HISTÓRICO
¿Quién regulará las uniones?
  • ILUSTRACIÓN MORPHART
    ILUSTRACIÓN MORPHART
EL COLOMBIANO | Publicado el 31 de marzo de 2013

Hace ahora dos años la Corte Constitucional, al decidir una acción de constitucionalidad sobre la norma del Código Civil que regla el matrimonio en Colombia, decidió que era válido definirlo como la "unión entre un hombre y una mujer", pero encontró que era limitada y por eso exhortó al Congreso a legislar sobre la unión de personas del mismo sexo.

Como plazo, le fijó al Legislativo el 20 de junio de 2013. Si a esa fecha el Congreso no cumple la "exhortación" de la Corte Constitucional, ésta dispuso en la sentencia que "las parejas del mismo sexo podrán acudir ante notario o juez competente a formalizar y solemnizar su vínculo contractual".

En el Congreso hay unos proyectos de ley que buscan regular el tema, pero no parece que haya ambiente político para discutir, ni menos aprobar, una ley de esa naturaleza.

Por lo tanto, muchas parejas acudirán a lo dispuesto por la Corte Constitucional en esa célebre sentencia (C-577 del 27 de julio de 2011), y se encontrarán con que ni notarios ni jueces tienen una norma jurídica que les indique bajo qué términos actuar. Según la Constitución, no habrá funcionario que no tenga establecidas por ley sus competencias.

La Corte con sus órdenes extraconstitucionales, por un lado, y el Congreso con su morosidad, por el otro, ponen a jueces y notarios contra una pared de incertidumbre jurídica y procedimental, y también a las parejas que legítimamente quieran formalizar su unión.

Porque, para decirlo claramente, una cosa es objetar el procedimiento establecido por la Corte Constitucional, a nuestro juicio fuera de los cauces que la Carta Política le fija, y otra es negar el derecho a las parejas del mismo sexo a unirse con efectos civiles.

Creemos que a estas parejas les asiste toda la legitimidad al exigir que en Colombia se regule jurídicamente el tema. Consideramos que, efectivamente, es discriminatorio que la legislación civil no contemple los efectos de una unión que debe estar reconocida y protegida.

Hay, por supuesto, quienes se oponen a que las parejas del mismo sexo puedan unirse formalmente. Algunos de los que objetan esa opción esgrimen argumentos que consideran derivados del derecho natural: la finalidad de procreación que se incumple, las tradiciones bíblicas que las condenan, los mandamientos religiosos que las excluyen, etc.

Quienes se oponen deben tener derecho, cómo no, a exponer sus argumentos, sin ser objeto de estigmatización o señalamiento. Es de esperar, eso sí, que sus razones sean bien fundamentadas y no se reduzcan a decir que la unión que atacan es "antinatural" o "inhumana", sin más.

O que las objeciones se amparen en razones de fe desde sectores que atacan sin miramientos a las minorías sexuales, cuando a la vez, en algunos reductos de su organización interna se dan comportamientos esos sí condenables, por cuanto no se trata de relaciones libremente consentidas entre adultos.

Por otra parte, hay otro aspecto que la Corte Constitucional desarrolla en su extensa y prolija sentencia, y es el encadenamiento que hace entre unión civil y su carácter constitutivo de familia. Que, en desarrollo de los derechos reconocidos a quienes se unan civilmente, abren el espacio para la adopción de menores de edad, cuestión ésta no tan pacífica y de la que, en este mismo espacio, hemos discrepado, por llevarse de por medio derechos fundamentales de los niños, consagrados de manera prevalente en la misma Constitución.