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“Yo no compré el silencio de nadie”, dijo ayer el presidente de Brasil, Michel Temer. Otra, sin embargo, es la versión del empresario Joesley Batista, quien, para obtener un trato más favorable de la justicia, entregó una conversación que grabó y en la que el primer mandatario habría avalado pagos millonarios al expresidente de la Cámara, Eduardo Cunha, para que no revelara secretos de sobornos en la adjudicación de contratos de la estatal Petrobrás.
El analista en temas geopolíticos Juan David Escobar Valencia recuerda que, décadas atrás, reunir este tipo de pruebas era complicado y, en un estrado judicial serían, por ejemplo, la palabra de Temer contra la de Batista, este último presidente del poderoso grupo cárnico JBS S.A.
Ahora no. Si la voz de Temer es la que está ahí, avalando un hecho ilícito, está hundido. No en vano, ayer le pidieron desde diversos sectores que renunciara a la silla presidencial y el Supremo Tribunal de Brasil autorizó que se investigue al mandatario por esos hechos.
Tomás Serrano, quien como juez fue reconocido por sus condenas contra capos del narcotráfico, dice que en caso de grabaciones, como la que tiene contra la pared a Temer, se deben hacer cotejos de voces, para verificar qué personas realmente hablan. Así mismo, aclara que cuando un tercero, que no interviene en la conversación, es quien aporta el audio o video, podría incurrir en el delito de violación de la intimidad. Si el que entrega la prueba es uno de los participantes en la grabación, entonces sí se le da un valor judicial.
Donald Trump, el inexperto político y hábil empresario que ganó la presidencia de Estados Unidos, está envainado por cuenta de las grabaciones que, presuntamente, hace de sus charlas privadas en la Casa Blanca. Pero más delicada es su presunta interferencia con la Justicia, al pedirle al entonces jefe del FBI, James Comey, que frenara una investigación en contra del exasesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn.
Sobre lo primero, o sea las grabaciones, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Jaime Alberto Arrubla Paucar, advierte que una grabación es válida cuando las partes están de acuerdo en que se haga y que cuando se trata de asuntos públicos es usual que se acuda a esto como registro de memoria y para verificar la veracidad de lo que se dice. Si, por el contrario, la grabación se hace sin el consentimiento de la otra persona, se considera como la “manzana envenenada” y no sirve de prueba. No obstante, el juez es quien pondera el origen y si la valida o no como prueba.
Arrubla califica como preocupante el memo del exjefe del FBI, porque si las cosas se dieron así, se estaría repitiendo la historia de Richard Nixon, cuando intentó frenar la investigación del Watergate. “Obstruir a la justicia o a una investigación de un organismo de Policía judicial es algo muy grave aquí y allá. Por ahora no sabemos si es cierto o no, ni a dónde llegue”.