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Diversos gobiernos de América Latina se rajan en cuanto a la autoridad y el dominio real que ejercen sobre los centros penitenciarios, pues en los últimos 30 años han muerto tras las rejas 1.776 presos, la mayoría de las veces producto de motines, intentos de fuga o incendios.
La estadística se desprende de una cronología elaborada por la agencia Efe sobre los motines o reyertas en cárceles latinoamericanas, entre 1986 y 2016. Al procesar esos datos, se observa que el mayor número de presos muertos en esas condiciones corresponde a prisiones de Honduras, con 429. En un solo evento trágico, registrado el 14 de febrero de 2012, perecieron en un incendio en la Granja Penal de Comayagua 360 internos y la mujer de uno de ellos que allí pasó la noche.
El segundo lugar es ocupado por Brasil, ya que en cinco sucesos de esta naturaleza perdieron la vida 353 presos. Uno de ellos revela el enorme poder que la delincuencia organizada tiene en los mismos presidios. La escena es como para no creer: entre el 12 y el 16 de mayo de 2006, la mafia del Primer Comando de la Capital organizó motines simultáneos en 80 prisiones, para evitar el traslado de centenares de reclusos, recuerda Efe.
El resto de países más golpeados por estos hechos son Venezuela, con 266 muertos; Perú, con 250; República Dominicana, 135; México, 127; Argentina, 102; Chile, 81, y remata Bolivia, con 33 muertos.
“Esto muestra la incapacidad estatal para aplicar justicia, en cárceles donde la delincuencia pone las reglas de juego”, comenta Gustavo Duncan, investigador de la Universidad Eafit.
El último de los motines se presentó ayer en la cárcel de Topo Chico, situada en Monterrey, México, con 12 heridos y 52 muertos. De estos últimos, y al cierre de esta edición, habían sido identificados los cuerpos de 20 y el Gobierno de Nuevo León brindaba apoyo a los familiares de las víctimas, incluyendo la cobertura de los gastos funerarios. Según versión del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, recogida por el periódico El Economista, en la prisión se presentó un enfrentamiento entre dos grupos criminales -comandados por Jorge Iván Hernández Cantú, alias “El Credo”, y Juan Pedro Saldívar, alias “El Z27”- que le prendieron fuego a las bodegas de víveres del penal.
Otras versiones apuntan a que, en el fondo, se trataba de una fuga de miembros del cartel de los Zetas .