HISTÓRICO
Lo que perdimos en la CIJ
  • ILUSTRACIÓN MORPHART
    ILUSTRACIÓN MORPHART
EL COLOMBIANO | Publicado el 19 de noviembre de 2012

Las diferentes reacciones en Nicaragua y en Colombia frente al fallo dictado ayer en La Haya por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), reflejan perfectamente las connotaciones que tendrá la sentencia, y que apenas comienzan a entreverse.

Mientras Nicaragua tiene razones para "declararse satisfecha", Colombia, por boca del Jefe del Estado, Juan Manuel Santos , dijo que "no puede aceptar" los que considera "omisiones, errores, excesos e inconsistencias" de la CIJ.

Si bien la soberanía de Colombia sobre San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los cayos adyacentes quedó ratificada, la sentencia de la CIJ no es positiva para Colombia.

Al asumir la Corte la competencia para delimitar una nueva frontera marítima entre Colombia y Nicaragua, y fijarla como lo hizo ayer, quedamos sin una gran porción -aún no cuantificada por los expertos- de soberanía sobre el mar Caribe.

Hay que decir que a una contingencia de tal naturaleza se somete cualquier Estado al aceptar la jurisdicción de la CIJ para dirimir un conflicto por la vía contenciosa, en aplicación de las complejísimas y diversas normas del derecho internacional público.

Colombia decidió hace 12 años asumir ese riesgo, y en ese momento la mayoría de partidos políticos y la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores apoyaron al Gobierno en tan trascendental opción.

Creemos que la defensa de los intereses de Colombia ante la CIJ, en La Haya, se adelantó con conocimiento, experiencia, experticia y diligencia.

Será difícil dimensionar qué influencia tuvo entre los jueces de la CIJ el dicho de la actual Canciller, María Ángela Holguín , sobre la naturaleza "salomónica" de las decisiones de esa alta instancia. Lo seguro es que los jueces tomaron nota de ello.

Y aunque el equipo de agentes de Colombia combinó una conveniente cautela con un optimismo fluctuante, al final fue evidente que el abatido semblante que mostraba ayer el excanciller Julio Londoño retrató muy bien el sentimiento del Gobierno colombiano.

Y la posterior intervención del Presidente Santos, ayer, con toda la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores detrás suyo, reviste unas consecuencias de hondo calado.

Nuestro colega El Tiempo, decía en su editorial del pasado domingo que "cualquier intento de un dirigente de apartarse de lo que resulte, solo puede entenderse como un acto mezquino, si el pronunciamiento nos fuera adverso".

No sabemos si la alocución presidencial implica "apartarse" del fallo. Aquí hay que tomar cada palabra, al igual que las plasmadas en la decisión de la CIJ, con total cuidado e inteligencia. Podemos entender, eso sí, la legítima y justificada preocupación del Jefe del Estado por las consecuencias que traerá para nuestro país esta sentencia que está revestida, qué duda cabe, de toda la carga política que Nicaragua no tardará ni un minuto en rentabilizar.

El Presidente citó sus deberes constitucionales para justificar su rechazo al fallo -en lo que hace relación a las nuevas fronteras marítimas- pero también está perfectamente consciente de que las sentencias de la CIJ no se pueden recurrir, y que el artículo 94 de la Carta de las Naciones Unidas compromete a todo Estado miembro a cumplirlas.

La vía jurídica que queda -las solicitudes de interpretación o revisión- será ejercida por nuestro país, según lo que le entendimos al Presidente Santos, y hay que apoyarlo. Con el conocimiento, eso sí, de que una decisión como la ya tomada por la CIJ no se verá modificada en lo sustancial.

Hemos perdido mar. Mucho. Nos veremos forzados a adecuar convenios con otros países y, obviamente, a dialogar y negociar con Nicaragua, cuyo gobierno hoy es un régimen hostil. Hará falta destreza, realismo, firmeza. No es previsible retornar al estado de cosas previas. Habrá que renovar internamente un pacto de Estado para buscar la mejor salida ante las nuevas realidades.