HISTÓRICO
La inversión de valores en la justicia
Jorge Giraldo | Publicado el 15 de noviembre de 2009
Bajo este título se publicó hace poco un artículo en el periódico español El País (10.11.09), firmado por los juristas Javier Hernández y Alejandro Saíz. Allí se expresan varias preocupaciones sobre el estado de la justicia en España. Básicamente se dice allí que "la instrucción sumarial parece haberse convertido en nuestro país en el espacio donde se ventila y se decide acerca de la inocencia o culpabilidad de los ciudadanos".

Un problema del que los ciudadanos se dan cuenta a través de los medios de comunicación.

Lo más grave, por supuesto, es que se decida quién es culpable o inocente antes de cualquier juicio. Pero ya es muy problemático que la instrucción sumarial se desarrolle en tiempo real con los medios de comunicación. Esto se nota de manera terrible en las expresiones que usan los periodistas. En Colombia, un narcotraficante o un asesino siempre es "presunto" aunque haya sido detenido en flagrancia, mientras un político o una estrella de la farándula nunca son presuntos. Son culpables, por corrupción o adulterio, incluso después de que se demuestre lo contrario.

Los juristas en comento, señalan que estamos ante una situación en la que la ciudadanía y los abogados participan "como espectadores impasibles de un proceso de inversión de valores constitucionales, de absoluto desprecio por el derecho fundamental a la presunción de inocencia".

Contra cualquier ingenua o radical idea de transparencia, ellos descreen que esta anomalía pueda tener algún valor para la democracia o la justicia.

Se quejan, con toda razón, de que ahora se acepte como normal que la prensa transcriba las pruebas o declaraciones sumariales, publiquen pruebas sujetas a revisión o imágenes de personas, que tienen su derecho inalienable a ser consideradas inocentes, como si se tratara de auténticos delincuentes. ¿Dónde está la tan socorrida y dizque aceptada dignidad humana? La prisión preventiva dejó de ser excepcional, para personas muy peligrosas y con antecedentes penales, y se convirtió en parte ordinaria del proceso. Claro está, si se trata de una persona pública, preferiblemente popular o electo. En Colombia, los delincuentes capturados en flagrancia salen por vencimiento de términos, les pueden dar el hospital por cárcel ante cualquier migraña y son llevados a pueblos remotos de los que pueden escapar fácilmente o donde un juez corrupto los absuelve.

He hablado de pueblos remotos, pero me equivoqué. Esto pasa en pleno Palacio de Justicia desde el estrado de la Corte Suprema. Cuando el presidente de la Corte dice que ahora no gobiernan los presidentes sino los jueces, ¿no está adulterando la Constitución? ¿No la amenaza? Cuando el presidente de la Corte Suprema dice quién es el Fiscal General, ¿está transgrediendo la ley o sólo la está "interpretando"?

Uno no puede defender bien las instituciones si las defiende por pedazos. Hay que defender la institucionalidad del país contra un Ejecutivo que quiere perpetuarse, pero también hay que defenderlo de una Corte que mancilla todos los principios elementales de la justicia y de la división de poderes. Al país no le conviene esta complicidad táctica que estamos presenciando.