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Costa Rica cumple un mes de huelgas contra reforma fiscal
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Huelgas en Costa Rica en contra de reforma fiscal del gobierno de Carlos Alvarado Quesada. FOTO: EFE
Costa Rica está sumida en un paro desde el pasado 10 de septiembre cuando la ciudadanía se alzó en contra de una reforma fiscal que propuso el gobierno de Carlos Alvarado Quesada. Las protestas han paralizado los sindicatos de diversos sectores, pero, tras una decisión de un juez, los manifestantes han sufrido un golpe.
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Y es que el fallo de Francisco Quesada declaró como ilegal la huelga en la que participan los trabajadores de la educación al considerar que no ha sido pacífica porque los huelguistas han realizado bloqueos en las carreteras, impidiendo lo que él llama derechos al libre tránsito de las demás personas.
“Participaron de forma colectiva de las manifestaciones que llevaron a bloqueos totales de muchas vías de comunicación nacional”, indica la resolución. Además, determinaron que “es reprochable su actuar y no puede ser considerado como un movimiento pacífico”. Sin embargo, esta decisión podrá ser apelada en los próximos tres días.
El ministro de Educación Pública, Edgar Mora, pidió que las personas que trabajan en el sector de la educación se presenten a sus instituciones para normalizar el sistema educativo . En contraste, el presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), Gilberto Cascante, pidió “calma” a los maestros, pues la sentencia de ilegalidad es “en primera instancia”.
Entonces, este llamado demuestra que la colectividad de maestros buscará apelar la decisión del tribunal costarricense para continuar con su manifestación contra la reforma del gobierno.
La huelga se ha ido debilitando y los sindicatos del sector educación son lo que se mantienen más fuertes con un apoyo al movimiento de alrededor del 70 por ciento del personal.
El pasado sábado los principales sindicatos del sector salud, que era el otro bastión del movimiento, llegaron a un acuerdo con el Gobierno para deponer la huelga y establecer un espacio de diálogo. El pasado viernes el Congreso aprobó en primer debate la reforma fiscal, la cual irá a revisión de diversas instituciones, incluida la Sala Constitucional, de cuya resolución dependerá si los diputados pueden darle segundo debate a la iniciativa fiscal.
Para los manifestantes, la reforma es regresiva y golpea a las clases medias y bajas, por lo que confía en que la Sala Constitucional la declarará inconstitucional tanto por la forma en que fue tramitada en el Congreso como por el fondo.
Según el Gobierno, el plan tributario busca recaudar recursos frescos equivalentes a cerca del 1,2 por ciento del producto interno bruto (PIB) para estabilizar las finanzas y paliar el déficit proyectado al 7,1 por ciento del PIB para 2018. El Gobierno asegura que el 80 por ciento de la recaudación del plan fiscal recaerá sobre el 20 por ciento de la población de mayores ingresos.
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