HISTÓRICO
¿La paz justifica los medios?
  • ¿La paz justifica los medios? | ILUSTRACIÓN MORPHART
    ¿La paz justifica los medios? | ILUSTRACIÓN MORPHART
EL COLOMBIANO | Publicado el 27 de julio de 2013

Estamos próximos a conocer la sentencia de la Corte Constitucional sobre el Marco Jurídico para la Paz (Acto Legislativo N° 01 de 2012), defendido por el Gobierno y muchas otras voces como el único instrumento legal posible para facilitar un tránsito del conflicto a la paz.

Esta reforma constitucional, que en apenas tres artículos contiene disposiciones que hay que analizar con el mayor juicio crítico, fue aprobada por el Congreso hace justo un año. Es decir, cuando el país aún no sabía que había conversaciones entre el Gobierno y los jefes de las Farc.

Cómo no concluir que el Gobierno impuso su aprobación parlamentaria como herramienta de acercamiento con la contraparte. La guerrilla, como es propio de su naturaleza, respondió que este instrumento legal no se ajusta a sus pretensiones.

El jueves pasado, la Corte Constitucional realizó una audiencia pública para que diversas instituciones fijaran su posición sobre la constitucionalidad del acto legislativo, que ha sido demandado.

Pocas horas después de terminada la audiencia, el proyecto de ponencia del magistrado Jorge Ignacio Pretelt fue filtrado a medios de comunicación capitalinos. El fallo declararía que el Marco Legal para la Paz es constitucional.

Ojalá los otros ocho magistrados de la Corte hayan tomado nota de las intervenciones en la audiencia pública. En casi todas hubo altura intelectual. También en muchas, presiones veladas a la Corte.

El proceso de paz hace que todos los sectores fijen posición. Y que todos pretendan que la Corte Constitucional asuma como buenos sus argumentos. Si la Corte deja pasar esta reforma constitucional, será amiga de la paz, dicen unos. Si declara inexequibles sus apartes más polémicos, preservará la dignidad de las instituciones, dicen los otros.

Lo cierto es que los magistrados tienen que tomar una decisión jurídica con consecuencias inevitablemente políticas.

Nos parecieron juiciosas y fundamentadas las objeciones formuladas por el demandante, Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas. También las de José Miguel Vivanco. Mostraron coherencia en su compromiso con los derechos humanos y en su vigencia universal, tanto para las víctimas de la extrema derecha como de las de la extrema izquierda.

El discurso presidencial y gubernamental, naturalmente, insiste en que no va a haber impunidad. Ni modo que reconocieran lo contrario, así los hechos y la historia nos demuestren que la dolorosa realidad apabulla la candidez de las palabras.

Que hacer justicia para todos es imposible, dicen muchos, comenzando por el propio fiscal general. Es el grito más grande de impotencia que hayamos oído los colombianos. Si se impone ese raciocinio, habrá que concluir también que como la corrupción campea y no hay manera de contenerla, al final habrá que derogar los delitos de peculado, concusión, cohecho...

No nos podemos resignar a que como la justicia judicial no opera, se renuncie a ella, se minimice su valor, se subordine como principio universal.

¿No es más lógico que en vez de claudicar tan fácil, se haga un vigoroso esfuerzo de fortalecimiento institucional judicial, y se ofrezca a las víctimas posibilidades de justicia, sustituta de la venganza?.