HISTÓRICO
LA TRAMPA
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Por RAFAEL NIETO LOAIZA | Publicado el 08 de diciembre de 2012

"Unilateralmente, como está permitido para este tipo de situaciones, las Farc-EP solicitan al CICR dar el trámite formal que requiere el reconocimiento de este pacto entre gobierno e insurgencia, como Acuerdo Especial, según el sentido que le confiere a este tipo de acuerdos el Derecho Internacional Humanitario, y que en consecuencia deberá pasar automáticamente a hacer parte del Bloque de Constitucionalidad, generando la obligación a las partes de mantener el escenario de diálogo", dice la carta que le enviaron los guerrilleros al Comité Internacional de la Cruz Roja hace pocas semanas.

Parece inofensiva. En realidad es una trampa. Tiene un propósito explícito y otro oculto.

El propósito abierto es el de obligar al Gobierno a quedar amarrado a la mesa de negociaciones. Es lo peor que le puede ocurrir a Santos.

El Presidente tiene que tener no solo la posibilidad sino la disposición de patear el tablero, si ello fuera necesario, tanto porque definitivamente se constata que no se llegará a un acuerdo con las Farc como porque es útil para que cedan en pretensiones inaceptables, de manera que las negociaciones se retomen sin los obstáculos que tales pretensiones suponen.

Es decir, el Gobierno debe poder levantarse tanto porque las negociaciones fracasaron como porque es un mecanismo para mostrarle a la guerrilla los riesgos de mantenerse en posiciones que debe abandonar si quiere avanzar.

Poder levantarse de la mesa en cualquier momento es para el Gobierno una herramienta fundamental en la negociación.

Hay que tener siempre presente que con las negociaciones los subversivos no pierden nada y en cambio ganan mucho, aun si al final no se llega a la finalización del conflicto.

Por eso las Farc quieren que las conversaciones se mantengan a cualquier costo.

El objetivo encubierto de la carta de las Farc es aun más dañino: obtener el "estatuto de beligerancia".

Es el mismo propósito de su empeño en llamar "prisioneros de guerra" a los secuestrados que están en su poder y a los guerrilleros detenidos en las cárceles.

El carácter de prisionero de guerra supone el derecho a que no se les aplique el régimen penal interno del Estado y a no ser juzgados por sus tribunales.

En los conflictos armados no internacionales no existen prisioneros de guerra. En estos conflictos los Estados no solo pueden sino que deben usar todo su aparato normativo para combatir a los que se levantan en armas.

Así lo reconoce expresamente el DIH.

Por eso el Protocolo II adicional a los cuatro Convenidos de Ginebra dice que "no podrá invocarse disposición alguna del presente Protocolo con objeto de menoscabar la soberanía de un Estado o la responsabilidad que incumbe al gobierno de mantener o restablecer la ley y el orden en el Estado o de defender la unidad nacional y la integridad territorial del Estado por todos los medios legítimos".

En fin, prisioneros de guerra no hay sino en los conflictos internacionales, entre ellos los que tienen lugar entre un Estado y un grupo armado interno al que se le ha otorgado el "estatuto de beligerancia".

Esos grupos que tienen carácter de "beligerantes" son cuasiestados, Estados en formación, y por ello las reglas que regulan sus conflictos son las de los conflictos internacionales.

Las Farc siempre han aspirado a ser "beligerantes".

Supondría que pueden sentarse como iguales frente al Estado y que su proyecto político exige el mismo tratamiento que el de las autoridades de Bogotá.

Los acuerdos especiales son para implementar coberturas de carácter humanitario más allá de las contempladas en el Protocolo II.

Las Farc ni siquiera respetan las normas mínimas del DIH. Deberían empezar por ahí.

En todo caso, el acuerdo con el Gobierno para abrir negociaciones no tiene el carácter de acuerdo especial porque su objetivo no es ampliar la protección humanitaria y porque no es un tratado internacional de ningún tipo. El Gobierno debe estar atento y no pisar la cascarita. Y saber que trampas como ésta habrá durante todo el camino.