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Tras los rastros del atentado en Bogotá
Las primeras horas fueron vitales para comprobar la responsabilidad del Eln y arrojar la primera captura de un presunto autor.
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FOTO COLPRENSA
20 de enero de 2019
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Cuba no capturará a la delegación de paz del Eln, como lo pidió el presidente Iván Duque en la noche del viernes, según dijo su canciller Bruno Rodríguez; en cambio, se acogerá al protocolo pactado entre las partes en caso de ruptura de los diálogos, en el que se establece que los países garantes acompañarán el retorno de la delegación guerrillera a suelo colombiano, sin capturarlos.
A lo que el mandatario colombiano contestó: “quiero dejar claro y hacer un llamado a ese gobierno: Lo que se presentó esta semana no es una diferencia, no es la ruptura de ningún diálogo, porque nosotros no habíamos hecho presencia en esa mesa esperando que liberan los secuestrados y cesaran los ataques terroristas. Lo que se presentó no fue una diferencia de opinión, lo que se presentó fue un acto criminal, violador de los Derechos Humanos y ningún acto de esa naturaleza amerita ningún protocolo que evite que se haga justicia, por eso le pedimos a este gobierno que entregue a esos criminales para que se haga justicia”.
Mientras esta situación se soluciona de una manera diplomática, en Colombia el Gobierno llama a la unión, a que los ciudadanos desde todos los rincones del país salgan a las calles a reprochar el terrorismo, que hoy deja sufrimiento en 21 familias que perdieron a sus seres queridos y luto en la Fuerza Pública y en la sociedad colombiana.
Para las 9 de la mañana de hoy están convocadas las marchas que saldrán de las principales plazas del país (ver paréntesis), aunque un importante sector alega que es una manifestación “politizada” por la derecha.
A esto ha llegado el país después de seis décadas de violencia armada, y de la ilusión de que el terrorismo había sido un capítulo concluido en Colombia.
El atentado
Un estruendoso sonido paralizó la calma el barrio Muzú, en Bogotá, cuando el reloj marcaba las 9:30 de la mañana del jueves. La onda explosiva alcanzó varias cuadras a la redonda y los vidrios fueron cayendo fragmentados.
Dentro de la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander los primeros minutos fueron de absoluto caos. Un vehículo calcinado y cuerpos mutilados a su alrededor permitían, a quienes lograron ponerse en pie, entender que se trataba de un atentado terrorista. El primer ataque contra el alma mater de la Policía en sus 78 años de historia.
Rápidamente había que resolver quién estaba en la capacidad de entrar al corazón de esa institución a cometer este acto de barbarie, al detonar un carro bomba con al menos 80 kilos de pentonita.
Por eso los esfuerzos se concentraron en identificar a la persona que conducía el vehículo, mientras en la Escuela se activaban los protocolos para mantener intacta la escena, atender a los heridos, recoger los cuerpos destrozados y tener bajo control a quienes habían presenciado el atentado y lloraban a sus compañeros fallecidos.
La investigación
Lo primero que hicieron las autoridades, según el relato del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, fue buscar al auxiliar de policía que tuvo contacto con el vehículo cuando este pareció perderse dentro de la institución, tal como lo habían captado las cámaras de seguridad. Con ayuda de este agente se logró un retrato hablado y, tras verificar en el Registro Único Nacional de Transporte (Runt) la identidad del dueño de la camioneta, pudieron establecer que se trataba de la misma persona: José Aldemar Rojas Rodríguez.
Las alertas que señalaban al Eln se encendieron cuando el historial del vehículo con placas LAF565 mostró que en febrero de 2017 había sido adquirido por Mauricio Mosquera León, alias “Macancán”, quien había sido judicializado por rebelión y terrorismo, y estaba comprobada su vinculación a esa guerrilla.
Horas después, en la entrada a las escaleras del campo de paradas de la Escuela, aproximadamente a 135 metros de la explosión, las autoridades encontraron una mano izquierda y después de un examen de necrodactilia pudieron constatar que se trataba de la de Rojas Rodríguez, lo que confirmaba las sospechas.
Varios archivos de inteligencia mostraban que este hombre, nacido en 1962 en Puerto Boyacá, mantenía una relación de vieja data con el Eln, se le señalaba de ser instructor explosivista, de haber estado vinculado por muchos años al Frente Domingo Laín Sáenz, con operación en Arauca, y de participar activamente en las milicias urbanas, punto clave de la lucha guerrillera tras su Quinto Congreso, en 2015. Fue así como descubrieron que obedecía a los alias de “el mocho” y “kiko”.
El ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseguró que este atentado se preparó con filigrana durante al menos ocho meses, tiempo en el cual se coordinó la importación del explosivo, que no es fabricado en Colombia, se hizo seguimiento a la seguridad de la Escuela de Cadetes hasta descubrir que el acceso más débil en seguridad era el de vehículos de carga, que además no contaba con perros para detectar explosivos.
Durante la mañana del jueves, poco después de la explosión, quienes realizaban interceptaciones telefónicas dentro de la Fiscalía General de la Nación, oyeron una conversación en la que Ricardo Andrés Carvajal Salgar, de 39 años, se atribuía la autoría del atentado, explicó después de su captura el fiscal Martínez.
En el allanamiento a la vivienda de Carvajal Salgar, en el barrio Los Laches, en el centro de Bogotá, se encontró un manual del combatiente “primera fase de instrucción” del Eln. La audiencia de legalización de captura ante un juez de control de garantías se realizó ayer a las 10 de la mañana a puerta cerrada. De él se sabe que estuvo procesado en 2012 por tráfico de estupefacientes y fue absuelto un año más tarde. Todo ese tiempo estuvo en prisión.
El hombre aseguró que era inocente justo cuando era conducido al complejo judicial de Paloquemao. “Soy inocente, me están culpando por algo que no cometí”, gritó.
Por otro lado, con el rastreo del vehículo mediante cámaras de seguridad, las autoridades lograron identificar 5,3 kilómetros de recorrido por la ciudad, pero el rastro hacia atrás ha sido complejo de identificar, por lo que no han podido dar con el lugar exacto en el que se cargó con explosivos, ni con otros cómplices.
Sin embargo, la Sijín de la Policía y el CTI de la Fiscalía realizaron un allanamiento en una vivienda que fue arrendada por Rojas Rodríguez, donde se espera que encuentren pruebas que ayuden a documentar mejor el caso.
Las investigaciones continúan. El Eln no se ha pronunciado, sus cuentas en redes sociales fueron bloqueadas. Y el dolor nacional por la pérdida de 21 vidas jóvenes no se cura tan fácilmente.
400
acciones terroristas cometió el Eln en 17 meses de diálogo con el Gobierno anterior.
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