HISTÓRICO
REFORMA A LA JUSTICIA PENAL MILITAR
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    REFORMA A LA JUSTICIA PENAL MILITAR |
Por RAFAEL NIETO LOAIZA | Publicado el 10 de noviembre de 2012

El proyecto de reforma constitucional de la justicia penal militar entra esta semana a su séptimo y definitivo debate en la Comisión Primera del Senado.

Por lo mismo, está siendo objeto de los más variados ataques, tanto desde un sector de oficiales en retiro como desde la izquierda radical.

Los primeros creen que establecer reglas constitucionales claras afectará la capacidad de acción de la Fuerza Pública. A los segundos no les gusta nada que pueda fortalecer la institucionalidad militar y policial.

Fui parte de la comisión de seis miembros que creó el Gobierno para esa reforma, junto con tres expresidentes de la Constitucional y dos generales retirados. De manera que conozco bien el proyecto y, dirán algunos, soy parte interesada.

La comisión trabajó con total autonomía, por varios meses y de manera gratuita, y después de oír las preocupaciones de los más diversos grupos, desde el alto mando hasta las oenegés, presentó un proyecto integral de reforma constitucional que busca generar seguridad jurídica para los miembros de la Fuerza Pública y, al mismo tiempo, evitar cualquier forma de impunidad.

Contrario a lo sostenido por Human Rights Watch, no cabe duda de que hay múltiples casos en que jueces y fiscales se han equivocado gravemente en la investigación y juzgamiento de militares y policías.

Esos errores se deben a veces a la confusión existente sobre el régimen jurídico aplicable, a veces al desconocimiento de la naturaleza y funciones de la Fuerza Pública y sus operaciones, y a veces, hay que decirlo, al afán de condenar a como dé lugar a los uniformados.

Ocurre, por ejemplo, que hay condenas contra miembros del Ejército porque no pudieron probar que actuaron en legítima defensa. Una estupidez, por supuesto, porque el Ejército debe tener capacidad ofensiva y no solo responder a la agresión.

Hay condenas en las cuales el juez reconoce que el oficial condenado por homicidio no cometió el crimen investigado, ni lo hicieron sus hombres, ni sabía que terceros lo iban a cometer, pero pierde su libertad porque lo acusan de hacer parte de una alianza criminal, aunque eso nunca quede probado.

Y hay otras en las que se afirma que el Ejército es un aparato criminal organizado de poder, torciéndole el cuello de manera aberrante a una teoría jurídica que busca que sea posible establecer responsabilidades penales en los jefes de las organizaciones delincuenciales por los actos cometidos por sus subalternos.

En otros casos el fiscal empapela a todo un pelotón, incluyendo a quienes estaban de vacaciones, o a un escuadrón de pilotos, con el ánimo de presionarlos para que unos declaren contra los otros. Así que abusos en la investigación y juzgamiento de militares y policías hay por montones.

Por eso la reforma establece que el criterio de evaluación de la conducta de los uniformados en situaciones propias del conflicto armado es el derecho internacional humanitario y que las infracciones al mismo serán de competencia del juez especializado, es decir, de la justicia militar.

Y también crea un tribunal de garantías para que se verifique la legalidad de la acusación contra militares y policías.

Esas normas permitirán que la Fuerza Pública sepa con certeza cuál es el ordenamiento que debe usar para la planeación y ejecución de sus operaciones y sobre qué base será evaluada su conducta, y también evitarán los múltiples abusos que se cometen contra los uniformados.

No es menos cierto que, por otro lado, la justicia penal militar es altamente ineficaz y que hay delitos que en todos los casos deben ser juzgados por la justicia ordinaria.

Por eso la reforma busca fortalecer la justicia militar y asegurar su autonomía e independencia y, al mismo tiempo, establece que hay conductas como los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y la desaparición forzada, entre otros, que serán siempre competencia de la justicia ordinaria.

De paso, se crea el delito de ejecución extrajudicial, para que nunca más ocurran los llamados "falsos positivos".

La reforma es integral y equilibrada. Por eso recibe tanto palo.