régimen de transición para quienes no habían consolidado sus derechos y venían de antiguos sistemas.

El Sistema General de Pensiones entró en vigencia el 1 de abril de 1994 y los únicos que no estaban cobijados eran, entre otros, los miembros de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, funcionarios de Ecopetrol y maestros afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Ahí no estaban los servidores de la Rama Judicial, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y el Instituto Nacional de Medicina Legal. La Justicia literalmente se "rebeló", y pidió autonomía para darse su propio sistema de seguridad social porque al "igualarse" con el resto de colombianos tenía una desmejora del 75 por ciento en sus condiciones.

Análisis del Ministerio de Hacienda revelan que a través de decisiones judiciales se prolongó el régimen de transición y se extendieron los beneficios más allá de lo que previó la ley.

Para los pensionados de la rama judicial, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República el costo actuarial de tales decisiones de la Justicia tuvieron un costo entre 11,7 y 20,1 billones de pesos de 2010. De extenderse tales gabelas a todos los funcionarios públicos, el impacto adicional para las finanzas públicas sería entre 31,3 y 37,1 billones de pesos de 2010.

Toda esa estructura de privilegios es la que ahora podría venirse abajo, o reafirmarse, de acuerdo con lo que la Corte Constitucional interprete como el derecho a la igualdad de los colombianos en materia de seguridad social.

Entre los 1,8 millones de colombianos que tienen pensión están los 630 excongresistas y ex magistrados que alegan derechos adquiridos para defender sus mesadas de 17 y más de 20 millones de pesos. Pero en ese mismo colectivo también se encuentran quienes no llegan a los 300 mil pesos mensuales, según lo indica Calderón España.

Según el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Javier Zapata Ortiz, el sueldo de los jueces no puede ser tocado, y de serlo, sería para mejorarlo. Para Gustavo Gómez, saliente presidente del Consejo de Estado, solo el 2 por ciento de las pensiones son regímenes especiales en vía de extinción y no dañan seriamente el Presupuesto Nacional. Para ilustrarlo, ha indicado que esas mesadas son menores a lo que se gasta en una Cumbre de las Américas, una consulta popular, la defensa del país en la Haya y la corrupción en la salud.

Por el contrario, la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, afirma que esas millonarias pensiones son escandalosas y excesivas y tienen excesos tales, que con ellas "se podrían pagar hasta 3.000 pensiones de las normales".

Por su parte, el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Néstor Raúl Correa también se mostró a favor de la iniciativa que busca reducir las altas pensiones. "Yo creo que la Corte Constitucional debería declarar inexequible las normas que establecen esos privilegios", aseveró.