HISTÓRICO
La región espera, señor Fiscal
  • ILUSTRACIÓN MORPHART
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EL COLOMBIANO | Publicado el 11 de abril de 2013

Ayer, finalmente, llegó a Medellín el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, después de anunciar su visita con mucha anticipación y de haber creado expectativas por los frutos que pueda rendir su permanencia aquí en la lucha contra la criminalidad en la región.

Un fiscal general en nuestro país cumple múltiples tareas y desempeña diversos roles, desde el propiamente judicial y de ejecutor de la política criminal e investigativa que le encomienda la Constitución, hasta el de indiscutible protagonista político, derivado de su enorme poder, incluido el burocrático.

Desde el inicio de su período -cuya duración está pendiente de definición por parte del Consejo de Estado-, el fiscal Montealegre ha combinado estos roles, aunque en las últimas semanas su presencia en los medios se ha concentrado en sus referencias, muy polémicas, al tema de las negociaciones de paz. Ha sido tan intensa su participación en el debate, que quien no sepa que en nuestro país la Fiscalía es un organismo autónomo, podría llegar a creer que esta es una dependencia más del poder Ejecutivo.

De hecho, su activismo en la marcha realizada el pasado martes, con desiguales resultados en el país, acompañado de sus intercambios dialécticos con el procurador general, Alejandro Ordóñez, han llevando a que cada vez más gente piense que el Presidente y el Gobierno, afortunados ellos, lograron alinear a un aliado vital que, además, puede tener más efectividad que un ministro para ir ambientando la decisión de cero cárcel para los jefes guerrilleros.

No obstante, y a pesar de que lo anterior tiene que ser analizado con profundidad, queremos aprovechar la presencia del doctor Montealegre en Antioquia, no como agente del Gobierno sino como jefe de la investigación penal y responsable de los resultados contra la impunidad, para insistirle en la apremiante necesidad de que tome decisiones que llevamos meses esperando.

Medellín, el área metropolitana y Antioquia son epicentro de la actuación de los más diversos y variopintos grupos delincuenciales. El propio fiscal Montealegre vino a la ciudad la semana pasada con el Presidente Santos y la cúpula policial para mirar por un rato lo que pasaba en esta zona del país.

Las autoridades de Medellín llevan meses insistiendo en su petición para que se llenen las vacantes que hay en la Fiscalía de la ciudad, y que se remedie la gran acumulación de expedientes que a su cargo tienen los pocos fiscales que hay.

Ante el azote de la criminalidad, que se recrudece por épocas, el nivel de cumplimiento que la ciudadanía -y nosotros los medios- demandamos de los gobernadores, alcaldes y comandantes policiales, deberá ser también elevado, y aún con mayor razón, el de las autoridades judiciales. La impunidad de la que gozan los delincuentes es el mejor escudo con que estos cuentan para tener a la ciudadanía sometida a sus protervos objetivos.

La vacancia de plazas de fiscales en Medellín no debe quedar indefinidamente subordinada a la morosidad de una entidad paquidérmica. Solucionar el tema, y ya, es un asunto de interés público. Con lo que hay, ni Medellín ni la región podrán con la delincuencia. Y las autoridades civiles y policiales seguirán impotentes para poder cumplir con sus deberes constitucionales.

Señor fiscal: de sus prontas decisiones dependerá que sigamos en las mismas, o que la impunidad quede atrás y podamos vivir en una sociedad decente y con justicia.