HISTÓRICO
Procuraduría inhabilitó a Londoño Hoyos
  • Los hechos que motivaron la decisión de la Procuraduría contra el ex ministro Londoño tienen que ver con las imputaciones que le hizo a un juez de Tunja, acerca de su relación con los hermanos Rodríguez Orejuela.
    Los hechos que motivaron la decisión de la Procuraduría contra el ex ministro Londoño tienen que ver con las imputaciones que le hizo a un juez de Tunja, acerca de su relación con los hermanos Rodríguez Orejuela.

  • Fernando Londoño podrá interponer el recurso de reposición.
  • La providencia fue motivada por las acusaciones contra el juez Suárez Vacca.
  • El ex ministro no podrá ejercer cargos públicos en los próximos 12 años.
Colprensa, Bogotá
La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos, durante 12 años, al ex ministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño Hoyos, por irrespeto a decisiones judiciales y el abuso de su cargo.

Los hechos que motivaron la decisión del ente disciplinario tienen que ver con las imputaciones que, de manera pública, hizo el hoy ex funcionario al juez Segundo de Ejecución de Penas del Distrito Judicial de Tunja, Pedro José Suárez Vacca cuando, producto de su decisión, quedó en libertad el narcotraficante Gilberto Rodríguez Orejuela, antiguo miembro del Cartel de Cali, por haber cumplido con las tres quintas partes de la pena.

En su momento, el ex Ministro acusó al juez de prevaricador y afirmó que sus actuaciones "estaban muy bien orquestadas y muy de acuerdo con la familia Rodríguez Orejuela", así como que Suárez Vacca prestó sus servicios en el pasado "como miembro obsecuente del bufete de abogados".

La Procuraduría concluyó que Londoño Hoyos, con su actuación, incurrió en el delito de injuria y calumnia a titulo de dolo, lo que se considera "falta gravísima en el Código Único Disciplinario".

Dice la providencia que el ex Ministro, al asegurar que los Rodríguez Orejuela, con su poder económico, produjeron un resultado judicial que no se compadecía con las evidencias del proceso, "abusó de su cargo y puso en entredicho la reputación y prestigio de un ciudadano y funcionario judicial que debió respetar y proteger por mandato judicial".

Además, el ente de control consideró que el entonces Ministro suministró información no veraz, sin pruebas, calumniosa e injuriosa contra el funcionario judicial de Tunja.

Rectificación no procede
A pesar de que, al atender un fallo de una tutela, Fernando Londoño Hoyos se vio obligado a retractarse, la Procuraduría estableció que su rectificación no hace desaparecer la falta cometida.

Lo que le queda al ex ministro Londoño, tras el severo fallo del Ministerio Público, es interponer un recurso de reposición para tratar de desvirtuar la providencia.

La investigación, fallada en única instancia, se inició el 7 de noviembre de 2002 ante una denuncia de la ciudadana Cecilia Castro Monsalve, a la que se sumaron otras dos: una suscrita por los parlamentarios Carlos Gaviria, Jaime Dussan, Jesús Piñacué, Jimmy Chamorro, Samuel Moreno, Jesús Bernal, Lorenzo Almendra y Germán Navas y; la segunda, presentada por la Organización Primera Fuerza Social Democrática de las Clases Pobres.

El pronunciamiento de la Procuraduría coincidió con la columna que Londoño Hoyos publicó en el diario El Tiempo, en la que afirma: "somos reos de Maya Villazón en dos procesos disciplinarios (...) Seremos condenados por Maya Villazón. Nuestra defensa la haremos ante el pueblo de Colombia, que tiene derecho a saber cómo se articulan, para su perdición y su vergüenza, los mecanismos del poder que sufre, pero que no elige".

Los argumentos de Londoño Hoyos
Durante el proceso, el ex ministro Fernando Londoño Hoyos, esgrimió los argumentos que lo llevaron a señalar al juez Suárez Vacca como prevaricador. Entre ellos, según el texto de la providencia, "que él nunca dedujo el motivo de la inexistencia de necesidad para que se continuara con la ejecución de la pena"; que "no consultó la opinión del Director de Palmira de donde fueron trasladados los ajusticiables porque obraban con tanta libertad que siguieron delinquiendo, según opinión de los jueces de E.U."; que "decretó una caución ridícula y aceptó el dinero en efectivo, cuando aquéllos le debían al Estado colombiano más de 150.000 millones de pesos por condenas producidas en su contra por la Corte Suprema de Justicia".