HISTÓRICO
Las justificaciones del Presidente
  • Iván Cepeda Castro | Iván Cepeda Castro
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Iván Cepeda Castro* | Publicado el 12 de julio de 2010

La incitación a la violencia y la justificación de crímenes de lesa humanidad es una práctica recurrente del presidente Álvaro Uribe Vélez y sus colaboradores más cercanos. Lo ha sido siempre. Desde la época en que asesinaron al defensor de derechos humanos Jesús María Valle, a quien el entonces gobernador de Antioquia había acusado públicamente de ser "enemigo de las fuerzas armadas".

Durante los últimos ocho años he tenido una constante polémica con el presidente Uribe y sus colaboradores sobre esta viciosa práctica, que regularmente ellos presentan ante la opinión como parte de un estilo vehemente de librar el debate político. Primero fue con el señor José Obdulio Gaviria, quien al ser convocadas las manifestaciones del 6 de marzo de 2008 en homenaje a las víctimas de los crímenes de Estado, afirmó que dichos eventos eran convocados por las FARC. Esas calumniosas acusaciones sirvieron de incitación para el asesinato de seis personas que estaban organizando las manifestaciones en diversas ciudades del país. Tal situación motivó una carta firmada por 63 congresistas de Estados Unidos rechazando esas declaraciones, y el asesor presidencial se vio obligado a retractarse en una extensa carta pública. Luego la polémica fue con el señor Fabio Echeverri Correa, quien como gerente de la campaña de reelección presidencial creó un mensaje publicitario en el que se calificaba a los miembros de la UP de asesinos bajo el eslogan "¡Adelante, Presidente!". A él le tocó retirar los mensajes publicitarios y pedir excusas a las víctimas de la UP por orden de la Corte Constitucional, que en la sentencia T-959 de 2006 me dio la razón y determinó que la campaña de reelección del presidente Uribe había violado el derecho a la honra y al buen nombre.

Ahora, la discusión es sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dictaminó que el asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas es un crimen de Estado. El presidente Uribe en vez de reconocer la responsabilidad estatal, como lo prueba la sentencia, y de pedir perdón, como lo ordena el tribunal internacional, hizo una declaración en que agravia nuevamente a las víctimas de la UP. Y como si esto fuera poco, ahora ha puesto a sus colaboradores a desplegar una campaña de apología de este crimen de Estado. Todo con el propósito de desacatar la justicia internacional, desviar la atención acerca del cumplimiento cabal de su sentencia, y, al mismo tiempo, ocultar las numerosas actuaciones ilegales del gobierno de la seguridad democrática. El señor José Obdulio Gaviria tiene que responder ante la Fiscalía General por su papel en el diseño del aparato que desde el DAS organizó la persecución criminal contra magistrados, periodistas, defensores de derechos humanos y miembros de la oposición política. El señor Andrés Felipe Arias tiene que responder ante el país por los turbios episodios que motivaron su retiro del Ministerio de Agricultura. ¿Con qué autoridad moral ellos invocan el nombre de la patria para exigir a las víctimas del genocidio político rectificaciones y demandas de perdón?

La verdad sobre el asesinato perpetrado contra el senador Cepeda ha quedado definitivamente establecida. Como dice la sentencia internacional, la Corte Interamericana "estima que la responsabilidad del Estado por la violación del derecho a la vida del senador Cepeda se encuentra comprometida por la acción conjunta de grupos paramilitares y agentes estatales [?] pues respondió a una acción organizada de esos grupos, dentro de un contexto general de violencia contra la UP".

* Esta columna se publica por petición de Iván Cepeda, haciendo uso de su derecho a la réplica a una columna del doctor Andrés Felipe Arias, publicada por este diario el sábado 3 de julio de 2010