HISTÓRICO
La millonaria ruta del cigarrillo de contrabando
  • La millonaria ruta del cigarrillo de contrabando | Puerto Nuevo es una concesión otorgada a una familia Wayúu, que tiene el compromiso de adecuarlo. FOTO FERNEY ARIAS
    La millonaria ruta del cigarrillo de contrabando | Puerto Nuevo es una concesión otorgada a una familia Wayúu, que tiene el compromiso de adecuarlo. FOTO FERNEY ARIAS
Por FERNEY ARIAS JIMÉNEZ | Publicado el 19 de mayo de 2012

En cada bocanada de humo del cigarrillo que aspira en la sala de su casa, en un barrio de Medellín, María cierra el ciclo de un producto que nace legal, recorre miles de kilómetros y por 'distorsiones' al salir de la Zona de Régimen Aduanero Especial de Maicao, Uribia y Manaure, en La Guajira, termina siendo ilegal.

Para María y para quienes consumen este producto de contrabando, la marca es lo de menos, pues el cigarrillo cumple dos condiciones clave para la mujer: es barato y se ajusta al escaso presupuesto del que dispone para poder fumar. Aunque sabe que se trata de cigarrillo de contrabando, no tiene inconveniente en ir al centro, al sector de La Cascada o La Alhambra, donde están los negocios que, a escondidas, venden los cartones.

La mercancía llega generalmente por tierra desde La Guajira y para hacer el tránsito sus dueños controlan el paso o pagan para poder hacerlo a las bandas criminales o la guerrilla o la corrupción que hay entre las autoridades.

La distorsión
Los cigarrillos como los que compra María, y de los que hay más de 120 marcas detectadas, llegan principalmente de Paraguay donde se producen legalmente en la zona industrial de Ciudad del Este, que cuenta con más 40 tabacaleras.

Las restricciones impuestas por Brasil y Argentina, mercados más cercanos, hacen que el producto viaje por el Atlántico hasta los puertos libres de Aruba, Curazao o Panamá y de allí a Puerto Nuevo, en La Guajira.

Hasta su llegada a la Zona Especial y el pago del impuesto de ingreso, que es del 4 por ciento, el recorrido es legal y seguirá siéndolo siempre y cuando cumpla la condición de que sea consumido en los municipios de Uribia, Manaure y Maicao, que tienen una población cercana a los 400.000 habitantes o sea reexporte a otros países.

Pero es justo en este punto donde se pierden las cuentas, pues solo hasta el pasado 25 de abril Puerto Nuevo fue conectado al Modelo Único de Ingreso, Seguimiento y Control Automatizado (Muisca) de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

Hacia atrás, entonces, es imposible tener registros fiables y el cálculo de cualquier cifra de ingreso de cigarrillo sería inexacto.

Aún así responsables de Protección de Marcas de British American Tobacco (BAT-Protabaco), tomando como referencia cifras de la firma Nielsen, estiman que el mercado ilegal en Colombia llega al 9 por ciento, es decir 1.260 millones de cigarrillos.

Otras proyecciones, menos conservadoras, sitúan la participación del cigarrillo de contrabando en el mercado colombiano en un 14 por ciento, es decir 1.960 millones, cifra alta pese a que María y muchos como ella reconocen tiene mal sabor.

Pero llega más...
Fuentes de BAT-Protabaco afirmaron a este diario que en 2010 llegaron al país 5.000 millones de cigarrillos de contrabando, pero la cercanía de Maicao con la frontera venezolana, hace que mucho de ese producto vaya al vecino país donde tiene un valor más alto.

Ese envío tampoco resulta ilegal, mientras se sigan los parámetros establecidos para el régimen de exportación y se diligencie la factura de exportación.

Adicionalmente, la capacidad de almacenamiento de quienes manejan el comercio de cigarrillos, la dificultad para obtener datos precisos en pueblos y de los miles de venteros ambulantes que hay en el país, hacen que sea imposible obtener un registro del volumen real del fenómeno, que históricamente ha afectado con mayor magnitud a la Costa Atlántica y Antioquia.

Humberto Mora Álvarez , director de Asuntos Corporativos de Philip Morris-Coltabaco, sostiene que aún con cifras estimadas, las pérdidas son millonarias para muchos sectores, que incluyen a la industria tabacalera, a los más de 24.000 empleos directos que genera el cultivo de tabaco, a las finanzas departamentales que dejan de recibir más de 100.000 millones de pesos anuales por concepto de recaudo de impuestos, con lo cual se afecta directamente el sistema de salud que es su mayor destinatario.

"Pero el contrabando también afecta a más de 350.000 tenderos que comercializan cigarrillos, sin olvidar a los consumidores", enfatiza Mora, quien deja de lado que hay consumidores como María, que solo se interesan por poder comprar cigarrillos a 50 o 100 pesos.

Para ayudar a frenar el fenómeno, las multinacionales BAT y Philip Morris disponen de áreas especializadas que trabajan para colaborar con las autoridades en la identificación de los productos de contrabando.

Régimen que crea dudas
La Zona de Régimen Aduanero Especial de Maicao, Uribia y Manaure se rige por Decretos y Leyes expedidos entre los años 2000 y 2007, que establecieron las normas sobre tratamientos excepcionales.

Para Mora, "es cierto que el departamento de La Guajira tiene un gran problema de contrabando, desde hace varios años, pero el asunto de fondo es que el tráfico ilegal de cigarrillos tiene directa relación con redes criminales de marca mayor, que se lucran del negocio y tienen un alcance difícil de combatir por parte de las autoridades".

Según el directivo, es fundamental que el Gobierno ponga en su lista de prioridades el combate al contrabando y agrega que no existe el control necesario sobre las mercancías que ingresan con destino, en teoría, a la reexportación y por ello terminan introduciéndose al resto del país.

Los voceros de BAT señalan que "vender cigarrillos es muy difícil, tiene impuestos altos y restricciones y adicionalmente se compite con productos ilegales que se venden abiertamente en zonas como La Guajira, sin restricciones y así es muy difícil competir".

No pasó nada con TLC
El pasado martes mientras en la Sociedad Portuaria de Cartagena se despachaba con bombos y platillos el primer contenedor a Estados Unidos, al amparo del Tratado de Libre Comercio (TLC), a 474 kilómetros al Norte, en Puerto Nuevo, el 'puerto marítimo' del municipio de Uribia en La Guajira, el tema pasaba desapercibido para María y los comerciantes ilegales.

Mientras una potente grúa en Cartagena subía el contenedor al barco Bahía Laura como una gran novedad, en Puerto Nuevo un grupo de braceros, muchos de ellos indígenas, descargaban las cajas de electrodomésticos llegadas en la embarcación Don Pedro, al parecer de Panamá o Aruba.

Salvo las diferencias en la infraestructura de las instalaciones portuarias, ambas operaciones de comercio internacional, difieren mucho de la seriedad que ese tipo de transacciones requiere.

Impuestos avivan ilegalidad
Desde la Reforma Tributaria de 2010, cuando los impuestos al cigarrillo subieron más de un 50 por ciento, el contrabando se disparó y el fenómeno pasó de 1,8 por ciento en 2009, a 8,4 por ciento en marzo pasado.

El crecimiento fue del 466 por ciento, es decir que en Colombia más de uno de cada siete fumadores consume cigarrillos ilegales. Ello ha ido en detrimento de las ventas de productos legítimos, del recaudo de los departamentos, y del crecimiento del empleo.

La cuenta resulta simple, mientras poner una cajetilla de 20 cigarrillos en la Zona Especial vale unos 400 pesos, producirla en Colombia tiene un valor similar pero hay que agregarle unos 800 pesos en impuestos, con lo que su valor pasa a 1.200 pesos y su venta al público se hace entre 1.500 y 2.000 pesos.

Con la carga impositiva, el espacio de maniobra para el contrabando desde La Guajira es amplio, pues la cajetilla de 400 pesos, aún pagando corrupción llega a bajo costo a las grandes ciudades, repartiendo las ganancias entre sus intermediarios y satisfaciendo la necesidad de fumar de consumidores como María.