HISTÓRICO
POLÍTICOS EN CAMPAÑA: INICIA LA FERIA DEL CASTIGO
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    POLÍTICOS EN CAMPAÑA: INICIA LA FERIA DEL CASTIGO |
Por MICHAEL REED HURTADO | Publicado el 18 de agosto de 2013

La receta política para los problemas sociales que no se han podido resolver es la cárcel. Conductores borrachos: ¡cárcel… Ladrones de celular: ¡más cárcel… Consumidores de droga: ¡cárcel…

La receta no cura ni un solo mal; pero es tremendamente efectiva, en términos políticos.

Debería ser obligatorio para los políticos que prometen cárcel que digan en dónde y cómo pretenden encarcelar. Además, sería bueno que dijeran, más allá del reproche moral, qué esperan obtener.

No me gusta la cárcel, no tengo por qué esconderlo. Tampoco soy abolicionista; a estas alturas, estoy convencido de que la cárcel es un mal necesario. Pero la cárcel debe ser usada con racionalidad y con plena conciencia de que daña. Daña a los presos, a sus familiares y, en el estado de las cárceles colombianas, daña a todos los que trabajan en ella.

El disparate de los políticos caneros es reprochable. Las noticias nacionales cubren el riesgo de un brote de tuberculosis en las cárceles colombianas que doblan y triplican su capacidad y estos iluminados quieren resolver el problema de los conductores borrachos metiendo más personas a la bodegas humanas.

El problema es complejo y tiene ramificaciones culturales profundas. La cárcel no lo resuelve. La manera cómo las autoridades han abordado todos los problemas derivados del consumo de alcohol debe revisarse. El tema es aceptado con pasividad, que comprendo como expresión de tolerancia. La lenidad en el momento de juzgar a personas que han causado heridas o la muerte a otros mientras conducían bajo estado de embriaguez requiere ser discutida. No obstante, ninguno de estos problemas se resuelve con la nueva promesa de cárcel para los conductores borrachos.

Los discursos políticos recientes son un poderoso recurso que reorganiza simbólicamente el mundo estructurándolo en ejes dicotómicos: el bien y el mal, amigos y enemigos; o los que reprochan a los borrachos y los que los toleran. Estas construcciones tienden a "establecer orden en un universo que parece haber perdido sentido" (Calderia, 2007).

El derecho penal se torna en motor de un proceso moralista colectivo que aglutina a la sociedad en torno al reproche de los delitos y de los delincuentes, reclamando que, si se permite el apogeo del castigo estatal, este podrá ofrecer soluciones totales en un mundo que se llena cada vez más de riesgos (Garland, 2001). La respuesta ya no se concentra en las causas del crimen sino que se expresa mediante el tratamiento severo de los delincuentes. Es, sobre todo, justicia expresiva.

Este paradigma tiende a anular a los críticos. Además de los que proponen este tipo de medidas "duras contra el crimen", el resto tiende al silencio y a no meterse en el debate (Simon, 2007). El costo político de aparecer como "suave" frente al crimen es muy alto. Los opositores son fácilmente representados como defensores de criminales, o de conductores borrachos. Esta situación genera una inercia que conduce al escalonamiento de lo punitivo y al olvido de lo social.

Y hasta aquí el cuento. No soy ni suave contra el crimen, ni contra los borrachos que conducen, ni contra muchas otras cosas; sencillamente, hago un llamado a la racionalidad y a no dejarse invadir por el populismo punitivo de los políticos en campaña que a golpe de derecho penal buscan votos con cruzadas colectivas que ni ellos se creen.