HISTÓRICO
Reforma a la Justicia: los puntos más polémicos
  • Reforma a la Justicia: los puntos más polémicos | La polémica que levantó la conciliación de la Reforma a la Justicia, obligó al presidente Juan Manuel Santos a dar una alocución el jueves en la noche.
    Reforma a la Justicia: los puntos más polémicos | La polémica que levantó la conciliación de la Reforma a la Justicia, obligó al presidente Juan Manuel Santos a dar una alocución el jueves en la noche.
Publicado el 22 de junio de 2012

La Reforma a la Justicia que aprobó el Congreso de la República agitó al país. Los puntos de vista sobre el acto legislativo que consta de 29 artículos conforman una gama que va desde quienes están conformes y destacan sus virtudes, hasta los que piensan que nada se puede rescatar.

Los focos de atención también varían dependiendo de si se analiza el componente puramente judicial o el político. Aunque en ambos casos las discusiones pueden extenderse hasta la esfera filosófica, algunos especialistas, para el caso del componente judicial, centran su atención en aspectos puntuales.

Ese es el caso del otorgamiento de funciones jurisdiccionales a abogados, notarios y centros de conciliación; la posibilidad de que se puedan realizar capturas hasta por 72 horas y el nuevo Consejo Nacional de Disciplina Judicial, que reemplaza al Consejo Superior de la Judicatura.

Al respecto, se refirieron José Gregorio Hernández, exmagistrado de la Corte Constitucional y director de la revista jurídica ‘Elementos de Juicio’ (1); Álvaro Mendoza Ramírez, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Sabana (2), y Billy Escobar, decano de la Facultad de Ciencias Sociales del Politécnico Grancolombiano (3).

Entrega de funciones jurisdiccionales a abogados, notarios y centros de conciliación

1. Es una forma de privatizar que no hace bien y tendrá efectos negativos en la administración de justicia. Se le quita la responsabilidad al Estado y se genera un semillero de impedimentos y recusaciones porque son muchos procesos en los que nada puede garantizar que los abogados tengan impedimentos, porque, por ejemplo, hayan podido prestar asesorías antes en esos casos. También se generará un desborde muy grande de expedientes en las oficinas de abogados y notarios. Es una de las medidas más negativas.

2. Es una buena iniciativa. No se trata de entregarles toda suerte de decisiones a los abogados y notarios, sino unas decisiones bastante sencillas. No hay que pensar que si alguien no es juez, por esa sola circunstancia no pueda decidir. Entre otras cosas, en el país se viene trabajando en el tema del arbitraje, y los notarios desde hace mucho rato se han venido encargando de casos que estaban antes en cabeza de jueces, como las sucesiones.

3. Es un buen intento de descongestionar el sistema de justicia. Es una forma alternativa de solucionar conflictos que hay que estimular para que los procesos no entren a tribunales, segundas instancias y cortes. Este tipo de justicia, que es cumplida y barata, ataca pleitos pequeños. Y la tendencia global está llevando a esto. En ese sentido, se deben buscar abogados probos y que las universidades tengan una papel más protagónico. Además, está comprobado que el sistema judicial está colapsado en un 80% por el sistema financiero. Ellos deberían pagar por el servicio. En este aspecto, la reforma fue tímida, no estructural, porque los congresistas se preocuparon por otras cosas.

Capturas hasta por 72 horas en casos que las autoridades consideren excepcionales

1. Con esta determinación el país regresa al Artículo 28 de la Constitución de 1886, pero en forma más lesiva para la libertad. La normativa de la Constitución del 91 consagraba como garantía de la libertad del ciudadano el orden jurídico. Al eliminarla hoy, se da un retroceso y además se desconstitucionaliza lo referente a los casos extraordinarios en que ese tipo de capturas se puedan dar, porque pasan al legislador estatutario y no a la Constitución misma.

2. Ese tiempo es suficiente para que el fiscal, sin angustias, presente al capturado ante un juez. Además, hay que tener en cuenta que los horarios de esos funcionarios son distintos: un fiscal trabaja las 24 horas, mientras que el juez lo hace en horas hábiles, no en fines de semana ni cuando hay vacancia judicial.

3. En nuestro país hay demasiada judicialización, hay muchas conductas criminales. Esta medida es aceptable en razón al volumen de casos.

El nuevo Consejo Nacional de Disciplina Judicial, que reemplaza al Consejo Superior de la Judicatura

1. Están cambiando el nombre para que otro ente haga lo mismo. No se adelantó mucho. Pero hay otra cosa: lo del arancel judicial conspira contra la gratuidad de la justicia y ubica a los ciudadanos entre los que pueden pagar por ese servicio y los que no lo pueden hacer.

2. El Consejo Superior de la Judicatura era un órgano con reiterados problemas en el país porque no cumplía con el mandato de la Constitución del 91. Ya se venía preparando su supresión. La esperanza que se había depositado en él no se traducía en realidades. Ahora hay que hacer el ensayo con este nuevo mecanismo. Tengo la esperanza de que cuando aparecen nuevos sistemas pueden funcionar. Hay que darle un plazo.

3. Me parece que es un maquillaje. El Consejo Superior de la Judicatura había que cambiarlo y punto. La gestión de la administración de justicia debió quedar adscrita al Ministerio de Justicia, u otra entidad que les hiciera más viable la gestión a los jueces. Me preocupan sus resultados siendo este nuevo ente más burocrático que el que estaba. Se suponía que iban a hacer una reforma a la justicia orientada a tener un efecto en los ciudadanos. La reforma quedó en beneficios para magistrados (períodos) y congresistas (fueros).