HISTÓRICO
Y CONTINÚAN LOS PALOS A LA RUEDA Y AL TÚNEL
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    Y CONTINÚAN LOS PALOS A LA RUEDA Y AL TÚNEL |
Por JOHEL MORENO S. | Publicado el 24 de agosto de 2013

Poca o ninguna credibilidad a la ingeniería antioqueña le otorgó el entonces ministro del Ambiente Frank Pearl, cuando a fines del 2011, nos soltó una perla para enmarcar al afirmar que: de continuar los trabajos de construcción del túnel de Oriente, iniciado en octubre (bajo la figura de un contrato de concesión para ser terminado en el 2015), Medellín, Guarne, Rionegro y Envigado se quedarían sin agua.

También la administración departamental estuvo de acuerdo con el Ministro y sugirió aplicar "el principio de la precaución", que trata la Ley 99/93 y según el cual "la falta de certeza científica absoluta, la sola presunción de peligro o daño grave e irreversible, era causal suficiente para suspender la obra".

Haber colocado en tela de juicio la experiencia, conocimiento e idoneidad de la firma Integral, la de mayor solvencia técnica y autora de los grandes desarrollos hidroeléctricos y otras obras importantes del país al cuestionar la calidad de los estudios hidrogeológicos, geotécnicos… etc., realizados con anterioridad al proyecto, fue una ofensa a la ingeniería de consulta.

No fue suficiente la licencia otorgada al proyecto por Cornare en el 2002, porque la autoridad nacional Anla nos envió desde la capital en febrero del 2011, una resolución que ordenó suspender los trabajos.

Y desde entonces dieciocho meses transcurrieron, a la espera de los resultados de un nuevo estudio que esa entidad ordenó, cuando ya el concesionario había logrado el cierre financiero del contrato con los aportes propios del concedente y una contribución de valorización por la plusvalía que la obra generaría en la zona de influencia del proyecto en el Valle de San Nicolás.

Estudios innecesarios que confirmaron lo ya conocido, y por segunda vez, un consorcio colombo - italo - chileno, un poco sorprendidos por el nuevo requerimiento, procedieron a ratificar lo que ya se sabía: que la permeabilidad será baja, el impacto despreciable y el costo de la sola duda planteada significa tiempo perdido, un gasto de $ 3.000 millones y la incierta fecha de reanudación de la obra porque el cierre financiero habrá que actualizarlo cuando ello ocurra y el sobrecosto de la paralización aún se ignora quién lo asumirá.

Y ahora Cornare se tomará los tiempos definidos por la ley para evaluar la solicitud de modificación de la licencia (90 días hábiles), más el adicional, de acudirse de nuevo a las audiencias públicas ambientales, así el secretario de Infraestructura departamental haya expresado sin ruborizarse que no se trata de un aplazamiento sino: "de los tiempos propios de los análisis necesarios para ejecutar bien el proyecto".

Y la directora de la Anla, con ocasión de la entrega de nuevos estudios, también nos soltó frases lapidarias como que: "se hicieron con rigurosidad para que sea una de las mejores obras" y que además, "la viabilidad hoy no está en discusión, sino en "cómo se va a hacer".

Entretanto, tendremos que conformarnos por años con esa precaria vía de comunicación con el Valle de San Nicolás y el Oriente a la que no basta haberle aplicado "cosmética y maquillajes a los muros de contención", y entretanto, habrá que esperar gobernantes que reconozcan que sin una infraestructura competente y segura no habrá desarrollo ni crecimiento económico.