HISTÓRICO
Paro judicial: nadie ganó
  • Paro judicial: nadie ganó | ILUSTRACIÓN MORPHART
    Paro judicial: nadie ganó | ILUSTRACIÓN MORPHART
EL COLOMBIANO | Publicado el 12 de noviembre de 2012

Casi un mes duró la Justicia paralizada. Cuatro semanas en las que no se tramitaron expedientes, no se practicaron pruebas, no se realizaron audiencias judiciales necesarias para definir millones de situaciones jurídicas que, muchas veces, llevan años y años sin resolverse.

Al histórico atraso en la administración del servicio público esencial de justicia, a la acumulación endémica de expedientes sin resolución, se sumó esta protesta que paralizó -aún más- uno de los poderes sobre los que se funda el Estado de Derecho.

Con otro agravante: en un mes largo, estaremos próximos a las vacaciones judiciales, que son colectivas (salvo ciertos despachos en lo penal). ¿Lograrán ponerse al día en tan corto lapso? Vana ilusión.

Los trabajadores de la Rama Judicial tienen todo el derecho, ni más faltaba, de hacer reivindicaciones laborales y de exigir que sus condiciones de trabajo y las escalas de remuneración se ajusten a los mandatos constitucionales de dignidad y equidad.

Las diferencias salariales entre la cúpula de la judicatura (magistrados de altas cortes y de tribunales superiores) con relación a los jueces, sobre todo los municipales, son muy superiores a los que indicaría una razonable asignación de los recursos destinados a la paga de estos servidores públicos.

Pero fijadas ya las altísimas remuneraciones de magistrados, equiparables a las de los parlamentarios -de por sí cuantiosas incluso para un país rico- no hay manera de rebajarlas.

Para los de la parte inferior de la escala organizacional judicial, no queda sino pedir el aumento de sus propias remuneraciones. Y ahí es donde entra a jugar el mecanismo de presión por el cual se opte.

Y sometidos ellos a un dilema de compleja solución: como servicio público esencial, no admite huelgas, lo cual ha sido reiterado por la propia Corte Constitucional; y si no es mediante cese de actividades como mecanismo de presión de última instancia, es poco probable que el Poder Ejecutivo les ponga atención.

Pero es que el cese de actividades es un mal mayor que se le inflige a la sociedad. Entre un sistema judicial paralizado y unos funcionarios que exigen más altas remuneraciones, se pone de por medio a la sociedad que sufre un enorme menoscabo de confianza en las instituciones.

Al Gobierno el paro judicial lo cogió poco preparado, sin unidad de criterio para enfrentar las negociaciones forzosas que hubo de sentarse a solventar a regañadientes. Y una vez llegado a un principio de acuerdo, saltó el otro problema: la división entre los dirigentes del sindicato judicial.

Fue esta la parte más impresentable del embrollo. Una confusión permanente entre si lo que acordaban era vinculante para las partes o no. En eso, razón tuvo la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa : lo mínimo que debe esperarse de la contraparte es que tenga mandato suficiente de sus afiliados para tener capacidad decisoria.

En la última encuesta Gallup publicada en este diario el pasado 31 de octubre, el sistema judicial es la tercera institución con opinión más desfavorable en el país (71 % de imagen negativa). Con este paro, se suman razones para que esta desalentadora percepción crezca.

Como lo dijimos en nuestro editorial del pasado 25 de octubre, si bien debe buscarse equidad en las remuneraciones, los funcionarios judiciales deben ofrecer productividad y eficiencia. La impunidad y la morosidad judicial, altísimas en Colombia, dejan mucho que desear sobre la calidad de nuestra justicia.