HISTÓRICO
Una reforma de poca acogida
Laura Victoria Botero | Publicado el 30 de enero de 2010
Jaime Restrepo Cuartas hubiera querido hacer parte de la Comisión Accidental que nombró el Congreso de la República para analizar los decretos expedidos en el marco de la Emergencia Social.

Pero no lo convocaron. Pese a haber sido partícipe en la creación de la Ley 1122 de 2007 y de su vasta experiencia como médico e investigador, este Representante a la Cámara no puede opinar en esa instancia natural.

Su voz es otra de las que, desde afuera, expresa temores y certezas frente a esta trascendental reforma. Se suma a la de médicos, como el neurólogo Rodrigo Isaza o el oncólogo Mauricio Lema, lectores de este diario que quisieron compartir sus observaciones frente al tema.

O a la del decano de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, Álvaro Cardona, uno de los primeros que dijo que "de eso tan bueno no dan tanto".

Su opinión a través de los medios mereció que el Ministro de la Protección viniera hasta Medellín, armado de argumentos, a presentar al equipo académico del Alma Máter las ventajas de la reforma. Los argumentos no le alcanzaron al ministro Diego Palacio frente al equipo jurídico, económico y médico de la universidad. Al día siguiente Palacio reconoció en los medios que los decretos tenían fallas en su redacción.

Para el congresista Restrepo Cuartas eso es inaceptable. "La redacción de un decreto de esta naturaleza no puede tener ni una coma mal puesta".

La reforma ha despertado pasiones. Mauricio Lema asegura que, de prosperar, su futuro cambiaría: "Esto puede ser tan determinante para mí, como para forzarme a abandonar la profesión en Colombia e irme a trabajar a Estados Unidos".

Para Rodrigo Isaza, el retroceso que representan estas reformas es evidente. "La clase media y alta tendrá que buscar recursos para la medicina especializada a través de costosas pólizas de salud, en sus cesantías, o financiarla a crédito. Los estratos bajos se verán abocados solo a la medicina general, exámenes diagnósticos simples, medicamentos genéricos y la imposibilidad de la medicina especializada y menos de la subespecializada".

Para otros sectores, la reforma tiene ventajas. La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas emitió un pronunciamiento en el que defiende el decreto 131, uno de los de mayor controversia. "Es positivo que se define la autonomía médica de acuerdo a los estándares de la asociación médica mundial y se vuelve a la profesión la posibilidad de fijar sus estándares que garantizan esa autonomía".

Las dos orillas del análisis muestran la complejidad del  tema que involucra a todos los colombianos, desde los más ricos hasta los más pobres.

Una cosa queda clara. El sistema de salud nacional estaba apunto de colapsar. La crisis no se gestó de la noche a la mañana y, en esa medida, parecería sin lógica que las decisiones tomadas por el Gobierno hagan parte de un mecanismo como la emergencia social, creado para resolver coyunturas excepcionales o extraordinarias.

Antes de presentar las distintas miradas, cabe explicar el funcionamiento del controversial Fondo de Prestaciones Excepcionales (Fonpres), creado para la autorización de las prestaciones excepcionales en salud y para la organización de la red de prestadores y proveedores de servicio de salud. Este fondo tendrá como objeto recaudar, asignar, ejecutar y controlar los recursos destinados a la cofinanciación de las prestaciones excepcionales.

El fondo, según el decreto 128 de 2010, tiene recursos finitos y contará con un órgano regulador denominado Comité Técnico de Prestaciones Excepcionales en Salud. Este equipo está conformado por delegados del Ministro de Protección Social, del Ministro de Hacienda, del Director de Planeación Nacional, del Director del Instituto Nacional de Salud, del Director del Invima, del Secretario de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y de un representante del Presidente de la República. Todos funcionarios de Gobierno.